Datos del Ministerio de Hacienda indican que durante el 2020 y el 2021 más de 33.000 empresas (las más pequeñas de Costa Rica) pagaron un 5%, 10%, 15% o 20% de impuesto sobre la renta, según sus ingresos.
El primer año en análisis la cantidad de empresas que pagó de forma escalonada llegó a 33.014. El segundo año subió a 34.128.
Pero de aprobarse el proyecto de ley 23.760, presentado por el Gobierno de Rodrigo Chaves, todas estas compañías pagarían un 30% de impuesto sobre sus ingresos, independientemente de su tamaño.
Datos compartidos por el Ministerio de Hacienda a El Observador permiten dimensionar el impacto que tendría dicha medida sobre ese sector del parque empresarial de Costa Rica.
Sistema escalonado
Actualmente, la ley establece que las micro, pequeñas y medianas empresas pagan de forma escalonada, de tal forma que el monto responda a sus ingresos.
Por ejemplo, para el 2020 pagaban un 5% de impuesto si su renta bruta estaba debajo de ¢5.143.000.
Cancelaba un 10% sobre el exceso si oscilaba entre los ¢5.143.000 y hasta ¢7.715.000.
El porcentaje subía a 15% con renta bruta entre ¢7.715.000 y 10.286.000. Y un 20% sobre el exceso de ¢10.286.000.
Para ese mismo año se establecía que si la renta bruta era superior a ¢109.032.000 la tarifa será de un 30% sobre la utilidad.
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, reconoció en una entrevista con El Observador que no hicieron estudios técnicos que permitan concluir los efectos que tendría esta subida de impuestos en el parque empresarial del país.
Establecer esta tarifa única o "flat tax" para todo el parque empresarial es una de las reformas que el Gobierno pretende hacer al impuesto sobre la renta. En el mismo proyecto de ley se busca globalizar el cálculo para las personas físicas y también regular el cobro a no residentes.
El Gobierno también incluyó dentro del mismo proyecto las reformas que permitirían a Costa Rica salir del grupo de países no cooperantes en materia fiscal de la Unión Europea (UE), conocido como "lista gris".
Sin embargo este texto, el 23.760, ni siquiera cuenta con el apoyo de la fracción oficialista.
Cobro recaería sobre las empresas más frágiles
La propuesta del Gobierno se presenta en el siguiente escenario: Costa Rica es actualmente un país en el que la mortalidad de las micro y pequeñas empresas es muy alta. Además, la posibilidad de crecimiento es sumamente reducida.
La investigadora del Programa Estado de la Nación (PEN) Pamela Jiménez Fontana explica que este sector del parque empresarial de Costa Rica es el “que tiene mayores dificultades” en la actualidad.
Se estima que 11 de cada 100 microempresas mueren un año después de haber sido creadas. Al segundo año ya han muerto 21 y para el tercero son 30.
El cuarto año solo quedan vivas 66, un año después 61 y para el sexto año solo 58 de las que fueron creadas habían sobrevivido.
Según Jiménez hay un proceso natural de la economía en el que se crean y destruyen empresas. Sin embargo, han medido que en Costa Rica ese porcentaje es muy alto.
"Pero no solamente eso. Hay una dificultad muy grande que nosotros analizamos y es que tienen muy poca probabilidad de crecer", señaló.
Un grupo de investigadores del PEN analizó un panel de 20.000 microempresas que se crearon entre el 2005 y el 2017. De ellas, que eran las que habían logrado sobrevivir, solo un 12% había crecido y convertido en una pequeña.