Actualmente en la Asamblea Legislativa se discute el proyecto denominado como “Ley para democratizar el libre acceso a Internet”, bajo el expediente número 23.631. En pocas palabras, esta reforma plantea la reducción de la tasa del impuesto al valor agregado (IVA) que se aplica a la prestación de servicios de telecomunicaciones y venta o alquiler de equipos que proveen los operadores para facilitar la interconexión.
Si este proyecto finalmente se convierte en ley, la tarifa del IVA en las telecomunicaciones bajaría del 13% al 1%, lo cual también aplicaría para la importación de los equipos que son necesarios para permitir la adecuada conexión de las empresas y hogares en Costa Rica.
Para comprender esta iniciativa, y sus posibles implicaciones en caso de que se convierta en ley, es necesario recordar que el IVA es un impuesto indirecto, cuyo monto mensual depende de la relación entre el impuesto que paga una empresa que comercializa servicios de telecomunicaciones por la compra de todos los insumos que son necesarios para su actividad, y el IVA que le cobra a los clientes o usuarios cuando comercializa los bienes o servicios en el territorio nacional.
En teoría, este impuesto debería de generar un efecto neutro para el contribuyente, pues el IVA que se pagó previamente se puede utilizar como un crédito para descontar el IVA que se le cobró a los clientes, y la diferencia será el monto que debe pagar al fisco. En consecuencia, este impuesto no debería encarecer los costos o gastos de las empresas que comercializan bienes o servicios.
Sin embargo, si una empresa compra los insumos que necesita al 13% y debe comercializar sus bienes o servicios exentos o con tarifas menores, al cierre de mes posiblemente va a tener más impuesto soportado por las compras y no podría aprovecharlo como un crédito. Esta es una situación que ocurre en la actualidad, que sí impacta directamente la utilidad de la empresa y que provoca un aumento en los precios de los bienes o servicios que se prestan en Costa Rica.
Por lo tanto, si realmente se busca disminuir el impacto del IVA en el precio final de los servicios o bienes que se comercializan en el país, para beneficiar a los consumidores o los usuarios, es necesario plantear un ajuste en el IVA, tanto en la comercialización de los productos como en la compra de los insumos necesarios, tal y como lo plantea el proyecto que se discute en la Asamblea Legislativa.