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Como parte de las acciones para combatir la evasión fiscal, el contrabando y el incumplimiento de las obligaciones tributarias, el Ministerio de Hacienda detectó irregularidades en 375 de los 534 establecimientos comerciales inspeccionados en las siete provincias del país, seleccionados con base en criterios de riesgo e inteligencia tributaria. Las sanciones asociadas superan los ¢475 millones.

La Policía de Control Fiscal (PCF) decomisó esta semana cerca de 156.000 unidades de mercancía variada de contrabando en diferentes localidades de Puntarenas, las que no contaban con documentación que respaldara el pago de impuestos o su compra en territorio nacional, además de incumplir con el etiquetado exigido por el Ministerio de Salud.

Reacción de diputado oficialista y exministro de Hacienda tras señalamiento de la Contraloría sobre un desplome en la fiscalización de cuentas de contribuyentes de impuesto sobre la renta, con consecuencias que podrían haber llegado hasta ¢1,8 billones

Con el objetivo de reforzar los mecanismos de control sobre las mercancías en tránsito, reducir los espacios para prácticas indebidas y fortalecer la fiscalización por parte del Servicio Nacional de Aduanas, a partir del 11 de enero de 2027, toda Declaración Única Aduanera (DUA) correspondiente al Régimen de Tránsito deberá incluir información específica sobre las mercancías que ingresan al territorio nacional.

Así lo reconoce Luis Javier Porras, presidente de la Comisión de Asuntos Tributarios del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, al referirse a un plan que impulsa el Ministerio de Hacienda para que se registren ante la Administración Tributaria los números de teléfono utilizados para realizar transacciones mediante Sinpe Móvil en actividades económicas.

El Ministerio de Hacienda puso a disposición de los contribuyentes la nueva app TRIBU-CR, herramienta gratuita que les permitirá realizar trámites tributarios y mantener un mayor control de las declaraciones, pagos y otras gestiones realizadas por ellos mismos o por un tercero autorizado, desde cualquier lugar, dentro y fuera del país, excepto en aquellos que por medidas de seguridad cuenten con acceso restringido.

Según estadísticas del Banco Central de Costa Rica (BCCR) citadas en el decreto, al cierre de mayo de 2026 existían 4,8 millones de suscripciones activas de teléfonos a esa plataforma. En 2025, las transacciones por esta vía sumaron ¢12,5 billones.

La Contraloría General de la República (CGR) señaló deficiencias en los controles del Ministerio de Hacienda para el cobro del impuesto sobre los ingresos y las utilidades, también conocido como impuesto sobre la renta.

La resolución determinó que Hacienda dejó sin contestar lo relacionado con evaluaciones de impacto en la protección de datos personales y posibles coordinaciones con la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab).

Un perjuicio económico de aproximadamente ¢3.700 millones por presunta evasión fiscal llevó al Ministerio de Hacienda a presentar dos denuncias penales relacionadas con el incumplimiento del pago de impuestos y la utilización de mecanismos para ocultar operaciones.

Esta acción forma parte de los planes de control que vienen realizando las direcciones generales de Tributación, Aduanas y la Policía de Control Fiscal, en el marco de la Estrategia Nacional de Lucha contra el Contrabando y la Evasión Fiscal, los que, a la fecha, han generado resultados muy positivos en decomisos de mercancías, determinación de impuestos dejados de pagar, sanciones y regularización de obligaciones tributarias.

En el octavo mes del año, los ingresos totales del Gobierno Central mostraron un crecimiento de 2.7%, al alcanzar ¢519.843 millones (¢13.790 millones más que en agosto de 2025).

Esa cantidad de dinero corresponde al total exonerado del pago de impuestos entre 2023 y 2025, según se indica en el proyecto «Ley régimen de beneficios fiscales y control del gasto tributario», presentado por el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa el martes pasado.

El Ministerio de Hacienda presentó este martes, 22 de setiembre, ante la Asamblea Legislativa, dos nuevos proyectos de ley, con el objetivo de fortalecer las finanzas públicas, mejorar la gestión de los beneficios fiscales y aumentar la recaudación de impuestos.

