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La reducción en el impuesto de la renta para los trabajadores independientes pasó de ser un proyecto sin oposición, a un expediente votado en contra únicamente por el oficialismo, y a las puertas de su segundo debate, fue enviado a consulta a la Sala Constitucional, con lo que se evidenció su ascenso a tema mayor para el Gobierno, que incluso podría valorar un veto.

Una reforma a la Ley contra la Delincuencia Organizada para Fortalecer la Función de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa (8.757), ya aprobada en primer debate por los diputados, se convirtió en blanco de críticas por parte de expertos legales.

El Ministerio de Hacienda buscará una reforma constitucional para que el endeudamiento externo del Gobierno no tenga que pasar por la aprobación de los diputados.

La fracción del Frente Amplio presentó un proyecto de ley el cual propone hacer obligatoria la publicación anual de la lista de grandes contribuyentes que declaran cero ganancias.

Marta Acosta Zúñiga, contralora general de la República, advirtió a los magistrados de la Sala IV sobre los riesgos constitucionales y financieros que implicaría excluir a las cinco universidades públicas de la regla fiscal que limita el crecimiento del gasto.

Desde el pasado primero de mayo, cuando se inició el primer periodo de sesiones extraordinarias de la segunda legislatura de la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo no ha convocado ningún proyecto de ley para corregir el incumplimiento del país en reformar el sistema de imposición para gravar las rentas pasivas extraterritoriales, razón por la cuál el país está en la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea (UE) desde el pasado 14 de febrero

La administración del presidente Rodrigo Chaves promoverá una reforma a la Constitución Política con el objetivo de eliminar la obligación del Gobierno de pedir autorización a los diputados cada vez que decide emitir deuda externa o suscribir créditos de apoyo presupuestario con organismos internacionales.

La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos dictaminó afirmativamente el expediente 23.187 titulado «Interpretación Auténtica del Artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley N.º 7092 del 21 de abril de 1988» que establece que estarán gravadas con el impuesto sobre la renta únicamente los ingresos que resulten de transacciones o contratos cuya fuente esté ubicada en el territorio costarricense.

Los diputados dejaron en firme al aprobar en segundo debate este lunes (por unanimidad), el expediente 21.434, una iniciativa que impone un plazo de prescripción de cuatro años a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para el cobro de cargas sociales a los trabajadores independientes.