El ministro de Hacienda Nogui Acosta visitó este jueves por segunda vez en este año la reunión de jefaturas de fracción con un objetivo idéntico: clamar a las autoridades del Primer Poder para que se redujeran los recursos que los diputados acordaron destinar a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Se trata del proyecto 23.502, un contrato de préstamo para financiar el programa hacia una economía verde, para apoyar el plan de descarbonización de Costa Rica.
Ya el pasado 22 de febrero, Acosta visitó la reunión de jefaturas de fracción con idéntico guion: alegar que el acuerdo de los diputados en la comisión de Económicos no era viable, al destinar a la CCSS un 40% del contrato de crédito por $250 millones con el Banco Interamericano de Integración (BID), al que se le debían sumar $50 millones de cooperación coreana y $110 millones de la Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD). Dejó claro que el Gobierno solo consideraba aceptables dos posturas: destinar un 10%, o nada.
La única modificación de este jueves 23 de mayo fue la advertencia de que el crédito deberá estar aprobado para el 16 de junio, fecha límite para el desembolso comunicado por la AFD, y como se trata de un contrato compuesto, el Gobierno lo considera el plazo fatal para que se concrete.
Acosta visitó la reunión de jefes de fracción tan solo un día después que el Gobierno sufrió un sonoro revés en la Junta Directiva de la CCSS, en la cual solo los tres representantes del Poder Ejecutivo votaron en contra de la propuesta para adjudicar el nuevo Hospital de Cartago, siendo derrotados luego de un largo pulso por los votos de los representantes de los trabajadores y los patronos.
El ministro resaltó que la decisión de otorgar un porcentaje de los créditos de apoyo presupuestario no fue adoptada por la administración Chaves Robles, sino por el Gobierno anterior. “Creo que desde el punto de vista práctico debemos de tomar una decisión, si seguimos haciendo esto y cuál es el costo para el Gobierno de una decisión que no le competía”, dijo.
Además, reiteró que el Gobierno está dispuesto a avanzar con el llamado crédito verde, pero solo en tanto no se destine ningún recurso a la CCSS, o se limite a un 10%. Alegó en que el Gobierno tiene previsto un pago de $50 millones como parte del pago de la deuda del Estado, por lo que agregar otros recursos implicarían un pago de alrededor de $90 millones. “¿Vamos a seguir en esa dirección?”, se preguntó, como si fuera una alternativa inaceptable, y urgió a que se tomen decisiones en este tema.
Empero, cuando los jefes de fracción le preguntaron el espacio que el Gobierno estaría dispuesto a negociar, entre el monto del 40% aprobado para la CCSS y el 10% que se había barajado inicialmente, Acosta enfatizó que “el gobierno mandó cero (para la CCSS) y estamos dispuestos a un 10%; ese es el espacio de negociación al que estamos dispuestos”, dijo. Ya en la anterior presentación, había dejando entrever que el Gobierno preferiría perder el crédito antes que destinar el monto que los diputados definieron para la CCSS.
Al respecto, Óscar Izquierdo, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), expresó que su bancada deseaba que el préstamo se concretara y estaba dispuesto a alguna negociación, posición similar a la de María Marta Carballo, jefa del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), mientras Antonio Ortega, del Frente Amplio (FA), destacó que dada la magnitud de la deuda del Gobierno con la CCSS, no debería ser un problema que se abonara más de lo que en principio el mismo Gobierno había proyectado. “No vemos como gran problema que se pague más; no es dinero que se tira a un canasto, sino para la seguridad social”, expresó.
Las autoridades de las bancadas solicitaron tiempo para comentar el tema con sus bancadas y buscar un acuerdo para la próxima semana.