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Los contribuyentes tienen plazo hasta los primeros 25 días naturales de enero de 2027 para presentar la declaración informativa D-270 correspondiente al periodo 2026.

A setiembre 2026 los ingresos totales del Gobierno siguen mejorando, al alcanzar ¢5.585.328 millones. Si bien esta es la cifra más alta registrada en los últimos 20 años al cierre de un tercer trimestre, resulta insuficiente para atender sin presiones los programas prioritarios para la población costarricense y los compromisos del país.

Raymundo Volio, abogado experto en tributación, advirtió que el cierre del proceso representa una oportunidad para que miles de trabajadores independientes regularicen su situación ante la seguridad social.

Así lo reconoce Luis Javier Porras, presidente de la Comisión de Asuntos Tributarios del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, al referirse a un plan que impulsa el Ministerio de Hacienda para que se registren ante la Administración Tributaria los números de teléfono utilizados para realizar transacciones mediante Sinpe Móvil en actividades económicas.

Según estadísticas del Banco Central de Costa Rica (BCCR) citadas en el decreto, al cierre de mayo de 2026 existían 4,8 millones de suscripciones activas de teléfonos a esa plataforma. En 2025, las transacciones por esta vía sumaron ¢12,5 billones.

La Contraloría General de la República (CGR) señaló deficiencias en los controles del Ministerio de Hacienda para el cobro del impuesto sobre los ingresos y las utilidades, también conocido como impuesto sobre la renta.

La resolución determinó que Hacienda dejó sin contestar lo relacionado con evaluaciones de impacto en la protección de datos personales y posibles coordinaciones con la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab).

El Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica recomienda no esperar hasta el final del período. Octubre todavía permite verificar que la información financiera y tributaria esté respaldada, que las obligaciones del ejercicio fiscal hayan sido atendidas y que no queden situaciones que puedan convertirse en contingencias.

El Consejo Nacional de Rectores (Conare) rechazó que el análisis que mantiene la Dirección General de Tributación sobre transferencias internacionales de las universidades públicas corresponda a una controversia por evasión fiscal y aseguró que se trata de una diferencia de criterio técnico sobre la aplicación del Impuesto sobre las Remesas al Exterior (IRE).

Esta acción forma parte de los planes de control que vienen realizando las direcciones generales de Tributación, Aduanas y la Policía de Control Fiscal, en el marco de la Estrategia Nacional de Lucha contra el Contrabando y la Evasión Fiscal, los que, a la fecha, han generado resultados muy positivos en decomisos de mercancías, determinación de impuestos dejados de pagar, sanciones y regularización de obligaciones tributarias.

El viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda, Víctor Carvajal, confirmó que la Dirección General de Tributación mantiene abiertas investigaciones contra todas las universidades públicas por presuntos incumplimientos tributarios.

Para Raymundo Volio, abogado experto en tributación de Volio Law, los contribuyentes no deberían asumir que un saldo a favor es simplemente un dato contable que queda dentro de TRIBU-CR y que es importante revisar la cuenta tributaria, determinar de dónde proviene ese crédito y conocer si puede utilizarse para compensar otras obligaciones o si corresponde solicitar su devolución.

El Ministerio de Hacienda presentó este martes, 22 de setiembre, ante la Asamblea Legislativa, dos nuevos proyectos de ley, con el objetivo de fortalecer las finanzas públicas, mejorar la gestión de los beneficios fiscales y aumentar la recaudación de impuestos.

Con una planilla de 175 auditores para toda Costa Rica, el Ministerio de Hacienda busca frenar una brecha tributaria que supera los ¢4 billones anuales, equivalentes a un 6% del Producto Interno Bruto (PIB).

Según el dictamen de la Contraloría General de la República (CGR) sobre los estados financieros consolidados de 2025, emitido el 28 de agosto de 2026, al corte del 6 de octubre del año pasado, la migración al nuevo sistema TRIBU-CR registró saldos a favor habilitados para su utilización por ¢1.117.898 millones.

Víctor Carvajal, viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda, descartó que se efectúe una investigación en la entidad a raíz del portillo administrativo, abierto vía decreto ejecutivo en setiembre de 2024, que permitió importar vehículos con menor valor.

