La apuesta de Costa Rica para salir de la lista gris de la Unión Europea (UE), que incluye a los países que no cumplen con todas las normas fiscales internacionales, es un proyecto de ley que procura agilizar la imposición de sanciones a las entidades financieras, como mecanismo disuasorio para que cumplan con los estándares exigidos para el intercambio automático de información en materia tributaria con otras naciones.
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