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El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes en primer debate un proyecto de ley de la diputada liberal, Johana Obando Bonilla con el que se pretende evitar que el Ministerio de Hacienda haga cobros injustos del impuesto sobre la renta a los asalariados cuando estos reciban pagos retroactivos, situación en la que se encuentran en este momento miles de empleados públicos a quienes se les ha empezado a depositar el aumento salarial acumulado desde el año 2020.

El Ministerio de Hacienda hizo canjes de títulos de deuda interna que generaron una colocación superior a los ¢235.000 millones (monto facial colonizado). Este resultado libera presión sobre las obligaciones de pago, al alargar los vencimientos de la deuda. Además, reduce las necesidades de Hacienda en el mercado local, en el corto y mediano plazo.

El 15 de marzo del 2024, a más tardar, los contribuyentes del impuesto sobre las utilidades, tanto personas físicas con actividad lucrativa como las empresas que tienen operaciones en Costa Rica, tenían la obligación de presentar la declaración correspondiente y pagar el impuesto. Sin embargo, si por alguna razón no se logró cumplir con dichas obligaciones, existen consecuencias que se deberán atender para corregir la situación fiscal.

La caída de los ingresos totales del Gobierno se aceleró en el arranque de este año y mantuvo la tendencia observada desde los últimos meses de 2023.