Un reciente decreto del Poder Ejecutivo limitaría las inversiones extranjeras en Costa Rica, advirtió el abogado constitucionalista Fernando Zamora.
Se trata del nuevo Reglamento del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales (RTBF) publicado en el diario oficial La Gaceta el pasado 11 de marzo.
Zamora explicó que antes todas las sociedades se registraban ante el Banco Central de Costa Rica (BCCR) a través de un procedimiento que contemplaba dos vías:
- El apoderado generalísimo de la persona jurídica directamente lo hacía con su firma digital.
- Si no la tenía porque era extranjero, otorgaba un poder a un tercero que fuera nacional con conocimiento del tema, y con ese poder el apoderado autorizaba para que esa persona hiciera el registro.
El abogado constitucionalista sostuvo que el nuevo decreto prohíbe la posibilidad de que los apoderados generalísimos entreguen una autorización a otra persona para que haga el registro ante el BCCR.
“Ahora la obligación únicamente es que los apoderados lo hagan exclusivamente ellos por la vía de la firma digital. El 90% de los inversionistas extranjeros que vienen a Costa Rica y que son representantes de entidades jurídicas no son residentes en el país, por lo tanto, no pueden tener firma digital. Recordemos que la firma digital solo es para costarricenses o para residentes debidamente inscritos ante Migración como personas que viven en Costa Rica”, amplió.
Aseguró que el cambio “impide prácticamente al 90% de los apoderados generalísimos de las sociedades costarricenses que no viven en Costa Rica la inscripción en el registro del Banco Central”. Sin esa inscripción, las sociedades no pueden operar.
“En resumen. A partir de ahora, no podrá ser representante legal de ninguna sociedad mercantil quien no viva permanentemente en el país, algo que solo cumple una pequeña fracción de las sociedades con capital extranjero”, concluyó Zamora.
La Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda amplió el plazo para presentar la declaración ordinaria del registro de accionistas correspondiente a 2024 hasta el próximo 31 de julio. El plazo estaba previsto para abril.