El impuesto sobre la renta tiene un problema de impulso. Su recaudación real creció un 13,7% entre 2021 y 2023, pero luego perdió fuerza: en los dos años siguientes se contrajo un 1,2% y cerró 2025 todavía por debajo del techo alcanzado hace dos años.

La Administración Tributaria plantea modificar los formularios de las declaraciones autoliquidativas del IVA y del impuesto sobre las utilidades para incorporar un apartado con los datos del profesional que las elabora. La propuesta fue analizada en el más reciente AT Live de Actualidad Tributaria, con la participación del Lic. Aldo Longhi.

Tres nuevos proyectos de ley que forman parte de la Estrategia Nacional contra el Contrabando y la Evasión Fiscal que ejecuta el gobierno de la República, fueron entregados la tarde de este lunes al Congreso por los viceministros de la Presidencia, Alejandro Barrantes y de Ingresos de Hacienda, Víctor Julio Carvajal

El Ministerio de Hacienda presentó a la corriente legislativa un proyecto de ley (expediente 25.735) para que las personas pertenecientes a hogares en condición de pobreza reciban de manera automática, al momento de realizar la compra, la devolución del impuesto al valor agregado (IVA) pagado por útiles escolares, uniformes, computadoras, tabletas y teléfonos celulares.

La Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda puso a disposición para consulta pública, dos proyectos de resolución que establecen la obligación a contadores y asesores fiscales de consignar los datos identificativos (nombre, número de identificación y carné de agremiado) en las declaraciones de los impuestos al valor agregado y sobre las utilidades que elaboren.

Las acciones de control emprendidas por el Ministerio de Hacienda de mayo a julio de 2026 incrementaron los decomisos de mercancías en un 58%, en comparación con el mismo periodo del 2025, al pasar de 13 millones a 30 millones de unidades.

El proyecto de ley que otorgaría al Ministerio de Hacienda la potestad de decretar y ejecutar embargos administrativos contra contribuyentes morosos, pone sobre la palestra la concentración de funciones de acreedor, ejecutor y autoridad del proceso en la entidad.

El Ministerio de Hacienda presentó un proyecto de ley que permitiría a la Administración Tributaria ordenar y ejecutar embargos de bienes a contribuyentes morosos sin necesidad de contar previamente con una autorización judicial. La iniciativa forma parte del plan fiscal impulsado por el gobierno para fortalecer la recaudación y mejorar las finanzas públicas.

Uno de los aspectos que más preocupa a los contribuyentes es el régimen sancionatorio. La omisión en la presentación de la D-270 puede generar multas calculadas sobre los ingresos del período fiscal anterior, sujetas a los límites establecidos en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

Raymundo Volio, de Actualidad Tributaria, señala que la medida está pensada para los contribuyentes formales y duda de su impacto en la recaudación. “Esta medida está pensada para contribuyentes formales que realizan actividades lucrativas y lo que se haría es incluir un dato para mejorar el control tributario. El problema del SINPE son las transacciones ocultas u omisas, y estas pueden originarse en personas que no están inscritas en Hacienda, en cuyo caso la medida no resolvería en nada ese conflicto”, indicó.

Durante un reciente AT Live, el especialista tributario Lic. Aldo Longhi explicó que la D-270 tiene como objetivo informar las compras y ventas de bienes y servicios que no están respaldadas por un comprobante electrónico, permitiendo a Tributación fortalecer sus mecanismos de control y cruces de información.

Volio afirma que, pese a las reformas fiscales implementadas en los últimos años, la recaudación no ha crecido al nivel esperado y el principal problema sigue siendo la falta de control tributario efectivo. A su criterio, las modificaciones legales no son suficientes si no están acompañadas de una administración tributaria con mayor capacidad de fiscalización, ya que la percepción de impunidad puede incentivar mayores niveles de evasión

La firma argumentó que el sistema especial le exige altos costos en alquileres y auditorías, además de que el clima de negocios nacional se ha visto afectado por presiones fiscales.

Para el Colegio, la medida contribuiría a reducir la competencia desleal entre pequeñas y medianas empresas (pymes). Además, considera que fortalecería la trazabilidad de las transacciones comerciales realizadas mediante Sinpe Móvil y otros medios de pago.