El 23 de enero, ante la comisión legislativa de infraestructura de la Asamblea Legislativa, Mauricio Batalla, director ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), pidió ayuda a los legisladores para “quebrar” la regla fiscal para que la entidad se librara de limitaciones en la inversión de obra pública.

Ese día, el funcionario alegó que el presupuesto de la institución se redujo un 40% entre 2017 y 2022, pasando de $400 millones anuales a $240 millones.

Según Batalla, quien asumió el cargo en agosto de 2022, requieren de más recursos para atender el deteriorado estado en el que está la red vial nacional. Entre febrero de 2021 y el primer trimestre de 2022 no hubo contratos activos para mantenimiento y conservación, por deficiencias administrativas en la entidad.

Las nuevas adjudicaciones ya están en proceso y se espera que en próximas semanas todas las rutas nacionales estén bajo algún contrato para mantenimiento.

“Le pido desde ya a los señores diputados a que me ayuden a quebrar la regla fiscal, porque la inversión en infraestructura no es gasto. Es inversión. Por cada dólar que recibimos invertimos 4 de vuelta”, justificó Batalla, ese día.

Una postura distinta tiene Luis Amador, ministro de Obras Públicas y Transportes, quien fue consultado por CRHoy.com sobre las manifestaciones dadas por Efraím Zeledón Leiva, viceministro de Infraestructura, y por Jason Pérez Anchía, gerente de Conservación de Vías y Puentes de Conavi, el pasado 26 de abril ante la comisión legislativa de asuntos municipales.

Zeledón y Anchía revelaron ese día ante los diputados que el Ministerio de Hacienda no estaba girando todos los recursos necesarios para dar una óptima atención a la red vial nacional. Incluso, advirtieron sobre el riesgo de no contar con todos los recursos requeridos para cumplir los contratos de mantenimiento y conservación que fueron adjudicados al cierre de 2022.

Ante este panorama, el ministro considera que se deben apostar por otras alternativas más allá de la flexibilización para consumir más recursos. “No, vea, uno no puede ir rompiendo la regla fiscal por todo lado. Tenemos que entender claramente que el Estado recauda y hace la mejor distribución de recursos. Eso usted se lo puede preguntar al ministro de Hacienda (Nogui Acosta) y eso no es lo que estamos pidiendo (romper la regla fiscal para Conavi). Estamos pidiendo mecanismos como la concesión de obra pública, la iniciativa público-privada, mecanismos como romper este esquema de peajes para que se pueda recaudar, mecanismos como el cargo por congestionamiento para quienes quieren ingresar o el pago por disponibilidad a los que mueven carga”, dijo.

El funcionario también enfatizó en opciones como los impuestos por contaminación (como el Impuesto sobre el Carbono que existe en Canadá) para crear subsidios cruzados hacia el transporte público y la mejora vial.

“No podemos seguir pensando en que vamos a seguir creciendo con más y más carreteras, porque ya nos dimos cuenta de que la cantidad de carreteras que hay es insostenible y la dispersión urbana que hay es la que nos lleva a los problemas que tenemos a nivel de congestionamiento generalizado. Tenemos que cambiar el esquema con base al cual estamos planeando este territorio y el desarrollo que estamos sufriendo. Son diferentes elementos de política pública que tienen que entrar todos a la vez. No es romper regla fiscal. Es hacer mejor las cosas y priorizar mejor”, puntualizó el ministro.

Pérez Anchía dijo que en el Conavi estarían en inconvenientes para ejecutar los contratos recientemente adjudicados por ¢97 mil millones para retomar las tareas de conservación vial, a través de 10 líneas contractuales, en las 22 zonas en las que se divide el mantenimiento en el país.

“Los compromisos contractuales, para que se hagan una idea, solo las adjudicaciones para reactivar el mantenimiento del país, en tema de rutinario (…) Es decir, lo que son chapeas, bacheos, limpiezas, etcétera, etcétera, son contratos que alcanzan la cifra de ¢97 mil millones que deberíamos estar invirtiendo en un plazo de 2 años. A hoy (26 de abril) tenemos ¢7 mil millones para ejecutar en 1 año. Quiere decir que para el período 2023 no tenemos ni el 10% de lo que nosotros requerimos como compromiso contractual”, expuso el funcionario.

Según su explicación, si no poseen los recursos necesarios, en 2 años estarían enfrentando reclamos administrativos por lucro cesante. “Donde los contratistas no van a ejecutar las obras, vamos a perder estos contratos y no nos están dando los recursos”, advirtió.

El gerente indicó que si este año (2023) no cuentan con el dinero requerido para hacer frente a las obligaciones contractuales, duda que los tengan en 2024. Para 2023, el Conavi cuenta con un presupuesto cercano a los ¢50 mil millones para atender tareas de conservación.

“Estamos solicitando un (presupuesto) extraordinario de ¢77 mil millones adicionales para tratar de atender los compromisos contractuales. Ni siquiera es para llegar a la base de lo que se necesita, aún y cuando ahorita estamos teniendo sistemas de gestión para identificación de necesidades para distribuir esta inversión de la manera más eficiente, tratando de implementar un modelo inicial para invertir los recursos donde se están necesitando”, concluyó.

La regla fiscal, vigente desde 2018, pone un tope al crecimiento del gasto público cuando el endeudamiento supera el 60% del Producto Interno Bruto (PIB).