El Ministerio de Hacienda publicó este viernes, el decreto ejecutivo N° 45920, para evitar la subfacturación y la subvaloración de vehículos que generan distorsiones en el mercado y afectan la recaudación tributaria.

El Poder Ejecutivo presentó a la corriente legislativa un proyecto de ley (expediente 25.737) para permitir al Ministerio de Hacienda corregir el valor fiscal de vehículos cuando detecte diferencias significativas entre el monto utilizado como referencia tributaria y el valor promedio de mercado de automotores con características similares.

Así lo informó después de que la Dirección General de Tributación de Hacienda puso en consulta pública dos proyectos que establecen la obligación de que los contadores y asesores fiscales consignen sus datos identificativos (nombre, número de identificación y carné de agremiado) en las declaraciones tributarias que elabore

La Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda puso a disposición para consulta pública, dos proyectos de resolución que establecen la obligación a contadores y asesores fiscales de consignar los datos identificativos (nombre, número de identificación y carné de agremiado) en las declaraciones de los impuestos al valor agregado y sobre las utilidades que elaboren.

Las acciones de control emprendidas por el Ministerio de Hacienda de mayo a julio de 2026 incrementaron los decomisos de mercancías en un 58%, en comparación con el mismo periodo del 2025, al pasar de 13 millones a 30 millones de unidades.

El proyecto de ley que otorgaría al Ministerio de Hacienda la potestad de decretar y ejecutar embargos administrativos contra contribuyentes morosos, pone sobre la palestra la concentración de funciones de acreedor, ejecutor y autoridad del proceso en la entidad.

El trámite debe realizarse con al menos dos meses de anticipación al vencimiento del próximo pago. Por ejemplo, quienes necesiten reducir el pago que vence el 30 de setiembre deben presentar la solicitud a más tardar el 30 de julio.

Durante un reciente AT Live, el especialista tributario Lic. Aldo Longhi explicó que la D-270 tiene como objetivo informar las compras y ventas de bienes y servicios que no están respaldadas por un comprobante electrónico, permitiendo a Tributación fortalecer sus mecanismos de control y cruces de información.

La Policía de Control Fiscal (PCF), adscrita al Ministerio de Hacienda, intervino 26 negocios cerca del mercado La Coca-Cola, en San José, este jueves 2 de julio, con el objetivo de combatir la evasión fiscal y el contrabando. Esta es una de las estrategias con las que el Gobierno busca no subir impuestos y recaudar adecuadamente los que ya existen.

El Ministerio de Hacienda puso a disposición para consulta pública el proyecto de reforma reglamentaria “ADICIÓN AL ARTÍCULO 22 DEL REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO, DECRETO EJECUTIVO N. 38277-H DEL 07 DE MARZO DE 2014, mediante el cual, se establece la obligación a los contribuyentes de registrar el número o números de teléfono vinculado(s) a la actividad económica afecta al pago de impuestos, por los cuales se reciben pagos a través de la plataforma SINPE Móvil del Banco Central de Costa Rica u otras aplicaciones tecnológicas con características similares autorizadas por las entidades competentes.

El próximo 30 de junio vence el plazo para realizar el primero de estos adelantos, que se completan con otros dos pagos en setiembre y diciembre. Cada desembolso equivale al 25% del impuesto total correspondiente al ciclo fiscal, mientras que el 25% restante se cancela en marzo del año siguiente, junto con la declaración definitiva del tributo.

Como parte de las acciones para combatir la evasión fiscal y el contrabando, este miércoles, el Ministerio de Hacienda decomisó cerca de 65 mil unidades de licor diverso (wisky, cerveza, ron, cidra y vodka) en un operativo realizado en bodegas y negocios ubicados en Grecia, Heredia y Guadalupe. En algunos casos se presume la evasión de impuestos por parte de los comerciantes, al no contar con los permisos de importación o no disponer de los documentos que respalden la compra de estas mercancías y su venta en el país.

Según se analizó durante el programa, uno de los principales retos jurídicos radica en demostrar una afectación inmediata, ya que actualmente la obligación todavía no ha entrado en vigencia, lo que podría dificultar la admisión de una medida cautelar desde una perspectiva procesal.

Las medidas cautelares en materia tributaria continúan siendo un tema de alta relevancia para los contribuyentes en este 2026, especialmente ante la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y sus efectos en los procesos de fiscalización y determinación de obligaciones.