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Tres nuevos proyectos de ley que forman parte de la Estrategia Nacional contra el Contrabando y la Evasión Fiscal que ejecuta el gobierno de la República, fueron entregados la tarde de este lunes al Congreso por los viceministros de la Presidencia, Alejandro Barrantes y de Ingresos de Hacienda, Víctor Julio Carvajal

El Ministerio de Hacienda presentó a la corriente legislativa un proyecto de ley (expediente 25.735) para que las personas pertenecientes a hogares en condición de pobreza reciban de manera automática, al momento de realizar la compra, la devolución del impuesto al valor agregado (IVA) pagado por útiles escolares, uniformes, computadoras, tabletas y teléfonos celulares.

La Dirección de Contratación Pública (DCoP) del Ministerio de Hacienda, puso a disposición la nueva “Guía básica para convertirse en proveedor del Estado: Formalización, registro PYME y participación en compras públicas”, con el fin de orientar a personas emprendedoras, pequeñas y medianas empresas interesadas en aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado de compras públicas.

Una persona asalariada aporta actualmente un 5,50% de su sueldo al Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) y un 4,33% al IVM, para una contribución conjunta del 9,83%. En el caso de los trabajadores autónomos, la tasa varía según el nivel de ingresos y oscila entre 7,05% y 19,11% para ambos seguros.

Mes a mes, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) cobra a miles de patronos y trabajadores las cuotas destinadas a financiar pensiones y servicios de salud. Sin embargo, los porcentajes aplicados por la institución no están respaldados por los cálculos actuariales que exige la ley para determinar el costo de los servicios y sustentar esos aportes.

Aunque el sistema tributario costarricense contempla penas de hasta diez años de prisión para quienes defrauden al fisco, en la práctica muy pocas personas terminan tras las rejas.

Así lo informó después de que la Dirección General de Tributación de Hacienda puso en consulta pública dos proyectos que establecen la obligación de que los contadores y asesores fiscales consignen sus datos identificativos (nombre, número de identificación y carné de agremiado) en las declaraciones tributarias que elabore

Cuando un contribuyente descubre un error en una declaración de precios de transferencia, una de las primeras preocupaciones suele ser si corregirlo puede provocar una sanción o llamar automáticamente la atención de la Administración Tributaria.

En vez de cuatro o cinco años de trámites en el Ministerio de Hacienda y en los juzgados, los embargos de la Administración Tributaria se resolverían en unas cuantas semanas, de acuerdo con varios abogados tributarios consultados.

Un nuevo reglamento usará el valor de referencia del mercado nacional para la declaración que se realiza en la importación de vehículos y permitirá “cerrar el portillo de la subfacturación”, las nuevas reglas entrarán a regir la próxima semana.

Las modificaciones que Hacienda implementará en los comprobantes electrónicos no solo incorporan nuevos documentos para corregir errores. También introducen un concepto que, por ahora, continúa generando incertidumbre entre empresas, contadores y asesores tributarios: el error material.

En entrevista con Víctor Julio Carvajal, viceministro de Ingresos, explicó que las herramientas utilizadas antes de Tribu-CR no eran confiables, debido a que los saldos debían revisarse manualmente.

La iniciativa está en construcción y está previsto que se publique a más tardar en setiembre próximo, confirmó en entrevista con Teletica.com el viceministro de Ingresos, Víctor Julio Carvajal.

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) disminuyó su proyección de crecimiento económico para este año, en medio de un contexto mundial marcado por el alza en los precios de las materias primas, especialmente del petróleo, asociada a las tensiones en el Medio Oriente.

Aumentar la tarifa del 1 % al 13 % del impuesto al valor agregado (IVA) para la Canasta Básica Tributaria (CBT), una medida que valora el Gobierno para enfrentar la caída de los ingresos tributarios, afectaría más a las familias de menores ingresos.

El proyecto de ley que otorgaría al Ministerio de Hacienda la potestad de decretar y ejecutar embargos administrativos contra contribuyentes morosos, pone sobre la palestra la concentración de funciones de acreedor, ejecutor y autoridad del proceso en la entidad.

Costa Rica figura en la lista de los 60 países a los que Estados Unidos impondría un nuevo arancel del 12,5 % a las importaciones de mercancías producidas con trabajo forzoso.

El Poder Judicial calificó de “crítico” el recorte de ¢3.053 millones a su presupuesto del 2026 que ejecutó el Ministerio de Hacienda, que afectará el gasto operativo.

La agencia calificadora S&P Ratings confirmó este jueves la calificación soberana de Costa Rica en “BB”, con perspectiva estable.

En el más reciente Comentario de la Economía Nacional, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) indicó que el crédito al sector privado desaceleró su crecimiento en ambas monedas. La afirmación se hizo, en ese momento con datos con corte a abril, pero la información más reciente refleja que la tendencia continúa.

El Ministerio de Hacienda, puso en consulta pública un proyecto de resolución que introduce cambios sustanciales en la Declaración Única Aduanera (DUA) para el Régimen de Tránsito, necesarios para fortalecer la capacidad de fiscalización preventiva y eliminar espacios de opacidad en la gestión aduanera.

Durante el AT Live de Actualidad Tributaria, el Lic. Mauricio Berrocal destacó que el 2027 representa un punto de referencia importante para muchas organizaciones, por lo que recomienda iniciar desde ahora la revisión de sus políticas contables y de la forma en que preparan su información financiera.

La Contraloría General de la República (CGR), órgano encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos, advirtió de que un recorte presupuestario solicitado por el Ministerio de Hacienda podría llevar a la institución a un eventual cierre técnico.

Mediante una medida cautelar, esta unidad de Tesorería busca anular dos oficios que, según alega, restringen atribuciones que le asignan una ley especial y la Constitución Política, al obligarla a someterse a la nueva Dirección de Gestión de Deuda Pública.

Según la organización, en 2025, 34 de los 38 países miembros ofrecían alivios fiscales para gastos de I+D disponibles tanto para pequeñas y medianas empresas como para grandes compañías.

Las exportaciones de servicios de Costa Rica alcanzaron $4.942 millones durante el primer trimestre de 2026, lo que representó un crecimiento interanual de 5%, equivalente a $214 millones más que en el mismo período de 2025.

Una combinación de factores internos y externos presiona los costos de producción y los precios al consumidor, lo que podría provocar una aceleración de la inflación general en el corto plazo.

Los ingresos por el pago del impuesto al valor agregado (IVA) a nivel interno se redujeron en ¢13.975 millones en el primer trimestre del 2026 en comparación con el mismo periodo del año pasado.

El contrabando comprende el ingreso, distribución o comercialización de productos que evaden el pago de impuestos y controles aduaneros. Aunque suele asociarse principalmente con cigarrillos y licor, el fenómeno abarca una lista mucho más amplia de mercancías de consumo cotidiano y alto valor económico.