El Estado costarricense financia organizaciones privadas para brindar servicios de protección social. Pero hay un problema de fondo: no sabe con claridad qué impacto tienen esos recursos en las personas.
El jerarca fue enfático en que, desde la perspectiva fiscal y macroeconómica, la liberación de esos fondos tendría efectos negativos sobre las tasas de interés, los hogares y el costo de financiamiento del Estado.
En Costa Rica, no se cobra impuesto alguno sobre los premios de lotería, mientras que en otros países el Estado se deja su parte con tasas que pueden superar el 30%.
El Ministerio de Hacienda no giró ¢170 mil millones para el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) de las partidas presupuestadas en los últimos siete años, correspondientes a los recursos del Impuesto de Valor Agregado (IVA) que se debían trasladar a esta entidad.