Un análisis elaborado por especialistas del Fondo Monetario Internacional (FMI) recomienda a los gobiernos enfrentar el encarecimiento de la energía y los alimentos mediante ayudas temporales y focalizadas para hogares y empresas, en lugar de recurrir al control de precios, una medida que puede resultar costosa y poco efectiva.
La recomendación está contenida en una entrada de blog publicada este 20 de mayo y firmada por el economista jefe del FMI, Pierre-Olivier Gourinchas; el economista Borja Gracia; la experta fiscal Delphine Prady; y Rodrigo Valdés, director del Departamento de Asuntos Fiscales del organismo.
El documento se enmarca en el alza de los precios energéticos provocada por la guerra en Medio Oriente, un choque cuyo impacto varía ampliamente entre países según su dependencia energética, la estructura de sus mercados y su margen fiscal. Para las economías importadoras de energía, el FMI estima que el encarecimiento puede reducir el ingreso real hasta en un 2% o un 3% del PIB en un período corto.
Los autores sostienen que, en un contexto de precios energéticos elevados y menor margen fiscal que en crisis anteriores, las ayudas públicas deben concentrarse en quienes realmente las necesitan y evitar medidas generalizadas que terminan siendo más costosas que efectivas.
“Los gobiernos pueden ayudar a proteger a los hogares vulnerables y mantener operando a las empresas viables, preservando al mismo tiempo las señales de precios y evitando una presión excesiva sobre las finanzas públicas”, señala el análisis.
Ayudas sin distorsionar los precios
El documento sostiene que los precios de la energía deben reflejar, en la medida de lo posible, las condiciones del mercado internacional. Según los autores, esto incentiva un consumo más eficiente y evita señales equivocadas para hogares y empresas.
El aumento de los precios reduce el poder adquisitivo de las familias, especialmente de las más vulnerables, y eleva los costos de operación de las empresas. Ante este escenario, los especialistas recomiendan mecanismos de apoyo que alivien el impacto económico sin eliminar por completo las señales del mercado.
Para proteger a los hogares de menores ingresos, consideran que la mejor opción es aprovechar los programas sociales existentes y canalizar ayudas directas hacia quienes más las necesitan.
Si la cobertura de esos programas resulta insuficiente, plantean ampliar temporalmente los beneficios o extenderlos a hogares de ingresos bajos y medios que corran riesgo de caer en la pobreza.
El apoyo a empresas debe ser temporal
El análisis distingue entre las necesidades de los hogares y las de las empresas.
Mientras el apoyo a las familias busca evitar una caída en los ingresos y un aumento de la pobreza, la asistencia a las empresas debería concentrarse en negocios viables que atraviesen dificultades temporales.
Por ello, los autores recomiendan priorizar instrumentos como créditos con garantía estatal, líneas de financiamiento y aplazamientos temporales de impuestos o contribuciones sociales.
Según el documento, estas herramientas generan menores costos fiscales y resultan más fáciles de retirar una vez superada la emergencia que los subsidios directos o los aportes de capital por parte del Estado.
Subsidios generalizados como excepción
El documento sostiene que medidas como congelar precios, reducir de forma generalizada los impuestos a la energía o subsidiar a todos los consumidores suelen resultar costosas para las finanzas públicas y benefician en mayor proporción a los hogares de mayores ingresos.
De acuerdo con los autores, este tipo de medidas solo debería contemplarse cuando se cumplen de forma simultánea varias condiciones: que el choque de precios sea claramente temporal, que el alza energética se traslade con rapidez a la inflación general, que las expectativas de inflación corran riesgo de descontrolarse, que el sobrecalentamiento de la economía sea limitado y que existan finanzas públicas con margen suficiente para absorber el costo.
El análisis también desaconseja los controles de precios debido al riesgo de generar escasez y distorsiones en los mercados energéticos.
Economías emergentes enfrentan mayores limitaciones
Los autores subrayan que las economías emergentes y en desarrollo suelen enfrentar mayores dificultades para responder a estos episodios debido a redes de protección social más limitadas, mayores restricciones fiscales y una proporción más elevada del gasto familiar destinada a energía y alimentos.
Por el contrario, las economías avanzadas cuentan con más herramientas para apoyarse en programas sociales existentes y otros mecanismos que amortiguan automáticamente los efectos de las crisis económicas, recurriendo a medidas extraordinarias únicamente cuando las circunstancias lo exigen.
El análisis concluye que las respuestas más efectivas combinan ayudas temporales y focalizadas con mecanismos que permitan mantener las señales del mercado, de manera que los países puedan enfrentar aumentos de precios sin generar desequilibrios fiscales ni distorsiones económicas de largo plazo.