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Claro CR presentó en la Sala IV un recurso de amparo contra Dirección General de Tributación (DGT) por la exigencia de entrega mensual de datos masivos de sus clientes, pues tal orden, según la empresa, vulnera el derecho a la intimidad y a la autodeterminación informativa de sus usuarios de telefonía, Internet y televisión digital.

El Ministerio de Hacienda defendió este martes la legalidad y finalidad del uso de datos personales solicitados a empresas proveedoras de servicios públicos, al asegurar que la información se utiliza exclusivamente para localizar e investigar a personas contribuyentes que podrían estar incumpliendo con sus obligaciones fiscales.

Actualmente en la Asamblea Legislativa se discute el proyecto denominado como “Ley para democratizar el libre acceso a Internet”, bajo el expediente número 23.631. En pocas palabras, esta reforma plantea la reducción de la tasa del impuesto al valor agregado (IVA) que se aplica a la prestación de servicios de telecomunicaciones y venta o alquiler de equipos que proveen los operadores para facilitar la interconexión.

Molina cuenta con una maestría en Economía, Regulación y Competencia de los Servicios Públicos, de la Universität de Barcelona, España; y es licenciado en Derecho: Tecnología, Comercio Electrónico y Telecomunicaciones, de la Universidad de Costa Rica. Además, tiene un Diplomado en Gestión Estratégica de Organizaciones Públicas, del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, España.

La Cámara de Empresas de Distribución de Energía y Telecomunicaciones (CEDET) se une al llamado del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para que se apruebe el proyecto de ley 23.330 impulsado por el Poder Ejecutivo, y que también excluiría a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) y a la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (JASEC) de la regla fiscal