Diputados de los partidos Liberación Nacional (PLN), Liberal Progresista (PLP) y Unidad Social Cristiana (PUSC) de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa se enfrascaron en una agria discusión  con el oficialismo sobre mociones que permitan al  Ministerio de Hacienda, el ICD y la Fiscalía pedir medidas cautelares ante un juzgado contencioso administrativo para que pueda investigar el crecimiento dudoso de capitales.

La sesión de esta mañana se dedicó a quemar, como se dice de manera coloquial, mociones que se han presentado a varios proyectos de ley, vía artículo 137 del Reglamento Legislativo. Esa norma dispone que diputados y diputadas en plenario, durante las primeras dos sesiones de discusión de un proyecto en primer debate, pueden plantear mociones por el fondo que deben ser analizadas en la comisión correspondiente.

Se trata de un trámite que normalmente transcurre con normalidad monótona, pero eso cambió cuando se entró a la discusión de las mociones correspondientes al proyecto de “Reforma a la Ley 8754 Contra la delincuencia organizada para fortalecer la función de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa”, que se tramita bajo el número de expediente 22.834.

Es una propuesta planteada por la administración Alvarado, que entre otras cosas, faculta a la CGR, al Ministerio de Hacienda, al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y el Ministerio Público a solicitar ante el Juzgado Contencioso Administrativo medidas cautelares para “asegurar, secuestrar, conservar o verificar bienes y productos financieros de interés”, en casos de incremento de capital sin justificación aparente de más de $50 mil.

Cuando se tramitaban las mociones presentadas a este proyecto, el diputado del PLP, Gilberto Campos, pidió la palabra y se refirió a la intención de abrir esa posibilidad para el Ministerio de Hacienda y la CGR y dijo que “al abrir esa posibilidad podría haber una desnaturalización del proceso y capacidades del Ministerio Público”, pero lo que verdaderamente alborotó el panal fue cuando indicó que “nos parece sensible” otorgar esa posibilidad al Ministerio de Hacienda “porque a veces se comporta muy político”.

Por ello pidió el voto afirmativo para la moción que pretendía limitar la posibilidad de solicitar esas medidas anticipadas al Ministerio Público.

En ese momento fue la primera de varias oportunidades en que la diputada de Nueva República Gloria Navas, quien preside esa Comisión, usó la palabra para informar a sus colegas que se trabaja junto a asesores en un “texto consolidado” en que se analiza precisamente ese tema, que será visto el próximo lunes.

Poco después la liberacionista Dinorah Barquero apuntó que “me preocuparía muchísimo que el Ministerio de Hacienda venga a ser parte, porque esto podría servir para persecuciones políticas, para persecuciones empresariales, para sacadas de clavo, como lo hemos visto ahora. No podemos cerrar los ojos a la realidad que hemos visto en este gobierno” y menciono de manera específica los casos del Parque Viva, del empresario banquero Leonel Baruch y otros.

El diputado oficialista Jorge Rojas salió en defensa del proyecto tal como está y abogó por mantener al Ministerio de Hacienda porque “se refiere a los números de este país”.

De seguido atizó la polémica al recordar el reciente desencuentro de la administración Chaves con la CGR: “si habláramos de que instituciones que tengan un tinte político no deberían estar dentro de este proyecto, pues también de la Contraloría tenemos dudas, el tema político anda por ahí rondando lo que pasa en la Contraloría”.

Cabe recordar el disgusto latente del gobierno de Rodrigo Chaves con la CGR, en particular con la contralora Marta Acosta, por temas como la intención de Casa Presidencial de otorgar a dedo la multimillonaria construcción del proyecto que llama Ciudad Gobierno.

Aunque mandatario reiteró la queja de que “interpretaciones” y “excusas” sin sustento legal frenan proyectos como Ciudad Gobierno, la contralora Marta Acosta y su equipo subrayaron que “aplicar la ley no es una opción, es una obligación”. 

Rojas añadió que la inclusión de Hacienda en el proyecto fue abalada por el Fiscal Adjunto de Legitimación de Capitales.

La diputada del Frente Amplio, Priscilla Vindas, se manifestó a favor de mantener al Ministerio de Hacienda en el proyecto, pues “es quien tiene números”, pero subrayó que “si presenta un caso tiene que ser de manera fundada”, y posteriormente dijo que esperará a conocer el texto consolidado.

Quien no dejó pasar las aseveraciones del diputado oficialista fue la liberacionista Barquero, quien le reclamó que “es muy grave decir que la CGR es un órgano político, eso es una banderilla que el gobierno ha utilizado para desacreditar a la CGR y de igual manera para desacreditar al Tribunal Supremo de Elecciones”.

Poco después, Campos proclamó al mundo que también tiene problemas con incluir a la CGR en el proyecto y el socialcristiano Horacio Alvarado se le sumó en sus preocupaciones. Sin embargo, la moción fue rechazada y la sesión continuó sin más eventualidades.