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Cada año, los países recaudan mediante impuestos una parte de la riqueza que generan para financiar los servicios públicos. Sin embargo, el peso de esa carga tributaria frente al producto interno bruto (PIB) puede variar ampliamente entre las economías que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y Costa Rica figura entre las naciones con menor recaudación del bloque frente a su productividad.

“El principal factor detrás de esta disminución es la menor recaudación del impuesto sobre los ingresos y utilidades (renta), cuya participación en el PIB pasó de 1,89% en mayo de 2025 a 1,81% en mayo de 2026. Este resultado responde al deterioro observado en la recaudación de este tributo durante los primeros meses del año, particularmente en marzo, cuando se liquida el impuesto sobre la renta correspondiente al período fiscal 2025. En ese mes, la recaudación fue un 7,5% inferior a la registrada en marzo de 2023, lo que representó aproximadamente ¢106.000 millones menos”, explicó Fernando Rodríguez, economista del Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional.

Las nuevas reglas para los comprobantes electrónicos ya tienen una fecha prevista de entrada en vigor y representan uno de los cambios operativos más relevantes que enfrentarán las empresas durante este año. A partir del 1.° de noviembre de 2026, la Administración Tributaria pretende fortalecer la trazabilidad de la información entre comprobantes electrónicos, lo que implicará ajustes importantes en la emisión de notas de crédito y en la forma de corregir determinados errores de facturación

La iniciativa está en construcción y está previsto que se publique a más tardar en setiembre próximo, confirmó en entrevista con Teletica.com el viceministro de Ingresos, Víctor Julio Carvajal.

Aumentar la tarifa del 1 % al 13 % del impuesto al valor agregado (IVA) para la Canasta Básica Tributaria (CBT), una medida que valora el Gobierno para enfrentar la caída de los ingresos tributarios, afectaría más a las familias de menores ingresos.

La banca privada registró una fuerte disminución en sus ganancias durante el primer semestre del 2026 debido al comportamiento del tipo de cambio.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) dio a conocer que Costa Rica enfrentará un incremento en el recargo arancelario aplicado a sus exportaciones hacia ese país, al pasar del 10% al 12,5%. La decisión responde a la conclusión de que el país no prohíbe ni aplica de forma efectiva restricciones a mercancías producidas mediante trabajo forzoso.

El trámite debe realizarse con al menos dos meses de anticipación al vencimiento del próximo pago. Por ejemplo, quienes necesiten reducir el pago que vence el 30 de setiembre deben presentar la solicitud a más tardar el 30 de julio.

La firma argumentó que el sistema especial le exige altos costos en alquileres y auditorías, además de que el clima de negocios nacional se ha visto afectado por presiones fiscales.

Aunque el contenido del eventual proyecto aún no ha sido presentado ante la corriente legislativa, el panorama actual apunta a que el país enfrentará una discusión tributaria de gran relevancia durante los próximos meses, con posibles ajustes que podrían impactar tanto a empresas como a personas contribuyentes.

El próximo 30 de junio vence el plazo para realizar el primero de estos adelantos, que se completan con otros dos pagos en setiembre y diciembre. Cada desembolso equivale al 25% del impuesto total correspondiente al ciclo fiscal, mientras que el 25% restante se cancela en marzo del año siguiente, junto con la declaración definitiva del tributo.

Las exoneraciones de las empresas en régimen de zona franca representan el mayor beneficio tributario del país. Aun así, el gobierno descarta revisarlas de cara a su próximo plan para aumentar los ingresos del Estado

La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) aprobó una propuesta para que el Ministerio de Hacienda mantenga sus depósitos en las cuentas del emisor a cambio de recibir el pago de rendimientos a distintos plazos.

El precio del dólar frente al colón mantiene una tendencia a la baja desde junio de 2022, cuando alcanzó niveles cercanos a los ¢700, un comportamiento que economistas identifican como uno de los factores que está afectando la recaudación tributaria del Gobierno Central.

La disminución del valor del dólar frente al colón ha provocado que muchas empresas y trabajadores analicen la posibilidad de modificar la moneda en que se pagan los salarios. Sin embargo, una decisión apresurada podría generar riesgos legales importantes para los empleadores.

El jerarca de Hacienda afirmó que la situación económica mundial y nacional requiere que el Gobierno adopte medidas para aumentar los ingresos. Estas serán entregadas en detalle a Fernández para que valore su eventual envío al Congreso.

Tres de las reformas fiscales planteadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe más reciente sobre Costa Rica coinciden con medidas impulsadas por el exmandatario Rodrigo Chaves Robles durante el segundo año de su mandato.

Los magistrados de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia confirmaron una sentencia según la cual la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no puede hacer cobros retroactivos a los trabajadores independientes, para saldar supuestas diferencias en sus cuotas a la seguridad social, únicamente a partir de la revisión de sus declaraciones del impuesto sobre la renta.

Para este mes es importante tener encuenta dos obligaciones tributarias clave que son necesarias atender para evitar multas y cobro de intereses.

El viceministro de Ingresos, Víctor Carvajal, aseveró que la evasión fiscal está creciendo en Costa Rica y apunta a una posible causa. Lo dijo en momentos en que el Ministerio de Hacienda pronosticó una severa caída en la recaudación de impuestos del 2026, mientras el Fondo Monetario Internacional (FMI) instó al país a aplicar reformas para incrementar los recursos públicos.

Según el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026-2031 de Hacienda, la carga tributaria -ingresos tributarios como porcentaje del producto interno bruto (PIB)- caería para el 2031 a su nivel más bajo en más de dos décadas.

La creciente presión sobre las finanzas públicas vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre una eventual reforma tributaria en Costa Rica.

Durante una nueva edición de AT Live de Actualidad Tributaria, se abordó uno de los temas que más inquietudes está generando en las empresas costarricenses: la correcta aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y sus implicaciones tributarias.

Un análisis elaborado por especialistas del Fondo Monetario Internacional (FMI) recomienda a los gobiernos enfrentar el encarecimiento de la energía y los alimentos mediante ayudas temporales y focalizadas para hogares y empresas, en lugar de recurrir al control de precios, una medida que puede resultar costosa y poco efectiva.

La Contraloría General de la República señaló a la Asamblea Legislativa que no es posible realizar una auditoría sobre el cumplimiento de la regla fiscal debido a la acumulación de excepciones a la ley.

El reciente fallo del Tribunal Fiscal Administrativo (TFA) en el caso de una empresa hotelera vuelve a poner en primer plano la figura del “incremento no justificado de patrimonio”, uno de los instrumentos más potentes –y polémicos– de la Hacienda costarricense.

El Ministerio de Hacienda realizó una histórica captación de recursos en el mercado local por un monto total equivalente a 652.665,81 millones de colones, operación que le deja en una posición sólida para enfrentar las obligaciones financieras previstas para el resto del año.

La administración de Laura Fernández enfrentará un entorno económico exigente, marcado por factores internacionales adversos y desequilibrios internos que podrían limitar el crecimiento y la generación de empleo.

En dos semanas, Manuel Tovar Rivera, concluye su gestión al frente del Ministerio de Comercio Exterior (Comex) en la Administración Chaves Robles. Dice estar dispuesto a continuar aportando desde el gobierno de Laura Férnandez.

El uso de nuevas tecnologías le permitió al Ministerio de Hacienda descubrir un entramado de sociedades y personas que se dedicaban a comprar y vender facturas, con el fin de simular operaciones y pagar menos impuestos. En total, se detectaron comprobantes falsos por unos ¢80.000 millones en favor de unos 200 contribuyentes.