Una iniciativa de ley pretende que el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (Lanamme-UCR) sea sacado de la regla fiscal.
La propuesta es impulsada por la bancada del Frente Amplio (FA) en conjunto con los diputados José Joaquín Hernández, de Liberación Nacional (PLN), y Yonder Salas, de Nueva República (NR).
Los legisladores consideran que Lanamme-UCR no debe apegarse al tope de gasto público, ya que crea sus propios ingresos, los cuales no están sujetos al presupuesto ordinario de la República, remitido desde el Ministerio de Hacienda
Por otra parte, la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias señala que, a Lanamme-UCR le corresponde un 1% del total de lo recaudado por concepto del impuesto único a los combustibles, lo cual no aplica para meterle la limitación fiscal al laboratorio.
EN RIESGO
Lanamme-UCR ha advertido recientemente que se encuentra en riesgo de cierre técnico.
“Con el monto de ¢2.840 millones que se da en el 2023 y con la aplicación de la regla fiscal (que en el año 2022 no permitió utilizar ¢1.800 millones) indubitablemente se puede concluir la imposibilidad para cubrir tan siquiera los gastos operativos esenciales, que como se ha indicado, serían la planilla, mantenimientos, seguros de estos equipos, viáticos y combustibles, y mucho menos ejecutar recursos para el reemplazo de estos equipos, que sufren deterioros por el uso intensivo se les da”, advirtió Lanamme-UCR.
Del mismo modo, señalaron que, en caso de que no se levantara la regla fiscal a Lanamme-UCR, afectaría la compra de repuestos, accesorios y materiales de laboratorio.
“Si se hubiera dado el monto que correspondía por la recaudación de impuesto al combustible para el año 2023, este recurso correspondía a ¢5.300 millones, lo que hubiera permitido operar normalmente. Situación que como se evidencia, no es así. Así las cosas, si para el año 2024 en el presupuesto de la ley número 8.114 se asigna el mismo monto de ¢2.840 millones obtenido durante el año 2023, y a su vez se aplica el recorte por la regla fiscal que en el año 2022 ascendió a los 1.800 millones, el Lanamme-UCR estaría proyectando un inminente cierre técnico de sus operaciones”, indicaron.
“Antes de la aplicación de la regla fiscal, Lanamme-UCR recibía estos fondos completos de forma que durante los años 2018 y 2019 recibió ¢4.982 millones. Sin embargo, posterior a la aprobación de la Regla Fiscal, el Lanamme no ha recibido la totalidad de los fondos dictados por ley”, añadieron
TODOS AFUERA
Distintas instituciones han sido sacadas de la aplicación de la regla fiscal.
Una de las primeras fue el Centro Operativo de Atención a la Violencia Intrafamiliar y la Violencia contra las Mujeres (Coavifmu).
Posteriormente, la Asamblea Legislativa sacó del tope fiscal al Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo), comités cantonales de deporte y recreación, la Junta de Administración y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) y al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
Corrió con la misma suerte el Instituto del Café de Costa Rica (Icafé), el Consejo Nacional de Producción (CNP) y la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer),
Del mismo modo, un proyecto de ley impulsado por el diputado del PLN Gilbert Jiménez pretende excluir de la ley a la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), además de ligas, confederaciones y federaciones municipales de la regla fiscal.
Ante tal escenario, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, pidió a los diputados que no realicen “leyes pequeñas” para solucionar los errores cometidos por la regla fiscal y presentó un proyecto de ley para sacar a instituciones.
“En lugar de hacerse una ley para las instituciones y los programas con los que cuenta con padrinos específicos. O hay pa’ todos o hay patadas, la sabiduría del tico”, manifestó en su momento el mandatario de la República.
No obstante, los diputados aprobaron un texto sustitutivo para que las donaciones que reciban entes u órganos del sector público no financiero no tengan tope al gasto público.
Caso similar con las empresas públicas no financieras, subsidiarias o instituciones autónomas que participen de forma directa en cualquier actividad comercial, empresarial o abierta al régimen de competencia.