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La regla fiscal, uno de los principales mecanismos para contener el gasto público, opera sin una fiscalización integral. Así lo advirtió la Contraloría General de la República (CGR) a la Asamblea Legislativa al señalar que, desde el 2022, no puede auditar con certeza el cumplimiento de esta norma en las instituciones del sector público, incluyendo el Gobierno Central.

Tres de las reformas fiscales planteadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe más reciente sobre Costa Rica coinciden con medidas impulsadas por el exmandatario Rodrigo Chaves Robles durante el segundo año de su mandato.

El Ministerio de Hacienda descartó que el plan fiscal que presentará al Poder Ejecutivo contemple nuevos impuestos o aumentos en las cargas tributarias actuales, según el viceministro de Hacienda, Víctor Carvajal.

La presentación incorrecta de la Declaración Informativa de Precios de Transferencia puede exponer a las empresas a importantes sanciones económicas y contingencias tributarias, especialmente cuando se omite la elaboración previa del estudio técnico que respalda la información declarada.

En sus declaraciones, el ministro deslizó de forma explícita una de las medidas más sensibles del eventual paquete: elevar el impuesto al valor agregado (IVA) que hoy pagan los bienes de consumo esencial. “Consideren ustedes subir el impuesto, el IVA a la canasta básica, consideren ustedes varias opciones”, expresó al describir el abanico de alternativas sobre la mesa.

La experta recordó que no se trata de presentar nuevamente la información reportada en marzo, ya que cada declaración debe reflejar la realidad económica y financiera del período fiscal correspondiente. Por esta razón, replicar la información utilizada para el período 2024 podría generar inconsistencias y errores relevantes ante una eventual fiscalización.

El viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda, Víctor Julio Carvajal, presentó este lunes a integrantes del equipo directivo que lo acompañará en el fortalecimiento de la recaudación y la lucha frontal contra la defraudación fiscal, los dos ejes que definen el mandato de esta área.

La creciente presión sobre las finanzas públicas vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre una eventual reforma tributaria en Costa Rica.

Las empresas costarricenses deberán prestar especial atención a la forma en que llevan su contabilidad financiera y tributaria, especialmente tras las recientes actualizaciones relacionadas con la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

La Administración Tributaria comenzará a fiscalizar la contabilidad de los contribuyentes con base en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) a partir de enero de 2027, según la nueva resolución comentada durante el AT Live de esta semana.

Bank of America Securities considera que el gobierno de Laura Fernández mantendría la regla fiscal y tendría margen político para impulsar reformas relacionadas con la emisión de deuda externa, bajo el liderazgo del expresidente Rodrigo Chaves al frente del Ministerio de Hacienda.

La aplicación de las NIIF continúa generando importantes efectos en materia tributaria para los contribuyentes en este 2026. Comprender cómo impactan estas normas en la determinación de impuestos, registros contables y cumplimiento fiscal es clave para evitar diferencias con la Administración Tributaria

Las empresas catalogadas como grandes contribuyentes deberán prestar especial atención a la correcta aplicación de las NIIF plenas ante el nuevo enfoque de fiscalización anunciado por la Administración Tributaria.

Este jueves 14 de mayo , Víctor Julio Carvajal Porras fue juramentado por la señora Laura Fernández Delgado, Presidente de la República, como Viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda.

El Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica anunció su oposición a la resolución de la Dirección General de Tributación que obligaría a los grandes contribuyentes a aplicar las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) plenas a partir del 1 de enero de 2027.

El Ministerio de Hacienda realizó una histórica captación de recursos en el mercado local por un monto total equivalente a 652.665,81 millones de colones, operación que le deja en una posición sólida para enfrentar las obligaciones financieras previstas para el resto del año.

El reciente fallo del Tribunal Fiscal Administrativo (TFA) en el caso de una empresa hotelera vuelve a poner en primer plano la figura del “incremento no justificado de patrimonio”, uno de los instrumentos más potentes –y polémicos– de la Hacienda costarricense.

En línea con las políticas de transparencia fiscal y con el objetivo de brindar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes, establecer los lineamientos de la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y fortalecer las herramientas de control sobre los Grandes Contribuyentes Nacionales, la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, emitió la resolución N°MH-DGT-RES-0015-2026 Criterios interpretativos sobre la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera respecto a la normativa tributaria.

La administración de Laura Fernández enfrentará un entorno económico exigente, marcado por factores internacionales adversos y desequilibrios internos que podrían limitar el crecimiento y la generación de empleo.

En dos semanas, Manuel Tovar Rivera, concluye su gestión al frente del Ministerio de Comercio Exterior (Comex) en la Administración Chaves Robles. Dice estar dispuesto a continuar aportando desde el gobierno de Laura Férnandez.

El uso de nuevas tecnologías le permitió al Ministerio de Hacienda descubrir un entramado de sociedades y personas que se dedicaban a comprar y vender facturas, con el fin de simular operaciones y pagar menos impuestos. En total, se detectaron comprobantes falsos por unos ¢80.000 millones en favor de unos 200 contribuyentes.

“Las sociedades en Costa Rica siempre serán contribuyentes. Hoy nos enfrentamos a la primera declaración de inactivas en la plataforma de TRIBU-CR. Por eso, insisto en que debe presentarse con tiempo de antelación a la fecha límite para evitar errores o toparse con inconsistencias del sistema y, si lo amerita, poder contactar a algún profesional para obtener asesoría”, dijo Raymundo Volio, abogado experto en impuestos de Actualidad Tributaria.

La agencia estadounidense de Aduanas anunció el lunes que ya está disponible el portal web para que las empresas soliciten el reembolso de los aranceles a las importaciones anulados por la corte suprema.

Las diferencias cambiarias son un aspecto clave en la determinación de la base imponible para los contribuyentes en este 2026. Una incorrecta aplicación de los tipos de cambio o un registro inadecuado puede generar distorsiones en los resultados fiscales, así como ajustes y posibles sanciones por parte de la Administración Tributaria.

El flujo de inversión extranjera (IED) proveniente de Estados Unidos se desplomó en el 2025, en comparación con el 2024, según datos preliminares del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

La resolución de proporcionalidad es un elemento clave para aquellos contribuyentes que realizan tanto actividades gravadas como exentas en este 2026. Una incorrecta determinación del porcentaje de crédito fiscal puede generar diferencias con la Administración Tributaria, ajustes y posibles sanciones.

Con el objetivo de otorgar el tiempo necesario para que contribuyentes que deben presentar la Declaración 270 “Informativa Resumen Mensual de Clientes, Proveedores y Gastos Específicos que no estén amparados en un comprobante electrónico” y requieren adaptar los sistemas informáticos a las condiciones de esta obligación, la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda informó que modificó los plazos para su presentación.

Los contribuyentes pueden gestionar dos nuevas facilidades para el pago de impuestos a través del Sistema Integrado de Administración Tributaria, conocido como Tribu-CR.

El Ministerio de Hacienda anunció que implementará planes de control de las plataformas tecnológicas dedicadas al alquiler de residencias en Costa Rica. La intención es lograr una fiscalización tributaria sobre los dueños de las casas, muchas de lujo y alto costo.