El sistema tributario costarricense entra en una nueva etapa con la consolidación de TRIBU-CR y el fortalecimiento de Hacienda Digital, un entorno que redefine la forma en que contribuyentes y empresas cumplen con sus obligaciones fiscales. Para este año se incorporan nuevas declaraciones, ajustes en formularios y un mayor nivel de control automatizado por parte de la Administración Tributaria.
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El gasto público se mantiene controlado y la razón deuda/PIB continúa por debajo del 60% (lo que permite un escenario más conveniente de la regla fiscal), pero los ingresos tributarios avanzan con menor fuerza, pues apenas crecieron un poco más del 2% acumulado a setiembre, en comparación con el mismo período del año pasado.
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En un contexto internacional marcado por una desaceleración económica global, mayor incertidumbre geopolítica y un giro hacia políticas más proteccionistas en Estados Unidos, Costa Rica enfrentará en 2026 un escenario retador que exigirá decisiones estratégicas tanto del sector público como del privado.
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El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que la economía de Costa Rica crecerá menos en 2025, en comparación con el aumento en el producto interno bruto registrado el año pasado.
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Raymundo Volio, abogado experto en impuestos de Actualidad Tributaria, hace un llamado a las empresas y contribuyentes independientes para que traten de estar al día con sus asignaciones ante el Ministerio de Hacienda y regularizar su situación fiscal cuanto antes, para evitar afectaciones operativas o incumplimientos que luego podría transformarse en sanciones.
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La declaración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) puede ser un verdadero dolor de cabeza para las empresas.
Lo peor de todo, es que la confusión y el estrés que genera el pago de impuesto puede traducirse en multas económicas y otro tipo de sanciones y afectaciones, como por ejemplo la afectación en el flujo de caja y cierres temporales del negocio.
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La relación deuda/PIB en Costa Rica se reducirá a un 59,72% en 2024 y un 57,72% en 2025, de acuerdo con proyecciones dadas a conocer este miércoles por el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe) de la Universidad Nacional (UNA).
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En el caso específico de la rebaja en el impuesto a la propiedad, el monto descontado será de entre un 10% y un 50%, dependiendo de la antigüedad del vehículo, generando que se dejen de recaudar ¢50.000 millones cada año. Por su parte, los efectos del proyecto para salir de la lista de no cooperantes de la UE serían de ¢10.000 millones por año.
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Recientemente el presidente de la República, Carlos Alvarado, aprobó una moratoria de tres meses para las multas que pudieran generarse de la aplicación incorrecta de la nueva ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, ley 8221. Esto sería un respiro para todos los llamados a aplicar el nuevo impuesto al valor agregado y, por ende, para todos los que deben iniciar su declaración en el mes de julio.
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Fuente: Editorial Actualidad Tributaria
La nueva ley fiscal trajo un cambio que era inevitable que se diera: se trata de la inclusión y exclusión de productos en la canasta básica, misma que no se actualizaba desde el 2003. Partamos de un hecho simple y una verdad absoluta en este tema: cualquier lista genera desigualdad y por ende disconformidad en quienes se siente excluidos. Con la nueva Canasta Básica Tributaria anunciada por el Ministerio de Hacienda en días pasados muchos han expresado justamente eso, disconformidad por los productos que quedaron exentos versus los que, a partir de julio, quedarán gravados.
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