Dos leyes aprobadas entre mayo del 2022 y diciembre del 2023 y dos proyectos que se discuten en la Asamblea Legislativa generarían una potencial pérdida en la recaudación de impuestos a la Hacienda Pública. Esta sería una cifra cercana a los ₡1,8 billones, para ser más precisos: un total de ₡1.799.000 millones.

De hecho, hay 37 proyectos que analizan los diputados, de los cuales algunos ya han sido aprobados, como el Impuesto a la Propiedad de Vehículos y el Impuesto que exoneró el pago de las rentas extraterritoriales, que, según el Ministerio de Hacienda, generarían una reducción en los ingresos del Estado.

Por su parte, se estima que el expediente 23.631: Ley para democratizar el libre acceso a internet, y el 23.500, que corresponde a la Ley de la Cruz Roja Costarricense, impactarían el ingreso, pues constituyen una exoneración o reducción de la recaudación.

UNIVERSIDAD conversó con el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, para conocer más a fondo sobre el impacto que estas iniciativas producirían en las finanzas públicas, así como las implicaciones que tendrían otros proyectos que están en corriente legislativa.

—Aunque hemos mejorado la contención, hay que asegurar que el ingreso se mantenga, pero la Asamblea Legislativa ha venido presentando proyectos que reducen la capacidad del Estado de cobrar impuestos. Un ejemplo muy claro es la reciente iniciativa del impuesto a la propiedad de vehículos, que beneficia mayormente a las personas de más ingresos, pero que tuvo en 2023 un fuerte impacto en las finanzas, restándole a la Hacienda Pública unos ₡68.000 millones. (ver recuadro: “Proyecto con poca progresividad”).

Este y otros proyectos que buscan exonerar del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) o crear rentas a costas del Estado erosionan la capacidad de pagar la deuda y deja de generar recursos para invertir en carreteras o financiar becas.

Hay que recordar que el Ministerio de Hacienda no tiene el monopolio de la responsabilidad fiscal, también recae en la Asamblea Legislativa porque, cuando se discute el presupuesto de la República, son los diputados quienes autorizan los gastos, pero también los ingresos; y deben ser consecuentes de las modificaciones que se hagan y las implicaciones que tengan en el superávit.

—Sí, hay 37 proyectos de ley en la Asamblea Legislativa que implican reducciones en los ingresos al Estado, algunos ya fueron aprobados, como el de la propiedad de vehículos que mencioné anteriormente o el que exoneró al pago de la Renta a quienes tienen rentas pasivas en el extranjero. Este último generó que dejáramos de percibir, en 2023, un total de ₡9.000 millones.

El asunto es que hay muchas iniciativas que buscan exonerar, como el 23.631, que ha planteado reducir el pago del IVA a todos los aparatos de comunicación, es decir que, ningún celular, computadora u otro pagará el impuesto, dejando una potencial reducción de la recaudación de ₡143.000 millones. Otro es el proyecto de la Cruz Roja.

No hemos cuantificado el impacto de todos los 37 proyectos, estamos trabajando en eso, pero solamente esos cuatro implican un monto total de ₡1.799.000 millones, es decir, así ₡1,8 billones.

Las exoneraciones del IVA son un problema grande, porque se borra la capacidad de darle trazabilidad al cobro, pero también al impuesto sobre la Renta porque, al no cobrar el IVA, no se sabe en qué precio pagó o compró un servicio.

—Esta iniciativa tiene un objetivo loable, pero con una consecuencia muy peligrosa para el país, porque permitiría que una persona, por una única vez, en lugar de pagar el impuesto sobre la Renta, se lo dé a la Cruz Roja. Imagínese que, si todas las personas lo hicieran en un mismo año, eso significaría una pérdida de ₡1,6 billones, y ¿cómo haría el Estado para reponer esa falta de ingresos?

El asunto es que cuando se hace el presupuesto de la República se toman en cuenta los ingresos tributarios, el endeudamiento y el gasto, pero, si nos reducen los ingresos teniendo el mismo gasto, será necesario endeudarse más; o, si se mantiene el nivel de deuda, es necesario recortar, que necesariamente pasa por el recorte en gasto social, porque no podemos dejar de pagar salarios, ni intereses de la deuda, ya que el país entraría en default.

Estamos claros en que este tipo de instituciones tienen una labor social esencial, que requieren financiamiento y, hasta la fecha, se ha tratado de financiar a través de limitar o distraer recursos que hoy llegan al Estado.

Por ejemplo, a la Cruz Roja se le exonera del pago del IVA en todos los artículos que utiliza, tiene rentas relacionadas con el impuesto a las telecomunicaciones y las personas o empresas que les den donativos se les deduce del impuesto de Renta.

Pero este proyecto no solo establece la deducibilidad del gasto, sino que permite que puedan pasarle todo lo que deberían pagar de Renta, perdiendo el Estado.

El problema que tenemos es que no hay voluntad política de modificar el marco tributario, no hay, en la Asamblea Legislativa, voluntad para aumentar los impuestos. Entonces, estos proyectos estarían generando necesariamente una disminución del gasto para mantener el equilibrio fiscal.

Si se ve el panorama, hay toda una fauna de proyectos que buscan erosionar los ingresos fiscales y no solo van en la dirección de reducirlos, sino en crear rigideces al Estado.

