Noticias

En los últimos años, el Ministerio de Hacienda ha publicado las listas de grandes contribuyentes que declararon “cero ganancias” en el impuesto sobre la renta o el impuesto a las utilidades, las cuales se encuentran disponibles al público general en su página web.

El gasto total y corriente del Gobierno no podrá crecer más de un 3,75% el próximo año, según lo establece la regla fiscal para el presupuesto nacional de 2025.

La captación de impuestos del Gobierno en 2025 crecerá en términos absolutos por un monto de ¢371.409 millones. Sin embargo, la carga tributaria, indicador que muestra la relación entre la recaudación y el producto interno bruto (PIB), tendrá un retroceso, ubicándose en el nivel más bajo desde 2021.

El diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Gilberth Jiménez Siles, presentó a la corriente legislativa un proyecto de ley (expediente 24.515) para excluir los gastos e inversiones del Poder Judicial del límite de crecimiento que establece la regla fiscal, introducida por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley 9635).

Para el especialista tributario Raymundo Volio, uno de los principales cambios es que todas las mipymes podrían ingresar al régimen simplificado. En la actualidad solo pueden acceder 22 tipos de microempresas, entre ellas las dedicadas a servicios de alimentación, taxis, reparación y creación de ropa, agro y otras.

Les esperamos este lunes 19 de agosto en nuestro programa AT Live de las 3:00 p.m., con nuestro director y especialista en impuestos, el MDT. Raymundo Volio.

Los diputados aprobaron en segundo debate el expediente 23.197, una propuesta que busca dar incentivos a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que se beneficiarán con nuevos instrumentos para apoyar sus procesos de formalización, el fortalecimiento del talento de sus colaboradores, y el impulso de sus procesos de innovación y encadenamiento

El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) informó la tarde de este martes 13 de agosto, que procedía con la intervención de la financiera Desyfin S.A.

El Ministerio de Hacienda informó este lunes que al cierre de junio de 2024, Costa Rica registró un déficit fiscal del 1,5% del PIB, debido principalmente a un incremento en los pagos de intereses de la deuda, los cuales alcanzaron ¢1.16 billones, equivalentes al 2,4% del PIB. Este aumento representa un crecimiento interanual del 10,4%, el nivel más alto en los últimos 19 años

El Gobierno incumpliría la meta de regla fiscal, una norma creada por la Asamblea Legislativa en 2018 para limitar el crecimiento del gasto público, en el presupuesto de 2026, según el Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA).

El Ministerio de Hacienda reportó este martes un déficit fiscal del 1.3% del PIB al cierre de mayo, impulsado principalmente por el aumento en los pagos de intereses de la deuda, que ascendieron a ¢978.738 millones. Este monto representa el 2.0% del PIB y mostró un incremento interanual del 9.6%.

El déficit fiscal del Gobierno (diferencia entre ingresos y gastos) podría ser mayor que el año anterior al cierre de 2024, debido a una serie de factores, y esto estrujaría más las posibilidades de que el país disponga de más recursos a mediano plazo para inversión social o infraestructura pública.

La declaración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) puede ser un verdadero dolor de cabeza para las empresas. Lo peor de todo, es que la confusión y el estrés que genera el pago de impuesto puede traducirse en multas económicas y otro tipo de sanciones y afectaciones, como por ejemplo la afectación en el flujo de caja y cierres temporales del negocio.

El déficit fiscal del Gobierno Central fue equivalente al 1,1% del producto interno bruto (PIB) en el primer cuatrimestre de este año, lo cual significó un incremento respecto al mismo periodo del año pasado, cuando alcanzó el 0,7% de la producción

El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este jueves en primer debate un proyecto de ley impulsado por la Contraloría General de la República (CGR) para que las instituciones públicas y privadas que administran fondos públicos, cierren las cuentas que poseen en el sistema bancario costarricense y trasladen sus recursos hacia la Tesorería Nacional.

En el primer trimestre del 2023 el país vivó un fenómeno atípico: su Producto Interno Bruto (PIB) creció en un 4,9% —muy por encima de la región—, pero los ingresos tributarios que registró el Ministerio de Hacienda decrecieron en un 5,1%. Es decir, la mayor productividad costarricense no se tradujo en más recursos para las arcas del Estado, sino, por el contrario, en menos.

Actualmente en la Asamblea Legislativa se discute el proyecto denominado como “Ley para democratizar el libre acceso a Internet”, bajo el expediente número 23.631. En pocas palabras, esta reforma plantea la reducción de la tasa del impuesto al valor agregado (IVA) que se aplica a la prestación de servicios de telecomunicaciones y venta o alquiler de equipos que proveen los operadores para facilitar la interconexión.

El 53% de los costarricenses no disponen de ahorros suficientes para mantenerse por más de tres meses en caso de quedarse sin su fuente de ingresos, mientras que solo el 22% dispone del dinero necesario para enfrentar sus gastos por más de seis meses.

La caída en el precio del dólar en Costa Rica durante el 2023 tuvo un costo de ¢99.828 millones en las finanzas del Gobierno, el año pasado, debido a la disminución en los ingresos tributarios. Esto equivale al 0,21% del producto interno bruto de ese periodo.

Más de 250 mil dueños de sociedades inactivas deberán declarar este próximo 30 de abril, cuando se vence el plazo impuesto por el Ministerio de Hacienda, de no hacerlo se exponen a sanciones.