La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, conocida popularmente como Sala IV, condenó al Estado por la omisión del Ministerio de Hacienda de girar a las universidades públicas la totalidad de los recursos del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) del año 2025, según el monto que había sido definido por la Asamblea Legislativa.
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