El Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica anunció su oposición a la resolución de la Dirección General de Tributación que obligaría a los grandes contribuyentes a aplicar las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) plenas a partir del 1 de enero de 2027.
El Estado costarricense financia organizaciones privadas para brindar servicios de protección social. Pero hay un problema de fondo: no sabe con claridad qué impacto tienen esos recursos en las personas.