Los datos más recientes sobre evasión tributaria muestran que el porcentaje de la evasión o, mejor dicho, los incumplimientos en el pago de impuestos al 2021 fue del 5,6% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, unos ₡2,5 billones, mientras que el gasto tributario para el 2022 (último dato) fue del 4,6% del PIB, lo que significó unos ₡2 billones de colones.

Así lo confirmaron el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, y el director general de Hacienda, Rudolf Lücke, en entrevista con UNIVERSIDAD, y destacan que la medición de la evasión es un tema muy complejo, dado que este indicador incluye una serie de incumplimientos que, en el fondo, lo que permiten determinar es la diferencia entre los ingresos potenciales que podría recibir el país y los que realmente está percibiendo.

Lo cierto del caso es que esos incumplimientos continúan siendo muy elevados y, aunque está claro que un país difícilmente llegue a una evasión cero, las cifras dan una alerta sobre la necesidad de tomar acciones con estos sectores que no están cumpliendo con sus obligaciones tributarias.

Respecto de la evasión, o los incumplimientos, como detalló el ministro Acosta, es difícil tener un dato certero porque el indicador no discrimina, por ejemplo, tarifas reducidas o exoneraciones que se den en un momento determinado, como la que se aprobó a vehículos eléctricos o de algún producto de canasta básica, que no son exactamente evasión, pero que engrosa el incumplimiento.

Lo más importante de los incumplimientos (evasión) es cómo se divide, aseguró el director general de Hacienda, porque, en el caso del Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuando se amplió a servicios se incrementó el porcentaje de incumplimiento, pero porque se hizo más grande la base imponible, pasando de 1,8% en 2018 a 2,5% en 2019 y a 2,8% en 2020.

“Ahora todos los servicios pagan IVA y, según el último dato disponible, para el 2021 la cifra se ubica en 2,9%, el incumplimiento más alto, pero también hay tarifas reducidas y exoneraciones, algo que el modelo no toma en cuenta. Por su parte, el dato de renta viene bajando, sobre todo para personas jurídicas, ya que en 2017 estaba en 2,5% y en 2021 se ubicó en 1,7% del PIB, mientras que, para el caso de personas físicas con actividad lucrativa, sí es alto: 0,82%”, agregó Lücke.

En este sentido, el economista y exviceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, coincidió en que, cuando se habla de evasión, en realidad se trata del incumplimiento que aglomera la evasión, elusión y aquellos que incurren en el no pago de forma involuntaria, ya sea por un olvido o desconocimiento.

La elusión es un mecanismo muy utilizado, pues no necesariamente es ilegal, sino que es uno de los mecanismos más utilizados por muchos contribuyentes, ya que hay portillos legales que les facilita el no pagar.

“Un 5,6% del PIB en incumplimiento parece un dato bajo, si se observa de forma aislada, pero cuando analizamos el volumen de recaudación nacional, siendo un país con una carga tributaria de alrededor del 14%, resulta elevado, sobre todo en lo correspondiente a renta, y, si son datos bien utilizados, permitiría avanzar en soluciones”, indicó Rodríguez.

Para esto, sería necesario revisar la legislación, la génesis de todos los problemas de incumplimientos, en especial, los de evasión y elusión, pues es bien conocido que hay un mal diseño de la normativa tributaria, la cual abre espacios para que muchos dejen de pagar y contribuye a la desigualdad social, pues a los asalariados sí se les hacen las rebajas correspondientes cada mes.

Otro tema, indicó el exviceministro, es la dificultad de acceso a la información por parte de la Administración Tributaria para ejercer los controles apropiados, ya que todos los sistemas eficientes tienen buen personal, excelentes sistemas informáticos, legislación adecuada y suficiente acceso a la información, un tema que en el país ha sido ampliamente discutido y que tiene muchos detractores.

Por su parte, el ministro Nogui Acosta enfatizó en que cada semana reciben un proyecto para bajar impuestos o establecer exoneraciones, algo que resultaría insostenible. “La elusión se soluciona con reformas legales, la evasión con sanciones más fuertes, porque hoy se cobran multas e intereses, pero para llegar a una resolución pueden pasar 6 años desde que se da el incumplimiento y se le cierra el negocio al empresario durante cinco días. No creo que realmente genere un cambio”.

El gasto tributario está compuesto por las exoneraciones, y los factores que más influyen en este son la canasta básica en el IVA y la exoneración de impuesto de la renta de las zonas francas.

Y, desde la perspectiva de las autoridades y el experto consultado, en definitiva, se han convertido en mecanismos que generan beneficios para unos pocos y que no son rastreables ni están expuestos a controles, algunos llevan décadas y nunca se han preguntado si aún son necesarias. Muchas podrían modificarse para generar ingresos a la Hacienda Pública.

“El gran problema del gasto tributario es que genera beneficios, mediante exoneraciones, pero no se calculan, ni se revisan. Creo que se podría avanzar en reducirlos, incluso cambiarlos a subsidios incorporados en el presupuesto y que queden sujetos a revisión, generando un impacto positivo en las cifras fiscales”, indicó Rodríguez.

Desde su perspectiva, es más factible recuperar recursos por la reducción de exoneraciones que por el incumplimiento, donde los movimientos en los números son más complejos.

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el atraso en la actualización de datos del gasto social o exoneraciones responde a la dependencia de la emisión de datos de cifras macroeconómicas por parte del Banco Central y con respecto a la evasión.

Y, en el caso de la evasión, la cartera tiene dos metodologías, una más compleja que la otra: la primera la desarrolla el Fondo Monetario Internacional con datos del Banco Central, la cual deja de lado las tarifas reducidas y exoneraciones; la segunda, más sencilla, que es la de incumplimientos, es la más actualizada a la fecha.

Al cierre del 2023, la deuda pública se ubicó en un 61,1% del Producto Interno Bruto (PIB). Según las autoridades, este monto hubiese sido menor, cercano al 59,48%, pero se vieron obligados a salir a captar $1.500 millones.

La proyección es bajar del 60% para el 2025, momento en que se relajaría la política fiscal y sería posible contar con una mayor inversión social, así como mejorar el poder adquisitivo de empleados públicos y privados.