El ministro de Hacienda Nogui Acosta solicitó a la Asamblea Legislativa la autorización de un crédito por $160 millones, para tenerlo como seguro en caso de que el país enfrente situaciones de emergencia.
Acosta visitó la Comisión de Hacendarios para referirse al proyecto 24.264, aprobación del contrato de desembolso 9502- CR, que financiará el segundo préstamo de políticas de desarrollo de la gestión de riesgos de desastre, con opción de desembolso diferido ante catástrofes (CAT-DDO), entre Costa Rica y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El ministro aseguró que funcionará como un seguro, ya que no se desembolsará si el país no lo necesita, pero afirmó que es importante suscribirlo, ya que el país está ubicado en una región propensa a eventos catastróficos, y además el Fondo de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) no dispondría de suficiente liquidez para afrontar un evento grande.
“El Fondo Nacional de Emergencias tiene ₡171.342 millones, pero solo tiene líquidos, es decir, que puede utilizar en este momento ₡56.269 millones, o sea, situaciones como las que hemos visto por encima de los $100 millones, no vamos a tener cómo financiarlos”, dijo Acosta ante una pregunta de la diputada Sonia Rojas, del Partido Liberación Nacional (PLN).
Al justificar su petición, indicó que entre el 2005 y el 2022, Costa Rica enfrentó 29 eventos que se declararon como emergencias nacionales, con un costo de $575 millones en el 2005, de $756 millones en el 2009, de $611 millones en el 2017 y de $966 millones en el 2020. “Hemos tenido que afrontar casi $5 mil millones para poder enfrentar estos eventos”, manifestó.
También recordó que el país se encuentra en una zona propensa a los desastres, que en promedio por año, registra 9 eventos grandes en México, 4 en Guatemala, 2 en Honduras, 2 en El Salvador, 2 en Nicaragua, 1,8 en Panamá y 1,6 en Costa Rica. “En caso de estos eventos, el país debería estar preparado para enfrentar no solo la reconstrucción de infraestructura, sino las limitaciones a la recaudación fiscal que implican estas situaciones”.
Acosta en ese sentido insistió en que en caso de una emergencia, este préstamo permitiría un desembolso inmediato de recursos, algo que sería muy difícil de obtener en esa coyuntura.
Los diputados consultaron por los costos asociados al convenio, que el ministro indicó en un primer pago de $800 mil al suscribirlo, mas un pago de renovación anual de $400 mil, en caso de no usarlo. Si se requieren fondos, se pagará una tasa de interés variable, que en este momento se ubicaría en alrededor de 6,6%, por la cantidad requerida.
También hubo consultas sobre el manejo del crédito externo del país, recordando el diputado Alejandro Pacheco, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), que según informes de la Contraloría, solo alrededor de una tercera parte de los préstamos internacionales con que cuenta el país se están utilizando.
Al respecto, Acosta manifestó que este crédito no sería de inversión, y tampoco se contaría como deuda, en tanto no fuera utilizado.
Los diputados aprobaron realizar consultas de esta propuesta a la CNE, el Banco Central de Costa Rica, el Ministerio de Planificación y la Contraloría General de la República.