El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, insiste en la importancia de realizar reformas al Impuesto sobre la Renta e instaurar el sistema popularmente conocido como de “renta global”. Entre otras cuestiones, este modelo permitiría gravar a las personas por todas sus ganancias laborales en conjunto (independientes y asalariadas) y subiría a un 30% la tasa que pagan las pequeñas y medianas empresas (pymes), que actualmente pueden liquidar solo entre un 5% y un 20%, si reportan ingresos anuales inferiores a ¢120 millones.

Sin embargo, el escenario no es el óptimo si se se toma en cuenta a la opinión pública. En caso de que el Poder Ejecutivo quiera seguir empujando este cambio, tendrá que hacerlo frente a una población que es esquiva a cambios que impliquen subidas tributarias.

Así lo determinó un estudio publicado por la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica (UCR) en diciembre del año pasado. Determinó, con base en una encuesta aplicada en octubre, que hasta un 69% de la población cree que el desempeño del gobierno administrando impuestos es “malo” y hasta un 60,4% considera que en el país se tributa demasiado para la calidad de los servicios públicos que se reciben.

El estudio también determinó que hasta dos de cada tres costarricenses ni siquiera estarían dispuestos a pagar más impuestos para mejorar la infraestructura del país, a pesar de los beneficios que ello generaría en términos de calidad de vida y de productividad.

Este estudio contempló entrevistas a una muestra de 631 personas mayores de 18 años, para una cobertura del 97% de esa población, según se lee en la metodología; así como un error de muestreo de 1,8 puntos porcentuales.

El Ministerio de Hacienda asegura que el modelo de renta actual es injusto, porque permite a personas que tienen múltiples ganancias tributar sobre ellas por separado y con tasas menores.

Opiniones negativas usuales

Las opiniones negativas en materia de impuestos, sin embargo, no son una cuestión única de este momento. Por el contrario, son usuales.

Basta con recordar las opiniones de la población en setiembre de 2018, en plena época de shock para las finanzas públicas estatales.

Según las encuestas de opinión política del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR) en aquel entonces, hasta un 86% de la población calificaba la situación fiscal del país como “muy grave” en aquel momento y un 11% como “algo grave”. Sin embargo, las soluciones que implicaran nuevos impuestos eran poco populares.

La mayoría de la población (un 55%) decía estar en desacuerdo con la afirmación de que una solución al problema era “recortar gastos y cobrar más impuestos al mismo tiempo, pues no alcanzaba con ninguna de ellas por separado”; mientras que soluciones como recortar el gasto público o evitar la evasión fiscal eran mucho más populares.

El 93% de los encuestados de ese entonces consideraba que se debían “recortar gastos del gobierno antes que aprobar más impuestos”; mientras que un 81% apuntaba a “cobrar mejor los impuestos que ya existían sin crear nuevos”.

La única posible solución aprobada por la ciudadanía en la encuesta que implicaba nuevos tributos era la posibilidad de instaurar o aumentar los gravámenes a personas y grupos más adinerados. Nueve de cada diez encuestados en aquella época decía estar a favor de una solución a la crisis fiscal que implicara “cobrar más impuestos a los que más ganan”.

En aquel 2018 finalmente se aprobó la reforma fiscal impulsada por el gobierno de Carlos Alvarado. Esta implicó cuestiones como la instauración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en lugar del viejo Impuesto de Ventas, el establecimiento de impuestos sobre ganancias de capital y la fijación de la regla fiscal para frenar el crecimiento del gasto público en momentos de estrechez financiera.

El Gobierno estima que perdería ingresos por unos ȼ52.000 millones anuales al aumentar el mínimo exento de trabajadores independientes, pero que podría recuperar esa pérdida con la subida a las pymes. 

Ahora, la situación fiscal es menos crítica, pero la opinión de la población sobre reformas que impliquen subidas de impuestos siguen siendo desfavorables.

