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Así lo informó después de que la Dirección General de Tributación de Hacienda puso en consulta pública dos proyectos que establecen la obligación de que los contadores y asesores fiscales consignen sus datos identificativos (nombre, número de identificación y carné de agremiado) en las declaraciones tributarias que elabore

Después de presentar una declaración informativa de precios de transferencia, es posible que al revisar con más calma la información el contribuyente detecte que algún dato no fue consignado correctamente. Puede tratarse de un error en un monto, un porcentaje, una operación con una parte relacionada o incluso en información más sencilla, como la identificación de una base de datos utilizada.

Las declaraciones rectificativas en materia de precios de transferencia son un tema de gran importancia para los contribuyentes: corregir información presentada previamente requiere un análisis técnico adecuado, ya que una rectificación puede tener implicaciones fiscales y generar dudas sobre el procedimiento correcto ante la Administración Tributaria.

Las modificaciones que Hacienda implementará en los comprobantes electrónicos no solo incorporan nuevos documentos para corregir errores. También introducen un concepto que, por ahora, continúa generando incertidumbre entre empresas, contadores y asesores tributarios: el error material.

Un nuevo reglamento usará el valor de referencia del mercado nacional para la declaración que se realiza en la importación de vehículos y permitirá “cerrar el portillo de la subfacturación”, las nuevas reglas entrarán a regir la próxima semana.

Las nuevas reglas para los comprobantes electrónicos ya tienen una fecha prevista de entrada en vigor y representan uno de los cambios operativos más relevantes que enfrentarán las empresas durante este año. A partir del 1.° de noviembre de 2026, la Administración Tributaria pretende fortalecer la trazabilidad de la información entre comprobantes electrónicos, lo que implicará ajustes importantes en la emisión de notas de crédito y en la forma de corregir determinados errores de facturación

La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo contra el Ministerio de Hacienda por no responder de manera clara y completa una solicitud de información que presentó el ciudadano José Bernave Sánchez Pérez sobre el eventual uso de tecnologías desarrolladas por el Mossad israelí para detectar el contrabando mediante las importaciones.

El Ministerio de Hacienda presentó un proyecto de ley que permitiría a la Administración Tributaria ordenar y ejecutar embargos de bienes a contribuyentes morosos sin necesidad de contar previamente con una autorización judicial. La iniciativa forma parte del plan fiscal impulsado por el gobierno para fortalecer la recaudación y mejorar las finanzas públicas.

Santa Cruz ya recauda más dinero por el Impuesto sobre los Bienes Inmuebles que cantones como Curridabat, Montes de Oca o La Unión, a pesar de tener una población muy inferior. Carrillo, Nicoya y Liberia también figuran entre los municipios con mayores ingresos relacionados con ese tributo en todo Costa Rica.

Costa Rica figura en la lista de los 60 países a los que Estados Unidos impondría un nuevo arancel del 12,5 % a las importaciones de mercancías producidas con trabajo forzoso.

El Poder Judicial calificó de “crítico” el recorte de ¢3.053 millones a su presupuesto del 2026 que ejecutó el Ministerio de Hacienda, que afectará el gasto operativo.

La diputada de Liberación Nacional (PLN), Diana Murillo, advirtió a los pequeños, medianos y grandes comerciantes sobre presuntos cobros de más realizados por el sistema Tribu-CR, luego de que el Ministerio de Hacienda reconociera que se cobraron ¢1.681,6 millones en exceso a ciudadanos y empresas.

El viceministro de Ingresos, Víctor Carvajal, confirmó que Hacienda también busca ampliar el marco sancionatorio para quienes se beneficien de exoneraciones tributarias sin cumplir los requisitos legales

La firma argumentó que el sistema especial le exige altos costos en alquileres y auditorías, además de que el clima de negocios nacional se ha visto afectado por presiones fiscales.

La Contraloría General de la República (CGR), órgano encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos, advirtió de que un recorte presupuestario solicitado por el Ministerio de Hacienda podría llevar a la institución a un eventual cierre técnico.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) lleva más de un año sin contar con estados financieros institucionales aprobados.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) cuestionó el manejo del tipo de cambio del dólar en Costa Rica y recomendó disminuir la intervención del Banco Central de Costa Rica (BCCR) en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex).

La presentación extemporánea de la declaración informativa de precios de transferencia puede convertirse en una importante contingencia para las empresas obligadas a cumplir con esta obligación tributaria. Más allá de las sanciones económicas previstas por la normativa, el incumplimiento puede dar lugar a requerimientos de la Administración Tributaria y aumentar el riesgo durante un eventual proceso de fiscalización.

Los ingresos por el pago del impuesto al valor agregado (IVA) a nivel interno se redujeron en ¢13.975 millones en el primer trimestre del 2026 en comparación con el mismo periodo del año pasado.

El Ministerio de Hacienda puso a disposición para consulta pública el proyecto de reforma reglamentaria “ADICIÓN AL ARTÍCULO 22 DEL REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO, DECRETO EJECUTIVO N. 38277-H DEL 07 DE MARZO DE 2014, mediante el cual, se establece la obligación a los contribuyentes de registrar el número o números de teléfono vinculado(s) a la actividad económica afecta al pago de impuestos, por los cuales se reciben pagos a través de la plataforma SINPE Móvil del Banco Central de Costa Rica u otras aplicaciones tecnológicas con características similares autorizadas por las entidades competentes.

El ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, anunció el miércoles 24 de junio de 2026 que Costa Rica usará tecnología desarrollada en Israel por el Mossad para combatir la evasión fiscal y el contrabando. Para entender qué significa eso, hay que saber primero qué es el Mossad.

El próximo 30 de junio vence el plazo para realizar el primero de estos adelantos, que se completan con otros dos pagos en setiembre y diciembre. Cada desembolso equivale al 25% del impuesto total correspondiente al ciclo fiscal, mientras que el 25% restante se cancela en marzo del año siguiente, junto con la declaración definitiva del tributo.

La apreciación del colón, la disminución de las exportaciones de dispositivos médicos y la salida de empresas frenaron el crecimiento de las zonas francas durante los primeros cuatro meses de este año.

El descenso sostenido del tipo de cambio ha generado inquietudes entre personas trabajadoras que reciben su salario en dólares y ven reducido su poder adquisitivo al convertir sus ingresos a colones. Sin embargo, realizar un cambio en la moneda de pago no es una decisión que pueda adoptar unilateralmente un empleador.

Tres de las reformas fiscales planteadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe más reciente sobre Costa Rica coinciden con medidas impulsadas por el exmandatario Rodrigo Chaves Robles durante el segundo año de su mandato.

Los magistrados de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia confirmaron una sentencia según la cual la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no puede hacer cobros retroactivos a los trabajadores independientes, para saldar supuestas diferencias en sus cuotas a la seguridad social, únicamente a partir de la revisión de sus declaraciones del impuesto sobre la renta.

La presentación incorrecta de la Declaración Informativa de Precios de Transferencia puede exponer a las empresas a importantes sanciones económicas y contingencias tributarias, especialmente cuando se omite la elaboración previa del estudio técnico que respalda la información declarada.

La experta recordó que no se trata de presentar nuevamente la información reportada en marzo, ya que cada declaración debe reflejar la realidad económica y financiera del período fiscal correspondiente. Por esta razón, replicar la información utilizada para el período 2024 podría generar inconsistencias y errores relevantes ante una eventual fiscalización.