—Si comparamos el primer trimestre de este año con el mismo período del 2023, hay una diferencia de unos ₡100.000 millones menos en recaudación, en los que se suman los ₡68.000 millones de la ley de propiedad de vehículos y el pago de impuesto sobre la Renta de las personas y porque la economía no ha crecido tanto; además, de que los sectores más dinámicos están exentos del pago de impuestos y el régimen definitivo crece de forma más lenta de lo que aumenta el Producto Interno Bruto (PIB).

Este año tenemos el impacto del tipo de cambio y los bancos. Por ejemplo, son muy sensibles en tema de Rentas, pues tienen dolarizado su patrimonio, lo que hace que sus ganancias y pérdidas se den por tipo de cambio, mientras que algunas empresas tienen dólares como su activo principal.

—Vamos creciendo porque la actividad económica crece. El acumulado al primer trimestre del 2024 muestra un crecimiento del IVA del 0,61% y tiene un peso en la recaudación del 20%, igual al que tenía en 2023.

—En este caso, el acumulado del primer trimestre del 2024, en relación con el 2023, sí muestra un descenso del 12,21%; de hecho, para el año pasado, la Renta representaba un 37% del total de la recaudación y ahora está en 34%.

En Renta, el principal problema que tenemos está enfocado principalmente en renta personal, pero, como la declaración se cierra en diciembre y se paga en marzo, hasta ahora estamos haciendo el análisis de los elementos que han generado esta disminución.

—Hemos bajado marginalmente, pero, más bien, esperamos que la desaceleración en la recaudación se revierta para el siguiente año, debido a una proyección en la reducción de las tasas de interés para la segunda mitad de este 2024 y prevemos que habrá reactivación de sectores importantes como la construcción, las exportaciones y el turismo, por lo que pensaríamos que se mantenga el crecimiento de los ingresos.

—En realidad, hemos visto dos efectos: uno en recaudación y el otro en pago de intereses de la deuda; y ambos se están compensando, porque, pese a que se reduce el ingreso por impuestos, el pago de intereses en dólares también ha bajado. Entonces, desde el punto de vista de Hacienda, el tipo de cambio tiene un efecto neutro.

“Proyecto con poca progresividad”

La ley que modificó el impuesto sobre la propiedad de vehículos automotores beneficiaría en mayor medida a personas con más recursos.

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, la ley aprobada por los diputados y que redujo el valor de los carros y, por ende, el pago del impuesto a la propiedad de vehículos generó un hueco fiscal de ₡68.000 millones; sin embargo, aseguran que no genera un gran impacto a toda la población, sino solamente a quienes tienen más ingresos.

Rudolf Lücke, director general de Hacienda, aseguró que es un “proyecto con poca progresividad”, según los cálculos que han realizado, porque favorece especialmente a quienes tienen vehículos que están por arriba del valor de ₡8 millones de colones, es decir, a quienes se ubican a partir del 7 decil socioeconómico del país.

Los vehículos que tienen un valor de más de ₡19 millones representan solamente el 2,8%, explicó Lücke y los consumen hogares ubicados en la categorización de los deciles 9 y 10, los que están entre ₡8 millones y ₡10 millones pertenecen a familias que se ubican del decil 7 hacia arriba (con ingresos de unos ₡920.000 mensuales), mientras que el 90% de la flota vehicular vale menos de ₡8 millones.

“Esta ley implicó bajar el pliego tarifario, supuestamente en beneficio de todos, pero en términos nominales el mayor beneficio se dio para los vehículos de mayor valor, lo que el Ejecutivo buscaba en un inicio era que el 92% de los vehículos tuvieran un menor marchamo, pero que a un 8% (los de mayor valor) se le subiera, pero ese ahorro no mejoró la progresividad y dejó un hueco en los ingresos”, señaló el director general de Hacienda.

Leyes y su impacto al fisco

Este proyecto tiene como objetivo reconocer formalmente el rol de la Cruz Roja a nivel nacional, pues actualmente es reconocido por decreto y les autoriza a las municipalidades a donar un porcentaje de lo recaudado por el Impuesto de patentes municipales u otras fuentes de ingreso, además, las personas físicas y jurídicas de naturaleza privada podrán por una única vez, que así lo determinen, realizar la donación del total del monto a pagar por el impuesto sobre la renta en favor de Cruz Roja.

Esta iniciativa que se discute en la Asamblea Legislativa plantea una tarifa reducida del 1% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al servicio de Internet residencial o de acceso personal por cualquier medio, para cualquier dispositivo electrónico, en lugar del 13%.

Esta ley fue aprobada y reforma varios incisos del artículo 9 de la Ley 7088, donde define el hecho generador del impuesto es la propiedad de los vehículos automotores, aeronaves o embarcaciones de recreo o pesca deportiva, según sea su valor luego de ajustarlo a la depreciación, modificando la forma de cálculo de sus impuestos.

Esta ley aprobada por los diputados estableció que las rentas, ingresos, o beneficios de fuente costarricense son únicamente los generados exclusivamente en el territorio nacional, dejando por fuera a empresas que generan rentas en el exterior o una empresa integrada con otra empresa en el extranjero, a pesar de estar generando renta en el país, no pagaría renta en Costa Rica.

El Ministerio de Hacienda proyecta una serie de pérdidas recaudatorias con la puesta en marcha de dos proyectos que ya fueron aprobados por la Asamblea Legislativa y de otras dos iniciativas que se discuten actualmente los diputados.