Noticias

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) presentó los resultados del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a agosto de 2026, que indican una variación interanual de -0.17%.

El aumento de las tasas de interés en Estados Unidos, vinculado al deterioro fiscal de ese país, las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y la inflación, encarecería el financiamiento de Costa Rica en el exteri

“Acelerando la transformación a través de finanzas públicas sostenibles para la biodiversidad”, FAST, por sus siglas en inglés, es un nuevo proyecto liderado en Costa Rica por el Ministerio de Hacienda, financiado por la Iniciativa Internacional para el Clima (IKI) del Gobierno Federal de Alemania, liderado por la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ) y co-implementado con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

El Poder Ejecutivo presentó a la corriente legislativa un proyecto de ley (expediente 25.736) que propone una amplia reforma a la Ley General de Aduanas (Ley 7557), entre cuyos principales cambios figura elevar de $5.000 a $20.000 el umbral para que el contrabando constituya un delito y trasladar los casos de menor cuantía al régimen de infracciones administrativas cuando corresponda.

El Ministerio de Hacienda redujo de ¢4,2 billones a ¢4,04 billones su estimación de necesidades de financiamiento para 2026, según la revisión semestral del Plan de Financiamiento presentada junto con el Banco Central de Costa Rica (BCCR). La revisión incorporó las proyecciones del Informe de Política Monetaria publicado por el BCCR en julio.

El Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Costa Rica (BCCR) presentaron este miércoles 26 de agosto, la revisión semestral del Plan de Financiamiento 2026, que detalla las estrategias de captación de recursos que ambas entidades ejecutarán durante el año.

El Ministerio de Hacienda publicó este viernes, el decreto ejecutivo N° 45920, para evitar la subfacturación y la subvaloración de vehículos que generan distorsiones en el mercado y afectan la recaudación tributaria.

Contar con la condición PYME no solo permite identificar formalmente a una empresa dentro de esta categoría; también puede abrirle la puerta a programas de financiamiento, capacitación, compras públicas y distintos beneficios económicos. Sin embargo, ser PYME y estar formalmente inscrito como PYME son dos situaciones diferentes.

El Poder Ejecutivo presentó a la corriente legislativa un proyecto de ley (expediente 25.737) para permitir al Ministerio de Hacienda corregir el valor fiscal de vehículos cuando detecte diferencias significativas entre el monto utilizado como referencia tributaria y el valor promedio de mercado de automotores con características similares.

Tres nuevos proyectos de ley que forman parte de la Estrategia Nacional contra el Contrabando y la Evasión Fiscal que ejecuta el gobierno de la República, fueron entregados la tarde de este lunes al Congreso por los viceministros de la Presidencia, Alejandro Barrantes y de Ingresos de Hacienda, Víctor Julio Carvajal

El Ministerio de Hacienda presentó a la corriente legislativa un proyecto de ley (expediente 25.735) para que las personas pertenecientes a hogares en condición de pobreza reciban de manera automática, al momento de realizar la compra, la devolución del impuesto al valor agregado (IVA) pagado por útiles escolares, uniformes, computadoras, tabletas y teléfonos celulares.

La Dirección de Contratación Pública (DCoP) del Ministerio de Hacienda, puso a disposición la nueva “Guía básica para convertirse en proveedor del Estado: Formalización, registro PYME y participación en compras públicas”, con el fin de orientar a personas emprendedoras, pequeñas y medianas empresas interesadas en aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado de compras públicas.

Una persona asalariada aporta actualmente un 5,50% de su sueldo al Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) y un 4,33% al IVM, para una contribución conjunta del 9,83%. En el caso de los trabajadores autónomos, la tasa varía según el nivel de ingresos y oscila entre 7,05% y 19,11% para ambos seguros.

Mes a mes, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) cobra a miles de patronos y trabajadores las cuotas destinadas a financiar pensiones y servicios de salud. Sin embargo, los porcentajes aplicados por la institución no están respaldados por los cálculos actuariales que exige la ley para determinar el costo de los servicios y sustentar esos aportes.

Aunque el sistema tributario costarricense contempla penas de hasta diez años de prisión para quienes defrauden al fisco, en la práctica muy pocas personas terminan tras las rejas.

Así lo informó después de que la Dirección General de Tributación de Hacienda puso en consulta pública dos proyectos que establecen la obligación de que los contadores y asesores fiscales consignen sus datos identificativos (nombre, número de identificación y carné de agremiado) en las declaraciones tributarias que elabore

Cuando un contribuyente descubre un error en una declaración de precios de transferencia, una de las primeras preocupaciones suele ser si corregirlo puede provocar una sanción o llamar automáticamente la atención de la Administración Tributaria.

En vez de cuatro o cinco años de trámites en el Ministerio de Hacienda y en los juzgados, los embargos de la Administración Tributaria se resolverían en unas cuantas semanas, de acuerdo con varios abogados tributarios consultados.

Un nuevo reglamento usará el valor de referencia del mercado nacional para la declaración que se realiza en la importación de vehículos y permitirá “cerrar el portillo de la subfacturación”, las nuevas reglas entrarán a regir la próxima semana.

Las modificaciones que Hacienda implementará en los comprobantes electrónicos no solo incorporan nuevos documentos para corregir errores. También introducen un concepto que, por ahora, continúa generando incertidumbre entre empresas, contadores y asesores tributarios: el error material.

En entrevista con Víctor Julio Carvajal, viceministro de Ingresos, explicó que las herramientas utilizadas antes de Tribu-CR no eran confiables, debido a que los saldos debían revisarse manualmente.

La iniciativa está en construcción y está previsto que se publique a más tardar en setiembre próximo, confirmó en entrevista con Teletica.com el viceministro de Ingresos, Víctor Julio Carvajal.

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) disminuyó su proyección de crecimiento económico para este año, en medio de un contexto mundial marcado por el alza en los precios de las materias primas, especialmente del petróleo, asociada a las tensiones en el Medio Oriente.

Aumentar la tarifa del 1 % al 13 % del impuesto al valor agregado (IVA) para la Canasta Básica Tributaria (CBT), una medida que valora el Gobierno para enfrentar la caída de los ingresos tributarios, afectaría más a las familias de menores ingresos.

El proyecto de ley que otorgaría al Ministerio de Hacienda la potestad de decretar y ejecutar embargos administrativos contra contribuyentes morosos, pone sobre la palestra la concentración de funciones de acreedor, ejecutor y autoridad del proceso en la entidad.

Costa Rica figura en la lista de los 60 países a los que Estados Unidos impondría un nuevo arancel del 12,5 % a las importaciones de mercancías producidas con trabajo forzoso.

El Poder Judicial calificó de “crítico” el recorte de ¢3.053 millones a su presupuesto del 2026 que ejecutó el Ministerio de Hacienda, que afectará el gasto operativo.

La agencia calificadora S&P Ratings confirmó este jueves la calificación soberana de Costa Rica en “BB”, con perspectiva estable.

En el más reciente Comentario de la Economía Nacional, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) indicó que el crédito al sector privado desaceleró su crecimiento en ambas monedas. La afirmación se hizo, en ese momento con datos con corte a abril, pero la información más reciente refleja que la tendencia continúa.

El Ministerio de Hacienda, puso en consulta pública un proyecto de resolución que introduce cambios sustanciales en la Declaración Única Aduanera (DUA) para el Régimen de Tránsito, necesarios para fortalecer la capacidad de fiscalización preventiva y eliminar espacios de opacidad en la gestión aduanera.