El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, informó que solicitará el recorte de ¢12.000 millones al Ministerio de Educación Pública (MEP) para cumplir con lo requerido por la Sala Constitucional y así contribuir a la cancelación de ¢62.000 millones al Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares (Fodesaf).
Así lo dijo en una entrevista con un equipo de DIARIO EXTRA dirigida por la directora María Siu.
Para pagar esos dineros, Acosta comentó que en el quinto presupuesto extraordinario, aprobado el 7 de agosto, decidieron entregar ¢30.000 millones a dicha institución, por lo que hay que completar ¢32.000 millones.
“No pagaremos estos dineros con más deuda”, aseguró el jerarca. Además de los ¢12.000 millones de Educación, el funcionario comentó que el recorte no solo será para esa institución. El Poder Judicial deberá devolver ¢4.800 millones.
Por su parte, Seguridad Pública entregaría ¢2.800 millones, Obras Públicas y Transportes ¢3.800 millones y Hacienda ¢1.478 millones para completar el presupuesto de Asignaciones Familiares.
¿DE DÓNDE SALE LA DISTRIBUCIÓN?
La máxima autoridad presupuestaria comentó que el Gobierno decidió no desfinanciar el pago de salarios, ni el de pensiones o la deuda.
Tampoco se endeudará para cumplir esta obligación y esa es la razón por la cual decidió acatar lo resuelto por la Sala IV.
Afirmó que la razón por la cual se le recortaría más al presupuesto del MEP es porque esta cartera es la que tiene el plan de gastos más alto de todas las instituciones.
“LA SALA NO ENTIENDE”
Acosta comentó que todavía no decide de donde recortará los ¢1.478 millones que debe poner su propia cartera. También planteó que cada institución deberá responder en qué rubros pretende meter tijera a su presupuesto.
“Ese es el problema que no entendió la Sala Constitucional cuando resolvió que yo tenía que darle eso. Yo no tengo el dinero como para decir ‘Le firmo un cheque a Fodesaf y le entrego el dinero’. Yo tengo que recoger la plata.
A mí todos los días me pagan un impuesto, yo inmediatamente voy y lo pongo en alguna partida para que lo puedan utilizar las instituciones. Yo no tengo una chequera en donde llegue y le diga: ‘Mire, pague ¢62.000 millones’”, manifestó.
El ministro cuestionó también el plazo de un mes. “Ahora tenemos que ir a la Sala y pedirle que nos dimensione el fallo. Necesitamos saber si el mes es para pagar o para enviar el presupuesto o ya tenerlo aprobado”, añadió.
EL ORIGEN DEL PROBLEMA
El jueves 1º de agosto el máximo órgano constitucional resolvió a favor un recurso de amparo que presentaron los diputados del Frente Amplio para que se le girara al Fodesaf la totalidad de los fondos que el Estado debe entregarle.
En la sentencia se lee que “el incumplimiento lesiona las posibilidades de hacer efectivos los derechos fundamentales de las personas beneficiarias de los recursos, muchas de ellas niñas y niños, adolescentes y personas adultas mayores en situación de riesgo o desamparo”.
Según lo recurrido por los legisladores, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas establecía que se debía entregar al Fodesaf un monto superior a ¢255.583 millones, pues no se le aplica la regla fiscal.
Sin embargo, lo que le entregó Hacienda fue ¢192.452 millones.
Por esta razón la Sala IV exigió el pago del dinero faltante.
Acosta cuestionó que esto sea así. “La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas permite flexibilizar los pagos de fondos con destinos específicos, cuando el país se encuentre con una deuda por encima del 60% en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) y se esté aplicando la regla fiscal. Ahora la Sala viene y dice que no es así”, indicó.
PROGRAMAS DEL FODESAF
El objetivo del Fodesaf es financiar programas y servicios a las instituciones del Estado que atienden necesidades de vivienda, educación, salud y protección social de costarricenses y extranjeros residentes legales del país.
Se creó por medio de la promulgación de la Ley No.5662 y es el principal instrumento de la política social selectiva. Es un fondo permanente, con recursos internos, solidario, que representa cerca del 2% del Producto Interno Bruto del país, y alcanzó ¢493.000 millones en 2014.
Su financiamiento se basa en una partida del Presupuesto de la República equivalente a 593.000 salarios (46%) y en un 5% del total de sueldos y salarios que paguen mensualmente a sus trabajadores los patronos públicos y privados (54%).
Articula acciones con instituciones como la Caja Costarricense de Seguro Social, Banco Hipotecario de la Vivienda, Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia y 20 más.
PRESUPUESTOS APROBADOS
Ministerio de Educación Pública ¢2,6 billones
Ministerio de Seguridad Pública ¢1,15 billones
Poder Judicial ¢504.000 millones
Ministerio de Hacienda ¢162.000 millones
Fuente: Dirección General de Presupuesto Nacional, Ministerio de Hacienda.