El Gobierno de la República convocó el proyecto de reforma al impuesto de renta en la primera convocatoria de la agenda de la Asamblea Legislativa para el período de Sesiones Extraordinarias, el cual se extenderá hasta el próximo 31 de julio.
Se trata del expediente 23.760, el cual fue presentado por el Poder Ejecutivo en mayo del año pasado. El plan pretende globalizar los ingresos de manera que los contribuyentes paguen sobre la suma de todos sus ingresos.
Desde su presentación la iniciativa ha tenido un avance lento en Cuesta de Moras.
¿En qué consiste y quienes la pagarían?
La renta global es un cobro porcentual que se hace a personas físicas y jurídicas con actividad lucrativa.
Este tipo de cobro se aplica a los ingresos de forma gradual y proporcionalmente con respecto al monto de dinero que recibe cada mes por sus actividades económicas o laborales, esto con independencia de la fuente generadora, siempre que sea local.
Los economistas han reiterado la importancia de no confundirla con la renta mundial, pues la renta global pretende globalizar las tasas de impuestos, pero no tiene nada que ver con el territorio o la renta mundial.
Así las cosas, la Renta Global consiste en sumar todos los ingresos en una misma cuenta y aplicar un impuesto diferenciado, de acuerdo con sus ganancias.
Es similar a la aplicación del impuesto de renta que ya se aplica a los asalariados, pues el impuesto se calcula con base en una tabla que asigna porcentajes más altos a montos mayores. La diferencia es que sumaría no solo salarios, sino todos los ingresos.
Cuantos mayores sean los ingresos que reciba una persona al mes, mayor será el impuesto que deberá pagar.
El proyecto en discusión mantiene un ingreso que exonera una base mínima vital que se estableció en ¢10,1 millones al año, además de ciertas deducciones, como cónyuges e hijos.
Por los ingresos adicionales sobre ese monto se pagará desde un 10% hasta un 30% de impuesto en forma escalonada. Este último porcentaje lo pagarían solo quienes superen los ¢37.896.000 anuales.
En la actual ley, los tramos de renta se aplican al salario mensual a partir de los ¢929.000, los sueldos debajo de dicho monto no pagan el tributo. Además, la tarifa va del 10% hasta el 25%.
De aprobarse este proyecto, además, las micro, pequeñas y medianas empresas pagarían, por concepto de impuesto de renta, el 30% de las ganancias que obtengan al año. Actualmente, estas compañías pagan de acuerdo con su nivel de utilidades, con una tabla escalonada que va desde 5% a 20%.
Lento avance y oposición
Este proyecto ingresó al Congreso el 18 de mayo de 2023.
Primeramente, el texto se debatió en una comisión especial en el Congreso sobre paraísos fiscales, posteriormente fue trasladado a la Comisión de Asuntos Hacendarios. A la fecha el expediente solo ha pasado por la etapa de consultas a instituciones.
Los diputados de la oposición han mencionado que no están dispuestos a avanzar con la tramitación de proyectos que signifiquen más impuestos.
“Vamos a analizar estos meses ese expediente, pero la fracción no está de acuerdo con cargar más impuestos a los costarricenses. Este es un tema que debe analizarse con detenimiento por su impacto en la economía de los costarricenses y del sector productivo”, dijo el jefe de fracción del PLN, Óscar Izquierdo Sandí.
El diputado de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Alejandro Pacheco, dijo su bancada también se opone a la creación de más impuestos. El socialcristiano exhortó al Poder Ejecutivo a antes de pensar en nuevos impuestos impulse medidas de contención de gasto y uso eficiente de los recursos públicos.
“Los costarricenses no pueden aguantar una mayor carga tributaria en estos momentos en los que el costo de la vida los golpea. El Poder Ejecutivo debería replantearse su estrategia. Vamos a discutir el expediente como parte de las Sesiones Extraordinarias pero vamos a estar muy vigilantes del proceso”, mencionó Pacheco.