Para justificar sus proyectos de ley que implicarían nuevos impuestos, el Gobierno pone de escudo la necesidad de corregir un conjunto de debilidades y hacer más justo el sistema tributario costarricense.
Sin embargo, la oposición ve “voracidad fiscal” en las iniciativas, al punto de expresar un rotundo rechazo a las mismas, que hace prever un difícil y tortuoso camino en la Asamblea Legislativa.
Las iniciativas que el Poder Ejecutivo envió al Congreso el jueves pasado son los siguientes:
- Expediente 23.759. Fortalecimiento del control tributario. Consiste en una reforma parcial al Código de Normas y Procedimientos Tributarios para dotar a la Administración Tributaria de herramientas que le permitan ejercer un control tributario efectivo y luchar contra la evasión fiscal. Entre otras medidas, se incluyen la ampliación de los supuestos de responsabilidad tributaria para el cobro efectivo de deudas y simplificar el procedimiento fiscalizador. También mejorar el acceso a las facilidades de pago y establecer un proceso de cobro ejecutivo sin intervención judicial.
- Expediente 23.760. Ley del Impuesto sobre la Renta. Pretende una reforma estructural en el sistema tributario para impulsar la progresividad, justicia y equidad de la imposición sobre la renta, así como cumplir con los estándares internacionales. La propuesta se enfoca en gravar la capacidad económica real de las personas, mediante tres tributos: 1) impuesto sobre la renta de las personas físicas, 2) impuesto sobre la renta de personas jurídicas y 3) impuesto sobre la renta de no residentes.
- Expediente 23.761. Ley del impuesto a la propiedad de vehículos, automotores, embarcaciones, aeronaves, motocicletas y maquinaria autopropulsada (marchamo). Busca minimizar los reclamos administrativos que actualmente debe resolver la Administración Tributaria e impulsar la seguridad jurídica, progresividad y justicia tributaria en relación con el marchamo.
- Expediente 23.762. Fortalecimiento de la gestión de deuda pública. Pretende disminuir la duplicidad de funciones de unidades a lo interno del Ministerio de Hacienda en el manejo de la deuda pública.
- Expediente 23.763. Evaluación de incentivos fiscales en el marco de una correcta aplicación de los recursos públicos para contribuir con las finanzas del Estado costarricense. Busca evaluar la validez, pertinencia y eficiencia de las exoneraciones otorgadas.
Lo que dice Hacienda
Las principales debilidades que el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, dice que el Gobierno persigue corregir con los proyectos de ley son las siguientes:
- Disminuir el tamaño de la deuda del Gobierno Central en el menor tiempo posible. Es necesario generar balances primarios positivos, situación que ya sucedió en 2022 cuando se generó un balance primario de 2,1% del Producto Interno Bruto (PIB) y se espera que se mantenga en el mediano plazo. Por ejemplo, para 2023 se anticipa un balance primario de 1,6% del PIB. Otro mecanismo de reducción de la deuda es el de pagos anticipados a esta que se espera impulsar con los proyectos de ley de venta del Banco de Costa Rica (BCR) y del Banco Internacional de Costa Rica S.A. (Bicsa), así como la apertura de capital del Instituto Nacional de Seguros (INS).
- Abaratar la deuda pública costarricense. Exige un proceso integral para aumentar la oferta de recursos, reducir las barreras de acceso a financiamiento barato y mejorar la gobernanza de la deuda pública. Según Hacienda, mientras que países con un nivel de deuda pública similar al de Costa Rica pagan entre 2% y 3% del PIB en intereses, el país gasta cerca de 5% del PIB.
- A pesar de que el dinamismo reciente de los ingresos tributarios demuestra una mejoría de la situación fiscal, el sistema tributario costarricense tiene grandes filtraciones de recursos en forma de gasto tributario. Según estimaciones de la Dirección General de Hacienda, las exoneraciones de impuestos contabilizan 4,2% del PIB, virtualmente una tercera parte de la recaudación de impuestos actual. Se tiene identificado un grupo de exoneraciones con un costo-beneficio negativo que se propone eliminar.
- A pesar de que el impuesto a la propiedad de vehículos es uno de los tributos más importantes en la estructura impositiva costarricense, presenta varias debilidades urgentes de resolver. Las reglas vigentes no garantizan una continua disminución del valor fiscal de los vehículos en el tiempo, en contra de la lógica para este tipo de bienes.
- Mejorar el sistema de imposición sobre la renta, cuyo esquema actual es altamente complejo. De acuerdo con el Índice de Complejidad Tributaria, Costa Rica tiene uno de los sistemas tributarios más complejos de la región. Hacer este tributo un impuesto más justo y progresivo.
