Los $1.500 millones de la línea de crédito flexible (LCF) solicitados al Fondo Monetario Internacional (FMI) constituyen un préstamo para el Gobierno y no están dirigidos al Banco Central de Costa Rica (BCCR), pese a que el instrumento está diseñado para atender riesgos potenciales de balanza de pagos.
Costa Rica está anuente a eliminar las barreras comerciales que Estados Unidos reprochó al país en un informe de marzo anterior. Dichos obstáculos forman parte de las negociaciones que ambos países iniciaron este mes, en las que el gobierno de Rodrigo Chaves busca la suspensión del arancel del 10% impuesto por Donald Trump a las exportaciones ticas.