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El pago del ajuste salarial retroactivo a funcionarios públicos por aumento en el costo de vida, que se mantuvo “congelado” desde abril de 2020, es uno de los dos factores principales que elevó el gasto total del Gobierno.

Un total de 130.119 servidores del sector público recibirán este viernes, junto con el pago ordinario de la primera quincena de junio el monto del aumento general por costo de vida congelado desde abril de 2020, correspondiente al año 2024.

Los patronos que hagan pagos retroactivos a sus trabajadores ya no pagarán intereses cuando realicen la declaración rectificativa y liquidación del impuesto al salario, debido a una reforma que entró en vigencia el 7 de mayo.

Mediante la Ley N.º 10.469, publicada en el diario oficial La Gaceta el 07 de mayo del 2024, se modificó el artículo 33 de la Ley del impuesto sobre la renta (N.º 7.092), norma que regula el impuesto sobre el salario que se aplica a los pagos retroactivos.

El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes en primer debate un proyecto de ley de la diputada liberal, Johana Obando Bonilla con el que se pretende evitar que el Ministerio de Hacienda haga cobros injustos del impuesto sobre la renta a los asalariados cuando estos reciban pagos retroactivos, situación en la que se encuentran en este momento miles de empleados públicos a quienes se les ha empezado a depositar el aumento salarial acumulado desde el año 2020.

A partir del 30 de enero, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) reembolsará alrededor de ¢1,2 millones a 41 clientes que firmaron contratos bajo las nuevas condiciones de la ley de generación distribuida.

Los diputados dejaron en firme al aprobar en segundo debate este lunes (por unanimidad), el expediente 21.434, una iniciativa que impone un plazo de prescripción de cuatro años a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para el cobro de cargas sociales a los trabajadores independientes.