El decreto ejecutivo aprobado por el Ministerio de Hacienda, que estableció una reducción gradual del impuesto selectivo de consumo sobre ciertos bienes, junto con la ley que disminuyó la recaudación del impuesto sobre la renta de los trabajadores independientes, entre otros factores, impactaron negativamente las proyecciones de las finanzas públicas de Costa Rica para los próximos cinco años.
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