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Gobierno rechaza plan que impediría cobrar impuesto sobre ganancias obtenidas en el exterior

El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, se pronunció en contra de un proyecto de ley que impediría al Gobierno cobrar impuesto de renta a los contribuyentes por ganancias obtenidas en el exterior.


Se trata de una plan de interpretación auténtica del artículo 1 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, presentado por la fracción del Partido Liberal Progresista (PLP). El texto aclararía que serán gravados “únicamente los ingresos que resulten de transacciones o contratos cuya fuente esté ubicada en el territorio costarricense”.


El PLP presentó este proyecto después de que, en noviembre del 2022, la Sala IV respaldó la posición de Hacienda de cobrar impuesto a los bancos bancos Promérica, Lafise y BAC Credomatic por ingresos obtenidos mediante inversiones en el exterior, al considerar que las ganancias tuvieron su origen de fuente costarricense.


No obstante, en la sesión de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, el ministro argumentó que el proyecto para cerrar esa posibilidad incentiva que Costa Rica se vea como un paraíso fiscal.


Acosta aseguró que se lanzaría una señal muy negativa a la Unión Europea (UE), la cual incluyó a Costa Rica en su lista gris de países no cooperantes por considerar que facilita la doble no imposición, es decir, que un contribuyente no pague impuestos ni en un país ni en otro.


“Lo que está diciendo esta ley es que las rentas pasivas que se generan en el exterior no pagan impuestos ni en Costa Rica y afuera”, dijo el ministro.


Las rentas pasivas son las que se obtienen mediante inversiones como compra de bonos bursátiles o de acciones de empresas que generan dividendos.


Añadió que muchos países, con inversiones presentes o por realizarse en Costa Rica, están preocupados de que el país no salga relativamente pronto de la lista gris de la UE.


Según el ministro, por ahora no hay demasiado riesgo porque las demás jurisdicciones se toman un año para definir acciones contra países que estén en la lista gris.


“Este proyecto (expediente 23.187) hace posible la doble no imposición y nos quedaríamos en la lista gris por siempre”, alegó Nogui Acosta, quien apuntó que, para la Unión Europea, los sistemas de renta territorial no son perjudiciales per se, pero pueden generar situaciones de doble no imposición.


Frente a las declaraciones del jerarca hacendario, el diputado del PLP, Jorge Dengo, presidente de la Comisión de Jurídicos y firmante del proyecto, cuestionó el criterio de Acosta y reclamó que si tanto urgen las acciones, ¿por qué el Gobierno no ha presentado soluciones para salir de la lista gris?


De hecho, Dengo aludió a un proyecto de ley del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) que, según dijo, es muy similiar a las medidas adoptadas por Uruguay para salir de la lista de jurisdicciones no cooperantes de la UE.


Entonces, Acosta afirmó que el Gobierno ha estado en coordinación directa con el Grupo de Código de Conducta de la Unión Europea, órgano que revisa el cumplimiento de la normativa tributaria, y cuya evaluación fue precisamente la que empujó a Costa Rica a la lista gris.


El 9 de febrero, en la antesala de que la UE incluyera a Costa Rica en el grupo de países no cooperantes, el ministro les dijo a los diputados que el bloque europeo estaba presionando por la aprobación de renta mundial.


Además, anunció la inclusión de este esquema en el proyecto de renta global.


La renta mundial consiste en que, para cobrar el impuesto de la renta a las personas físicas y jurídicas residentes en el país, el Estado contempla todas las rentas o los ingresos que generen en cualquier parte del mundo.


No obstante, al menos el PLP y la Unidad Social Cristiana (PUSC) se oponen a la renta mundial y abogan por sacar al país de la lista gris sin necesidad de ello.


Ambos partidos proponen cobrar impuesto sobre las rentas pasivas obtenenidas en el exterior a las llamadas “sociedades de papel”.


Para definir cuáles son las “sociedades de papel”, se introduciría el concepto de “sustancia económica”.


Es decir, no tendrá que pagar el impuesto las empresas que tienen actividad económica en Costa Rica con personal o instalaciones, por ejemplo. Las que no demuestren esa “sustancia económica” sí estarían sujetas a tributar.


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