El objetivo del Gobierno era que la deuda de Costa Rica fuera menor al 60% del Producto Interno Bruto (PIB) para el cierre del año 2025. Sin embargo, las condiciones de la economía costarricense han cambiado y ahora será hasta el 2026.

Así lo confirmaron a El Observador el ministro de Hacienda, Nogui Acosta y el presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), Roger Madrigal.

En diciembre del 2018 la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Y en esa ley se estableció la regla fiscal, un impedimento para que creciera el gasto del Gobierno Central como una forma de mejorar las condiciones económicas del país.

La única forma de que se levante esa restricción de gasto es que la relación “deuda con respecto al PIB” caiga por debajo el 60%, un objetivo que según los nuevos datos se logrará un año después de lo que se tenía previsto.

Además, la ley establece que esa flexibilización no es inmediata. Alcanzada la meta por debajo del 60% tendrán que transcurrir dos años para que se pueda levantar la regla fiscal. Esto quiere decir que ya no será en el 2027 sino en el 2028.

“Ha cambiado un poco la dinámica. Nosotros teníamos proyectado que fuera el 2025. Vamos a terminar de hacer los cálculos. Podría ser que se detuviese y se pasase para el 2026, pero eso depende de cómo cerremos este año”, dijo Acosta.

Por su parte Madrigal comentó que “las cifras que a nosotros nos dan me parece que se llega a menos del 60% en el 2026”.

Al cierre del 2023 la relación deuda PIB fue de 61,1%.

A inicios de este año, el ministro Acosta preveía que la meta se alcanzaría el próximo año.

Leyes que rebajan impuestos

Bajar la deuda en relación al PIB por debajo del 60% depende de varios factores. Por un lado tener los recursos para pagar la deuda y disminuirla. La ecuación también depende de cuánto crezca la economía.

Tanto Acosta como Madrigal dicen que en este caso la posposición del objetivo responde a un deterioro en los ingresos del Gobierno y su capacidad de pago.

El presidente del BCCR señaló que desde su perspectiva ha percibido una voluntad de las autoridades de Gobierno por reducir el gasto, tal y como lo ordena la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Sin embargo, aunque el gasto baje es importante que los ingresos suban o que al menos no se deterioren para poder pagar la deuda y bajar esa relación.

“Lo que no se ha cumplido es que, si uno observa lo que ha pasado con algunas iniciativas de ley, es que han erosionado la base impositiva”, comentó Madrigal.

El ministro Acosta señaló que otro factor que entra a jugar en la ecuación es que, si bien la economía sigue creciendo, lo está haciendo a un ritmo menor que años anteriores.

Ayer, 31 de octubre, el BCCR proyectó un crecimiento económico de 4,1% para este año versus el 5,1% del 2023.

“Hemos tenido un crecimiento más lento”, señaló Acosta.

Además, dijo que también han tenido que aumentar el gasto para hacer transferencias a algunos sectores (como por ejemplo al fondo para atender la pobreza), pero esto por órdenes de la Sala Constitucional.

Acotó que si los diputados siguen aprobando leyes que reducen la recaudación esto impedirá mejorar las condiciones de los trabajadores públicos (como salarios) y se podrá hacer menos inversión pública, por el impedimento al gasto que seguiría vigente por más tiempo.

Además, de esta mayor posibilidad de gasto dependía (desde la perspectiva de Acosta) la oportunidad para que el país pueda aumentar el “gasto social”, cuya disminución tanto se ha cuestionado a este Gobierno.

Este gasto se refiere a temas como educación, becas para población el vulnerabilidad económica, red de cuido para menores y adultos mayores, recursos para menores de edad en condición vulnerable, entre otros.