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La austeridad fiscal “ortodoxa” aplicada actualmente en Costa Rica compromete los objetivos de desarrollo humano y no ha logrado garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo.

El presupuesto del Régimen de Invalidez Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) tendrá un faltante de ¢55.000 millones para el año 2025 correspondiente a ingresos por transferencias del Estado.

El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, señaló que “la reciente mejora en la calificación y perspectiva crediticia por parte de las agencias calificadoras de riesgo Moody´s y S&P Global Ratings, respectivamente, nos dice que el esfuerzo que estamos haciendo como país rinde buenos frutos”.

El objetivo del Gobierno era que la deuda de Costa Rica fuera menor al 60% del Producto Interno Bruto (PIB) para el cierre del año 2025. Sin embargo, las condiciones de la economía costarricense han cambiado y ahora será hasta el 2026.

Las grandes empresas con ingresos anuales superiores a unos $800 millones aproximadamente y que tienen sedes en Costa Rica tendrían que pagar el impuesto mínimo global.

Este año cerraría con un mayor deterioro del déficit fiscal (diferencia entre ingresos y gastos del Gobierno) a causa de una disminución en la recaudación tributaria y un aumento del gasto público.

El Ministerio de Hacienda confirmó un deterioro en las cifras fiscales en la actualización con corte a agosto del 2024. Según esta, el déficit fiscal está subiendo como consecuencia del aumento en los gastos y los intereses de la deuda pública, al tiempo que se desacelera la recaudación de impuestos.

La decisión de bajar 0,5 puntos la Tasa de Política Monetaria, tomada por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) el pasado 19 de setiembre, podría tener efectos positivos en la población endeudada, o que piensan solicitar préstamos.

En lo que va de este año, el Ministerio de Hacienda ha vendido $700 millones en total al Banco Central de Costa Rica (BCCR) para financiar gasto corriente.

Gracias a la disciplina fiscal para recortar el gasto público, el cambio de deuda cara por deuda con mejores condiciones y el cobro del impuesto al valor agregado, el gobierno de Rodrigo Chaves disfruta de las mejores cifras fiscales de los últimos 3 años al excluir el pago de los intereses de la deuda.

El Ministerio de Hacienda vendió el 17 de setiembre anterior $200 millones al Banco Central de Costa Rica (BCCR) de parte de los depósitos que mantiene en esa entidad para financiar gasto corriente.

En los últimos años, el Ministerio de Hacienda ha publicado las listas de grandes contribuyentes que declararon “cero ganancias” en el impuesto sobre la renta o el impuesto a las utilidades, las cuales se encuentran disponibles al público general en su página web.

Con una ejecución del 69,6% del gasto del presupuesto nacional, el pago de intereses de la deuda representa casi el mismo monto que en Educación, con un 26,5% del total.

El gasto total y corriente del Gobierno no podrá crecer más de un 3,75% el próximo año, según lo establece la regla fiscal para el presupuesto nacional de 2025.

A partir de la actualización de las proyecciones macroeconómicas emitidas por el Banco Central (BCCR) en su más reciente Informe de Política Monetaria, el Ministerio de Hacienda y dicha entidad expusieron, este jueves 22 de agosto, al mercado financiero bursátil, una actualización de sus planes de financiamiento y colocación de títulos valores para la segunda mitad del 2024.

La captación de impuestos del Gobierno en 2025 crecerá en términos absolutos por un monto de ¢371.409 millones. Sin embargo, la carga tributaria, indicador que muestra la relación entre la recaudación y el producto interno bruto (PIB), tendrá un retroceso, ubicándose en el nivel más bajo desde 2021.

El proyecto de presupuesto ordinario del Gobierno Central para 2025, que el Ministerio de Hacienda entregará a la Asamblea Legislativa en los próximos días, aplicará la regla fiscal con un límite máximo del 3,75% en el crecimiento del gasto total del Sector Público No Financiero (SPNF), según confirmó la entidad. Este límite es superior al 3,53% aplicado en el presupuesto de 2024.

El diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Gilberth Jiménez Siles, presentó a la corriente legislativa un proyecto de ley (expediente 24.515) para excluir los gastos e inversiones del Poder Judicial del límite de crecimiento que establece la regla fiscal, introducida por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley 9635).

Para el especialista tributario Raymundo Volio, uno de los principales cambios es que todas las mipymes podrían ingresar al régimen simplificado. En la actualidad solo pueden acceder 22 tipos de microempresas, entre ellas las dedicadas a servicios de alimentación, taxis, reparación y creación de ropa, agro y otras.

Les esperamos este lunes 19 de agosto en nuestro programa AT Live de las 3:00 p.m., con nuestro director y especialista en impuestos, el MDT. Raymundo Volio.