Una comisión especial de la Asamblea Legislativa aprobó un informe que recomienda al plenario resellar el proyecto de ley vetado por el presidente de la República, Rodrigo Chaves.

Se trata del plan para sacar a Costa Rica de la lista de países no cooperantes en materia fiscal con la Unión Europea (UE), conocida como lista negra.

Resellar es la potestad que tiene el Congreso de rechazar un veto presidencial y votar de nuevo un proyecto para convertirlo en ley, enviándolo a publicación en el diario oficial, La Gaceta. Para ello, eso sí, se requiere de mayoría calificada. Es decir, es necesario el apoyo de al menos 38 congresistas, equivalentes a dos tercios del plenario.

La recomendación de resellar el proyecto vetado surge como respuesta a la propuesta del mandatario de gravar las rentas pasivas generadas en el extranjero por parte de los contribuyentes costarricenses. De hecho, en una primera instancia, la mayoría en el foro especial rechazó el veto presidencial

La idea con el resello es reafirmar el principio de territorialidad del impuesto sobre la renta que ha estado vigente durante tres décadas, al tiempo que se saca al país de la lista negra.

Esto, según las diputadas Daniela Rojas, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y Paulina Ramírez, del Partido Liberación Nacional (PLN).

En otras palabras, desean clarificar que el tributo se aplica únicamente a las ganancias derivadas de actividades realizadas en territorio nacional.

¿Habrá 38 votos?

El informe de mayoría recibió el respaldo de cinco diputados de los partidos PLN, PUSC, Liberal Progresista (PLP) y Nueva República (PNR).

Las cuatro bancadas podrían sumar hasta 41 votos en el pleno legislativo, superior a los 38 votos que necesita el resello para reactivar el proyecto de ley.

Por otro lado, dos diputados del partido oficialista y del Frente Amplio se manifestaron en contra. Estas dos bancadas, junto con el liberacionista José Joaquín Hernández, alcanzarían un total de 16 diputados a favor de mantener el veto.

La aprobación de esta recomendación en la comisión especial se alinea con la creación de otra comisión, respaldada por el plenario este miércoles, que tendrá tres meses con la posibilidad de prórroga, para debatir el tipo de gravamen que el país debería adoptar.

La discusión se centrará en si se deben gravar solo las actividades realizadas dentro del territorio nacional o si se debe aplicar a las rentas extraterritoriales con fondos generados en Costa Rica.

El proyecto para sacar a Costa Rica de la lista negra consiste en gravar las ganancias por inversiones pasivas generadas en el exterior de fuente costarricense, como títulos de deuda pública, acciones de empresas y regalías por el uso de patentes, entre otros.

Grava con el tributo solo a las empresas de papel o maletín, es decir, a entidades que no cumplen con los requisitos sustanciales de una actividad económica en el país, sino que se instalan aquí para aprovechar un portillo fiscal sobre las inversiones hechas en otros países. Exonera a las empresas formales.

Sin embargo, el proyecto plantea una reforma que establece que solo calificarán como rentas de fuente costarricense los ingresos generados exclusivamente en el territorio nacional, conforme al espacio territorial definido en la Constitución Política. Por eso fue vetado por el presidente Rodrigo Chaves.

Nueva República da votos

Olga Morera, diputada del PNR, anunció que su bancada se opondrá al veto en el plenario y apoyará el resello en aras de fortalecer el principio de territorialidad del impuesto sobre la renta, evitar discrecionalidad con interpretaciones de su aplicación y no afectar las inversiones.

Pilas Cisneros, de la bancada de gobierno, insistió en que la reforma al impuesto de renta como lo contiene el proyecto, evitaría que grandes empresas tributen sobre sus ganancias en el extranjero.

Antes de que los diputados recomendaran el resello, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, compareció ante la comisión para defender el veto del presidente. En su intervención, criticó el texto aprobado por los diputados argumentando que este pone en peligro la sostenibilidad fiscal y afecta la justicia y progresividad tributaria debido a las reformas que introduce.