Claro CR presentó en la Sala IV un recurso de amparo contra Dirección General de Tributación (DGT) por la exigencia de entrega mensual de datos masivos de sus clientes, pues tal orden, según la empresa, vulnera el derecho a la intimidad y a la autodeterminación informativa de sus usuarios de telefonía, Internet y televisión digital.
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El Instituto Nacional de Seguros (INS) evalúa incrementar la tarifa de la póliza obligatoria de Riesgos del Trabajo (RT) para compensar las millonarias pérdidas en la operación de este seguro, según confirmó la entidad a La Nación.
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El Ministerio de Hacienda defendió este martes la legalidad y finalidad del uso de datos personales solicitados a empresas proveedoras de servicios públicos, al asegurar que la información se utiliza exclusivamente para localizar e investigar a personas contribuyentes que podrían estar incumpliendo con sus obligaciones fiscales.
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Las provisiones por riesgo de deterioro crediticio registraron un fuerte aumento en el sistema financiero durante 2024, como consecuencia de la entrada en vigencia de nuevas reglas para evaluar el riesgo de pago de los deudores
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Además de la identificación, el Banco Central recibe el monto transado, el tipo de cambio utilizado y si la transacción fue una compra o una venta, explicó Henry Vargas, director de la División de Gestión de Información del BCCR, en un conversatorio organizado por el ente emisor el martes 23 de julio.
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Las personas físicas y jurídicas que gestionaron compras y ventas bajo el régimen simplificado, es decir sin emisión de factura electrónica, tienen que realizar la declaración de dichas transacciones nacionales antes del 28 de febrero.
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Airbnb, plataforma de hospedaje y alquiler de corta duración, informó de que durante el tercer trimestre del 2023 recaudó y trasladó al Ministerio de Hacienda un total de $1,5 millones, correspondientes al pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Esto ocurrió luego de que la empresa se inscribió para retener de manera directa el 13% a los clientes de la app.
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Los diputados de la Comisión para el Control del Ingreso y Gasto Público acordaron este jueves llamar a comparecer, en una fecha aún no definida, a la jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), Rocío Aguilar, para que se refiera al interés del Banco Central de Costa Rica (BCCR) de acceder a datos personales de los ciudadanos.
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De las dos últimas audiencias en la Comisión para el Control del Ingreso y Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa, que investiga el inusual interés del Banco Central de Costa Rica (BCCR) de acceder a datos personales de los ciudadanos, saltan hasta ahora dos versiones distintas sobre el tipo de información de deudores que la autoridad monetaria pidió a la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF).
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La Cámara Costarricense – Norteamericana de Comercio (AmCham) se unió a las voces de repudio en contra de la solicitud del Banco Central a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y bancos del sistema financiero nacional, para que entreguen información privada de los clientes, relacionada con sus créditos.
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El 1ero de setiembre inició el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, Ley 9416, que obliga a las personas jurídicas a suministrar, a través de sus representantes legales, información sobre la composición de su capital social y beneficiarios finales.
El 1ero de setiembre, propiamente, se publicó el formulario que debe completarse para cumplir con la ley, pero el mismo tiene errores sustantivos que hacen del cumplimiento de este deber, una pesadilla burocrática.
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