Además persisten opiniones altamente extendidas entre la población de que la evasión de impuestos es un problema importante y de que existen pocos castigos para quienes lo hacen. Según la más reciente encuesta publicada por la Escuela de Estadística de la UCR, un 64,5% de la población piensa que la principal causa de los problemas financieros del Estado es la evasión; al mismo tiempo que un 53,4% asegura que es “poco” o “nada” probable que una persona o empresa sea sancionada por no pagar correctamente sus obligaciones fiscales.

Pero, ¿qué propone el gobierno actual en materia de impuestos? El plan de renta global que impulsa el Ejecutivo implica subidas y reducciones de impuestos para diferentes sectores.

El Gobierno propone:

Según Nogui Acosta, la reforma planteada sería la primera enmienda integral sobre el esquema tributario, que está vigente desde 1988 y se podría considerar “arcaico”.

“La Ley del Impuesto sobre la Renta actual es de 1988 y solamente tenemos reformas parciales”, afirmó el jerarca, ante los diputados de la comisión especial que analiza la propuesta de enmienda. “Hay que entender que había un sistema económico muy diferente al que existe hoy; en 1988 era incipiente el concepto de las zonas francas, por ejemplo, y había mucha más imposición basada en la producción y menos en los servicios”, afirmó en ese foro.

Según explicó, el concepto actual de renta se aplica sobre diferentes productos, no permite tasar a las personas y las empresas sobre su verdadera capacidad de pagar impuestos.

“¿Qué significa esto? Que una persona que tiene diferentes fuentes de ingreso no necesariamente va a pagar lo que podría. Una persona que tiene únicamente un salario puede que pague más que una persona que tiene un salario más bajo y también rendimientos de capital; y eso tiene trascendencia, porque no se está capturando la capacidad contributiva real y no es justo, porque las personas no están pagando en función de su ingreso efectivo, sino de manera distorsionada”, explicó.

La viceministra de Ingresos, Priscilla Zamora, señaló que con el nuevo modelo que propone Hacienda cada persona estaría “sujeta a un único impuesto para los distintos tipos de renta”, y que únicamente conviene separar las rentas pasivas de las personas físicas para evitar fugas de inversiones.

“Esto es lo que en ocasiones anteriores se hablaba de renta global “dual” (...) sacar un pedazo de esa base imponible, que es una base especial, en el caso único de las personas físicas, y darles un tratamiento diferenciado con una tasa menor, con la finalidad de que no haya un incentivo para que estos capitales dejen de ser invertidos en el país”, concluyó.

Las rentas pasivas son aquellas que no se derivan directamente del trabajo y responden a cuestiones como ingresos por alquileres, rendimientos de instrumentos financieros y similares.

Diputados de fracciones como el Partido Liberación Nacional (PLN) y el Frente Amplio (FA) han criticado la subida de la tasa menor a las pymes y critican que el Gobierno niegue que parte del proyecto implica subir la carga impositiva a un sector de la población. Paulina Ramírez, diputada del PLN, incluso aseguró que deberían mantenerse tarifas bajas, tomando en cuenta que la mera unión de rentas laborales (independientes y asalariadas) implicará un aumento en la recepción de ingresos estatales.

Sin embargo, Hacienda afirma que la subida a las tasas de las pymes permitiría paliar el aumento del ingreso mínimo exento para trabajadores independientes sin abrir un agujero de unos unos ȼ52.000 millones al financiamiento estatal.

Actualmente, el proyecto del Gobierno apenas está en etapa de comisión. Puede recibir enmiendas y luego aprobarse, o bien ser rechazado. Sin embargo, el ministro Acosta consideró que lo ideal es discutir todo el paquete de propuestas integralmente. “Para los efectos de nuestra propuesta, tanto el Fondo Monetario internacional como nosotros hicimos el análisis para que este proyecto de ley tenga un impacto “cero” (en la recaudación); entonces uno no puede avanzar en un tema sin avanzar en los otros. Si no, podríamos afectar el erario público”, concluyó