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Falta de implementación de reformas en intercambio de información tributaria mantuvo al país en la lista de los que incumplen estándares de transparencia, apenas un año de haber logrado aval para dejarla. Ahora, se deberá esperar revisión de Unión Europea para último semestre de 2025.

El Ministerio de Hacienda aclaró esta tarde, que Costa Rica es considerado por la Unión Europea (UE) como un país cooperante y sigue trabajando en aspectos administrativos para cumplir con el último requerimiento establecido por esta, para ser excluido de la lista gris que mantienen esos países.

La Dirección General de Tributación (DGT) concluyó semanas atrás el proceso de consulta pública del documento denominado Resolución sobre Intermacio Automático de Información Respecto de los Vendedores que Realicen Actividades Relevantes a través de Plataformas Digitales, mediante el cual se establecen algunos mecanismos y definiciones para el rastreo de estas actividades.

Una resolución en la que trabaja el Ministerio de Hacienda para pedirle a los ministerios de otros países los datos de quienes están generando ganancias mediante plataformas digitales entraría en rigor en enero del 2025. Aplica para servicios de entrega, transporte, alimentos, y alojamiento, como en el caso de Airbnb.

En una sesión matutina extraordinaria convocada para avanzar con temas rezagados en la agenda legislativa, los diputados dieron primer debate a una reforma para intercambiar información tributaria con otras jurisdicciones y a un proyecto para ajustar la ley de vivienda y promover el acceso a la clase media.

Airbnb informó que desde su inscripción en el Ministerio de Hacienda como proveedor de servicios transfronterizos ha pagado más de $1,5 millones por el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Desde su inscripción como proveedor de servicios.

La apuesta de Costa Rica para salir de la lista gris de la Unión Europea (UE), que incluye a los países que no cumplen con todas las normas fiscales internacionales, es un proyecto de ley que procura agilizar la imposición de sanciones a las entidades financieras, como mecanismo disuasorio para que cumplan con los estándares exigidos para el intercambio automático de información en materia tributaria con otras naciones.