El gobierno del presidente Rodrigo Chaves insiste en aprobar, durante estas sesiones extraordinarias, el proyecto de ley que permitiría posponer la próxima emisión de eurobonos a cambio de flexibilizar las medidas económicas pactadas con los diputados en 2022.
El Ejecutivo convocó la iniciativa para que pronto pueda convertirse en ley y así permitir al Ministerio de Hacienda salir a realizar la colocación pendiente, que debía emitirse en 2024. El gobierno tuvo que solicitar el aplazamiento porque no alcanzó las metas económicas del texto original.
Este martes 21 de mayo, la discusión regresó al recinto legislativo. En el plenario, los legisladores rechazaron seis de las 22 mociones presentadas al texto; las demás quedaron pendientes y deberán ser retomadas para discusión.
En la sesión plenaria, el diputado Eliézer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP), manifestó su rechazo al plan, cuestionando la flexibilización de medidas y culpando al gobierno de solucionar la situación económica mediante endeudamiento.
“Estamos hablando que con este proyecto de ley lo que se quiere es hacerse los ciegos, hacer que no vieron los compañeros diputados, que el gobierno no cumplió las metas que el propio gobierno aceptó poner en la ley original de eurobonos.
“Le estamos autorizando al gobierno emitir cualquier cantidad de deuda, con lo cual se agrava el mercado cambiario, con lo cual se agrava la situación de los exportadores agrícolas en particular, del sector turismo (…). Siguen ustedes aprobándole al gobierno ya no solo cuanto crédito se pueden inventar, sino que ahora le están queriendo aprobar al gobierno hacerle los majes con el incumpliendo”, manifestó el diputado.
En noviembre de 2024, los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios dictaminaron a favor el proyecto, que se tramita bajo el expediente 24.462. El órgano rindió un informe afirmativo de mayoría; por su parte, Feinzaig entregó informe negativo de minoría.
Aplazar emisiones
El proyecto busca modificar el cronograma original de colocación de eurobonos aprobado por la Asamblea Legislativa en noviembre de 2022. En ese momento, los diputados autorizaron al Ejecutivo a emitir hasta $5.000 millones en deuda externa.
De ese total, el Ministerio de Hacienda ya colocó $3.000 millones en dos emisiones realizadas en 2023, cada una por $1.500 millones.
El plan original contemplaba una tercera colocación de $1.000 millones para 2024 y una última, por el mismo monto, en 2025. Sin embargo, con el proyecto presentado por el Ejecutivo, la emisión prevista para 2024 se aplazaría hasta 2025, y la de 2025 se trasladaría a 2026.
Para justificar la reforma, el Ejecutivo argumentó que la ley condicionó esas dos últimas colocaciones de bonos a la instalación de escáneres en el puesto fronterizo de Paso Canoas y en la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva). Sin embargo, en el fondo, busca aflojar los compromisos fiscales.
Metas fiscales más flexibles
El primer cambio planteado es en la meta de superávit primario. La ley obligaba al Gobierno a cerrar 2024 con un superávit equivalente al 1,85 % del producto interno bruto (PIB), pero solo logró llegar al 1,1 % del PIB.
Para 2025, la meta vigente es alcanzar un superávit primario del 2,25 % del PIB, pero el nuevo texto propone eliminar los porcentajes y establecer nuevas metas con cifras nominales. Específicamente para 2025, el plan propone un balance primario de ¢600.000 millones, pero en 2024 tan solo alcanzó los ¢520.696 millones.
El segundo ajuste es en el límite del gasto del Gobierno en el pago de intereses de deuda. En el caso de 2024, la legislación actual establece un tope de 4,9 % del PIB. El Ejecutivo plantea subir ese porcentaje a 5,1 %.
Para 2025, la meta de gasto por intereses también subiría: de 4,6 % a 5 % del PIB.
Finalmente, el proyecto incluye un cambio en la meta de deuda pública como porcentaje del PIB. Según el plan del Gobierno, la deuda pasaría de representar un 67,15 % del PIB en 2024 a un 64 %, y de un 65,4 % a un 63,55 % en 2025.