El Gobierno incumpliría la meta de regla fiscal, una norma creada por la Asamblea Legislativa en 2018 para limitar el crecimiento del gasto público, en el presupuesto de 2026, según el Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA).
La regla tiene una fase restrictiva que se aplica cuando la relación de la deuda pública con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) supera el 60%. Actualmente, el país se encuentra en esa posición.
En esta fase los gastos corrientes del Gobierno (salarios, pensiones, inversión social) y la inversión de capital (obras de infraestructura, compra de activos), no pueden crecer de manera significativa.
La meta del Ministerio de Hacienda es cerrar este año con un nivel deuda/PIB inferior al 60%, de manera que en el presupuesto de 2026 (que se construiría el próximo año), la regla fiscal entre un escenario menos restrictivo y el presupuesto pueda tener una mayor flexibilidad para el gasto.
Sin embargo, el Análisis de la coyuntura fiscal del OES, que se empezó a publicar desde abril de 2024, destacó que, de persistir ciertas condiciones fiscales, “la deuda del Gobierno central se mantendría por encima del 60% del PIB”.
“Desgraciadamente pareciera que este no es el año donde la deuda logre bajar del 60%. Entonces, suponiendo que la deuda sí logra reducirse el año entrante por debajo de ese porcentaje, la flexibilidad de la regla fiscal llegaría hasta el 2027”, explicó Fernando Rodríguez, economista y coordinador del OES.
Ese desfase se explica porque el Gobierno debe esperar la liquidación del Presupuesto de la República de 2025 y el informe macroeconómico del Banco Central de Costa Rica (BCCR), lo que ocurriría durante los primeros dos meses de 2026.
Si se toma en cuenta que esta administración termina su periodo el 8 de mayo de 2026, le corresponderá al nuevo gobierno establecer las pautas para elaborar el presupuesto que regirá en el año siguiente.
Las probabilidades de alargar la prevalencia de una regla fiscal más flexible dependerán, a su vez, del comportamiento fiscal que tenga el Gobierno, de manera que la deuda logre reducirse.
Sin embargo, el análisis fiscal del primer cuatrimestre del OES revela un crecimiento del gasto por el pago de intereses de la deuda pública, pago de remuneraciones y gasto de capital. Por otra parte, la generación de ingresos, principalmente a través de la recaudación de impuestos, ha tendido a desacelerarse.
Si el país gasta más de lo que recibe, se genera un déficit fiscal que en abrir de 2024 fue de un 1,10% del PIB, mayor al déficit que se registró un año antes (abril 2023), que fue del 0,70% del PIB.
Ese déficit alcanzaría el 3,5% del PIB al cierre de 2024, de acuerdo con las previsiones del OES.
Según el análisis del OES, retrasar un año más que el país pueda estar en un escenario menos restrictivo de la regla fiscal tiene implicaciones sobre la cantidad de recursos que el Gobierno destina en inversión social.
“Estamos llegando a un punto donde el proceso de ajuste de la regla fiscal junto con el efecto generado por la pandemia está provocando efectos indeseados, que se extienden hacia algunos sectores, y esto da como resultado un círculo vicioso. Al afectarse la actividad económica, se reduce la posibilidad de recaudar más impuestos, afecta las cifras fiscales y, por ende, la cantidad de recursos para invertir”, agregó Rodríguez.
Leiner Vargas, economista del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe) de la UNA, advirtió que mantener el gasto de capital dentro de la regla fiscal es contraproducente a los intereses del país.
“Un Estado no puede sacrificar su crecimiento y el empleo por apretarse la faja en lo fiscal. Si bien es correcto que el gasto corriente debía ser corregido y que eso requería de una medida fuerte, lo cierto es que poner en jaque la inversión nos está generando un efecto boomerang, en cuanto a puentes, carreteras, puertos, así como en las condiciones de infraestructura en los sectores de educación y salud”, sostuvo Vargas.