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Tres nuevos proyectos de ley que forman parte de la Estrategia Nacional contra el Contrabando y la Evasión Fiscal que ejecuta el gobierno de la República, fueron entregados la tarde de este lunes al Congreso por los viceministros de la Presidencia, Alejandro Barrantes y de Ingresos de Hacienda, Víctor Julio Carvajal

El Poder Judicial informó que el Ministerio de Hacienda revirtió la decisión de aplicarle un recorte de ¢3.053 millones correspondiente al presupuesto institucional de 2026. Ese monto correspondía al 10% de las cuotas trimestrales de la segunda mitad del año, que el pasado 13 de julio Hacienda anunció que retendría, además del recorte de ¢13.220 millones que la Corte Plena acordó ceder tras la solicitud de Hacienda.

El Ministerio de Hacienda estima que durante 2026 recaudará ¢373.390,8 millones menos de lo presupuestado para este año. La información consta en un oficio enviado por el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, al director general de Presupuesto Nacional, José Luis Araya Alpízar.

La iniciativa está en construcción y está previsto que se publique a más tardar en setiembre próximo, confirmó en entrevista con Teletica.com el viceministro de Ingresos, Víctor Julio Carvajal.

El Poder Judicial calificó de “crítico” el recorte de ¢3.053 millones a su presupuesto del 2026 que ejecutó el Ministerio de Hacienda, que afectará el gasto operativo.

Este procedimiento —establecido mediante un decreto firmado en julio del año pasado por el entonces presidente Rodrigo Chaves y el ministro de Hacienda, Nogui Acosta— le permite al Ministerio de Hacienda colocar y cancelar títulos de deuda interna en moneda extranjera en el mercado local. Sin embargo, los recursos para adquirirlos provienen de inversionistas del exterior que participan en ese mercado a través de puestos de bolsa.

La regla fiscal, uno de los principales mecanismos para contener el gasto público, opera sin una fiscalización integral. Así lo advirtió la Contraloría General de la República (CGR) a la Asamblea Legislativa al señalar que, desde el 2022, no puede auditar con certeza el cumplimiento de esta norma en las instituciones del sector público, incluyendo el Gobierno Central.

La posición de Acosta no es reciente, ya desde 2018, cuando era viceministro de Hacienda durante el gobierno de Carlos Alvarado, abogó por aplicar un IVA general de 13% a todos los bienes y servicios, y luego establecer un mecanismo que devolviera parte de los recursos recaudados a los estratos más pobres de la población.

La Contraloría General de la República (CGR) no pudo auditar si las instituciones públicas cumplieron la regla fiscal durante 2025. La razón: una acumulación de excepciones y cambios normativos que hicieron imposible la tarea.

La Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate un proyecto de ley para regular las criptomonedas y fortalecer los controles contra el lavado de dinero.

Bank of America Securities considera que el gobierno de Laura Fernández mantendría la regla fiscal y tendría margen político para impulsar reformas relacionadas con la emisión de deuda externa, bajo el liderazgo del expresidente Rodrigo Chaves al frente del Ministerio de Hacienda.

La desaceleración económica y la pérdida de impulso en la recaudación tributaria comienzan a perfilar un panorama fiscal más complejo para Costa Rica, justo cuando el nuevo escenario político abre la puerta a eventuales reformas tributarias con mayoría simple en la Asamblea Legislativa.

La Contraloría General de la República señaló a la Asamblea Legislativa que no es posible realizar una auditoría sobre el cumplimiento de la regla fiscal debido a la acumulación de excepciones a la ley.

El Observatorio del Mercado y Derechos del Consumidor (OMERCON) entregó a diputadas y diputados de la Asamblea Legislativa —tanto de la Alianza Opositora como de la Fracción Oficialista una agenda de políticas públicas y reformas legislativas para el período 2026–2030, centrada en corregir distorsiones económicas que, según el organismo, afectan directamente el bienestar de la población.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, conocida popularmente como Sala IV, condenó al Estado por la omisión del Ministerio de Hacienda de girar a las universidades públicas la totalidad de los recursos del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) del año 2025, según el monto que había sido definido por la Asamblea Legislativa.

La Superintendencia General de Seguros (Sugese) cuestionó una iniciativa de ley que propone crear un nuevo impuesto a las primas lo cual encarecería los seguros y los créditos. El objetivo del tributo es financiar las redes de monitoreo sísmico y meteorológico del país.

Róger Madrigal, presidente del Banco Central de Costa Rica, refutó al Fondo Monetario Internacional (FMI) tras la recomendación de mantener la Tasa de Política Monetaria (TPM) en un nivel neutral y permitir un aumento de la inflación.

Aunque el propósito de la normativa es proteger a los consumidores financieros frente a fraudes electrónicos, bancos y entidades financieras, así como la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), han advertido que ese objetivo no se alcanzará y que, por el contrario, impactaría negativamente tanto a las entidades financieras como a sus clientes.

El jerarca fue enfático en que, desde la perspectiva fiscal y macroeconómica, la liberación de esos fondos tendría efectos negativos sobre las tasas de interés, los hogares y el costo de financiamiento del Estado.

La presidenta electa, Laura Fernández, señaló que “los costarricenses no tienen que pagar un solo colón más de impuestos, yo no voy a empujar ni a impulsar nuevos impuestos en Costa Rica”.

El plenario de la Asamblea Legislativa rechazó este miércoles admitir a estudio de comisión la propuesta de reforma constitucional impulsada por el oficialismo para permitir que el Ministerio de Hacienda colocara bonos de deuda en el mercado internacional sin autorización previa del Congreso.

Hoy el Ministerio de Hacienda girará ¢168.627 millones; el depósito se realizará en las cuentas de los trabajadores del Gobierno Central (ministerios y órganos desconcentrados), Asamblea Legislativa (excepto los diputados), Defensoría de los Habitantes, Contraloría General de la República, Tribunal Supremo de Elecciones y Poder Judicial.

El Ministerio de Hacienda informó que este viernes 23 de enero se girarán ¢168.627 millones correspondientes al salario escolar de 167.238 funcionarios públicas activas.

La IV Edición del Cuadro de Indicadores de Impuestos al Tabaco de Economics for Health (CI) muestra que la mayoría de los gobiernos no están implementando las mejores prácticas en materia de impuestos al tabaco

Costa Rica registró $3.533 millones en flujos de inversión extranjera directa (IED) al tercer trimestre de 2025, lo que representa un crecimiento del 4,5% en comparación con el mismo periodo de 2024, según datos publicados por el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

A partir del 1 de enero del 2026, los trabajadores independientes tendrán la posibilidad de deducir el 25% de los ingresos sin comprobantes para el pago del Impuesto de la Renta.

Autorizar retiros masivos y acelerados de los fondos del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP), como lo plantean distintos proyectos de ley que se tramitan en la Asamblea Legislativa, tendría un fuerte impacto macroeconómico en Costa Rica.

El Ministerio de Hacienda anunció que el próximo viernes 5 de diciembre pagará ¢249.836 millones por concepto de aguinaldo a un total de 232.642 personas, entre funcionarios activos del Gobierno Central y pensionados con cargo al Presupuesto Nacional.

La estabilidad fiscal alcanzada tras la reforma aprobada por la Asamblea Legislativa en 2018 muestra señales de debilitamiento, con ingresos que se desaceleran y gastos crecientes que afectan el balance primario.