El sistema tributario costarricense tiene 204 cargas vigentes, entre impuestos, tasas y contribuciones especiales, según determinó una investigación realizada por el Programa del Estado de la Nación.
Algunas de esas obligaciones tributarias fueron creadas en el ordenamiento jurídico del país desde 1.885 y siguen vigentes.
Los resultados del estudio fueron expuestos el martes anterior a los diputados que integran la Comisión de Asuntos Hacendarios, órgano del Congreso que comenzó el análisis de un primer proyecto de ley para eliminar o modificar 11 impuestos desfasados y cuya recaudación es nula o baja, según el texto sustitutivo.
La iniciativa se tramita bajo el expediente legislativo 23.177 y es impulsada por el legislador Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLN), con el apoyo de sus compañeros de bancada.
Forma parte de una propuesta más amplia para revisar de manera integral el sistema tributario costarricense en etapas.
En este primer proyecto de ley, denominado “Simple I: Simplificación de Impuestos para levantar la eficiencia y la competitividad Fase I”, se pretende eliminar aquellos impuestos cuyos ingresos generados son nulos o tan bajos que no dan para cubrir costos razonables de administración y fiscalización de los mismos.
“Con esto no solamente se liberan recursos humanos, informáticos y operativos de la administración tributaria, que se pueden dedicar a fortalecer la fiscalización de impuestos mucho más productivos, sino que además se alivia la carga de cumplimiento para los pagadores”, explica Feinzaig en el texto propuesto.
En resumen, el propósito es constituir un sistema tributario más ágil y transparente, fácil de pagar y de fiscalizar, agrega el jefe de la bancada del PLP.
¿Qué se eliminaría?
Algunos de los 11 tributos que se propone eliminar datan de leyes creadas en el siglo pasado o inclusive en el antepasado.
Por ejemplo, destaca un impuesto de ¢5 por el destace de ganado adulto, por cabeza, establecido en 1920 y que se distribuía a la municipalidad respectiva, la Junta de Educación del distrito y el Fondo General de Pensiones para Maestros.
También se plantea la derogatoria de un impuesto de ¢25 fijado en 1972 a las plantas procesadoras de carne para exportación para el Consejo Nacional de Producción (CNP) por cada tonelada métrica de carne exportada.
Incluso, se incluye la derogatoria de una carga tributaria establecida en el artículo 239 del Código Fiscal relacionada con el valor del papel de oficio fijado por el Poder Ejecutivo que data de 1.885.
Otro de los impuestos que se propone eliminar es un tributo específico sobre la venta por gramo de jabón de tocador que tiene sustento en la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias de 2001, que se constituye en una carga adicional al Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Sobre este último caso, Feinzaig sostuvo que en el PLP se considera que los impuestos deben ser parejos, bajos, justos y de base amplia, en lugar de estar poniendo impuestos arbitrariamente a productos específicos sin un fin definido de política pública.
“En este caso, por el contrario, y esto lo puso en evidencia la pandemia del Covid-19 aunque le antecede, existe una política pública de promoción del lavado frecuente de manos para prevenir el contagio de enfermedades transmisibles como la diarrea, la influenza, el Covid y otros virus. No tiene sentido encarecer el jabón con un impuesto específico que solo denota la voracidad fiscal con que tradicionalmente se ha manejado el tema de los impuestos en Costa Rica”, manifestó.
Mencionó que en este caso particular la recaudación no es tan significativa como para provocar un agujero en las finanzas públicas, y que lo correcto y más eficiente es eliminarlo.
impuestos a eliminar
Otras propuestas
Feinzaig anunció que se encuentran elaborando otros proyectos de ley para rebajar o eliminar impuestos, timbres y otras cargas tributarias para las personas y las empresas, con el objetivo de simplificar el sistema tributario costarricense.
“Hay al menos 4 o 5 más que estaremos anunciando en su debido momento, entendiendo que el grado de complejidad es mayor conforme pasamos de los impuestos que menos recaudan a otros que recaudan montos mayores”, agregó.
En promedio, en el país se crean tres impuestos por año y un 69% de los tributos vigentes fueron aprobados por la Asamblea Legislativa en el siglo XX, según la investigación del Programa del Estado de la Nación.
La mayor parte de los impuestos creados han sido propuestos por la Asamblea Legislativa, mientras las municipalidades son las principales entidades que los cobran.
El 87% de los tributos en Costa Rica tiene destino específico y el 47% carece de mecanismos de control.
La estructura tributaria del país, a su vez, está recargada en impuestos a la venta de bienes y servicios.
El nivel de fragmentación del sistema tributario costarricense también fue documentado por la Contraloría General de la República (CGR).
En 2022, la entidad fiscalizadora identificó 99 tributos activos a 2021, alrededor de los cuales participan 35 instituciones recaudadoras diferentes y 37 instituciones administradoras. El 61,6% de los impuestos activos a ese año son recaudados por entidades diferentes al Ministerio de Hacienda.