- Atender una serie de advertencias hechas por la Unión Europea (UE) relacionadas con debilidades en la legislación tributaria que permiten la doble no imposición a las rentas pasivas extraterritoriales. Esta situación provocó que la UE incluyera a Costa Rica en su lista gris de países y territorios no cooperantes en materia fiscal.
“Voracidad fiscal”
Sin embargo, aunque el Gobierno insiste en que las iniciativas no conllevan a nuevos tributos, lo cierto es que diputados de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Nueva República (PNR), Liberal Progresista (PLP), y Frente Amplio (FA) sostienen todo lo contrario.
Incluso, ven “voracidad fiscal” y le preguntan al presidente de la República, Rodrigo Chaves, por su compromiso de campaña de no crear más impuestos.
El legislador Óscar Izquierdo, jefe de la fracción parlamentaria liberacionista, la fuerza política con más curules en el Congreso, por ejemplo, asegura que la reforma al impuesto sobre la renta que propone el Gobierno sí afectaría a los asalariados.
"Esto no es aceptado por el Partido Liberación Nacional porque empobrece más a las familias. Frente a las ocurrencias y la voracidad fiscal del Gobierno, Liberación Nacional trabajará en iniciativas que contribuyan al bienestar de las y los costarricenses."
El diputado Eliécer Feinzaig, economista y jefe de la fracción parlamentaria del PLP, afina más el lápiz: “¿Cómo se le puede explicar a un asalariado que gana ¢942 mil exentos (al mes), que con este proyecto bajaría a ¢840 mil, lo que quiere decir que deberán pagar impuestos a su salario?”
El liberal, quien califica la propuesta de la administración Chaves Robles como “un verdadero paquetazo de impuestos”, menciona que, además, la reforma al impuesto sobre la renta pondría a empresas pequeñas y medianas a pagar la misma tarifa de un 30% que pagarían las grandes por sus utilidades anuales y que la territorialidad se borraría para cobrar impuestos a los no residentes y por rentas de capital en el extranjero.
"Ya tenemos una carga impositiva enorme y el Gobierno, en lugar de administrar mejor sus recursos, sigue insaciable en su voracidad fiscal. No cuenten con nosotros."
Advertencias
La misma advertencia hace el jefe de la bancada legislativa de Nueva República, Fabricio Alvarado, quien asegura que la propuesta para eliminar exoneraciones fiscales se traduciría, por ejemplo, en que los tiquetes aéreos comprados en el exterior para viajar a Costa Rica, que hoy pagan una tasa preferencial del 4% del Impuesto al Valor Agregado (IVA), pasen a cancelar la tarifa general del 13%.
Esta fuerza política, vista como uno de los principales aliados del Ejecutivo, considera un error la propuesta del Gobierno de nuevos impuestos.
"Para cualquier iniciativa que implique más impuestos, no cuenten con nosotros, no cuenten con Nueva República. Hemos dicho, decimos y diremos siempre, por las familias y la ciudadanía, un rotundo ‘NO’ a más impuestos."
A esa lista de preocupaciones y cuestionamientos, los socialcristianos añaden que tampoco permitirán que se grave con el IVA a los implementos médicos de primera necesidad, como sillas de ruedas y camas de hospital, y que se desincentive al turismo.
El jefe de la fracción parlamentaria del PUSC, el congresista Alejandro Pacheco, califica como “preocupante” que la propuesta del Ejecutivo pretenda encarecer el costo de las sillas de ruedas o camas de hospital.
"Vamos a revisar con lupa los detalles de todas las propuestas, pero desde la fracción Unidad tenemos claro que no podemos golpear a sectores que apenas vienen levantándose y que no vamos a apoyar más impuestos."
Mientras, el congresista Jonathan Acuña, del FA, afirma que de las revisiones que han hecho a los textos enviados por el Gobierno, han encontrado “graves problemas”, como las intenciones de gravar con el IVA a las sillas de ruedas y el impacto que podría tener una única tarifa del 30% del impuesto sobre la renta en las pequeñas y medianas empresas.
"La fracción del Frente Amplio no va a apoyar, bajo ninguna circunstancia, impuestos a bienes esenciales, sobre bienes de primera necesidad, como las sillas de ruedas, por ejemplo, y tampoco vamos a apoyar que se aumente la carga tributaria sobre pequeñas y medianas empresas."
Es común la expresión “no cuenten con nosotros”, entre las bancadas de oposición del Parlamento, un mensaje claro enviado al Poder Ejecutivo desde ya.