El contrabando de cigarrillos en Costa Rica ha mantenido una presencia significativa en el mercado durante los últimos tres años, representando más del 40% del total de cigarrillos vendidos en el país.

Esta situación ha generado pérdidas fiscales estimadas en ₡110 mil millones, según estudios realizados por la firma Total Research Network entre 2021 y 2023.

Los estudios, que incluyeron dos investigaciones anuales durante este periodo, revelan que el este mercado ilícito no ha mostrado signos de disminución.

De hecho, en algunas mediciones, la cuota de mercado de estos productos ilegales alcanzó casi el 50%. Este problema también representa un riesgo para la salud de los consumidores, ya que los productos no cumplen con los controles sanitarios ni las advertencias exigidas por la ley.

Se estima que en estos tres años se han comercializado aproximadamente 105 millones de cajetillas de cigarrillos de contrabando en el país. Estas suelen ser de marcas ilegales provenientes de países como China e India.

Entre las marcas más comunes en territorio nacional se encuentran Gold City, Indigo, Silver Elephant y Gold Mine, con Gold City alcanzando una cuota de mercado cercana al 25%.

“El problema del contrabando no afecta solo a Costa Rica o al mercado del tabaco, también tiene vínculos con el crimen organizado, como se ha demostrado en sendas investigaciones en este y otros países, por lo que el problema va más allá del comercio o la salud pública, y afecta también la seguridad”, dijo Ricardo Carvajal, director ejecutivo del Observatorio del Comercio Ilícito (OBCI) de la Cámara de Comercio de Costa Rica.

Por otro lado, la comercialización ilegal de estos productos ocurre en supermercados y otros establecimientos, incluso con promociones visibles en las cajas registradoras, lo que sugiere una tolerancia implícita de las autoridades y los consumidores.

La mayoría de los cigarrillos de contrabando ingresan al país por la frontera de Paso Canoas, según investigaciones del Organismo de Investigación Judicial y la Policía de Control Fiscal.

“Desde el OBCI consideramos que, pese a que se ha hecho un gran trabajo para luchar contra este tipo de crimen organizado, debe ampliarse la cooperación público-privada, la colaboración entre distintos gobiernos, y la concientización por parte de los consumidores”, añadió Carvajal.