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El diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Mangell Mc Lean Villalobos, presentó un proyecto de ley (expediente 25.886) que propone adicionar un transitorio VII a la Ley 7088, de Reajuste Tributario, para condonar el principal, los ajustes, los intereses, las multas y las sanciones a quienes tengan pendiente el pago de 2027 o de periodos anteriores. La condición sería cancelar el derecho de circulación de 2028 antes del 1 de enero de 2028.

Reacción de diputado oficialista y exministro de Hacienda tras señalamiento de la Contraloría sobre un desplome en la fiscalización de cuentas de contribuyentes de impuesto sobre la renta, con consecuencias que podrían haber llegado hasta ¢1,8 billones

Al consultar el cobro, portal del INS muestra como “monto total a cancelar” cifra que suma el derecho de circulación y una cobertura voluntaria incluida de forma predeterminada

Las empresas que participan en el traslado y manejo de mercancías en Costa Rica deberán prepararse para los cambios que implementará el Ministerio de Hacienda en las declaraciones aduaneras.

Con el objetivo de reforzar los mecanismos de control sobre las mercancías en tránsito, reducir los espacios para prácticas indebidas y fortalecer la fiscalización por parte del Servicio Nacional de Aduanas, a partir del 11 de enero de 2027, toda Declaración Única Aduanera (DUA) correspondiente al Régimen de Tránsito deberá incluir información específica sobre las mercancías que ingresan al territorio nacional.

Esta acción forma parte de los planes de control que vienen realizando las direcciones generales de Tributación, Aduanas y la Policía de Control Fiscal, en el marco de la Estrategia Nacional de Lucha contra el Contrabando y la Evasión Fiscal, los que, a la fecha, han generado resultados muy positivos en decomisos de mercancías, determinación de impuestos dejados de pagar, sanciones y regularización de obligaciones tributarias.

Esa cantidad de dinero corresponde al total exonerado del pago de impuestos entre 2023 y 2025, según se indica en el proyecto «Ley régimen de beneficios fiscales y control del gasto tributario», presentado por el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa el martes pasado.

Un nuevo proyecto de ley plantea cambios importantes en el tratamiento de las rentas pasivas de fuente extranjera y en los créditos fiscales asociados a valores de oferta pública temáticos. Conocer su alcance es clave para anticipar sus posibles efectos tributarios.

El Ministerio de Hacienda presentó este martes, 22 de setiembre, ante la Asamblea Legislativa, dos nuevos proyectos de ley, con el objetivo de fortalecer las finanzas públicas, mejorar la gestión de los beneficios fiscales y aumentar la recaudación de impuestos.

Según el dictamen de la Contraloría General de la República (CGR) sobre los estados financieros consolidados de 2025, emitido el 28 de agosto de 2026, al corte del 6 de octubre del año pasado, la migración al nuevo sistema TRIBU-CR registró saldos a favor habilitados para su utilización por ¢1.117.898 millones.

Los usuarios de Costa Rica que pagan por servicios de ChatGTP, Booking.com y TikTok ahora deberán desembolsar también el 13% de impuesto al valor agregado (IVA) en sus facturas a partir del 8 de setiembre, por orden del Ministerio de Hacienda.

El Poder Ejecutivo presentó a la corriente legislativa un proyecto de ley (expediente 25.736) que propone una amplia reforma a la Ley General de Aduanas (Ley 7557), entre cuyos principales cambios figura elevar de $5.000 a $20.000 el umbral para que el contrabando constituya un delito y trasladar los casos de menor cuantía al régimen de infracciones administrativas cuando corresponda.

El Poder Ejecutivo presentó a la corriente legislativa un proyecto de ley (expediente 25.737) para permitir al Ministerio de Hacienda corregir el valor fiscal de vehículos cuando detecte diferencias significativas entre el monto utilizado como referencia tributaria y el valor promedio de mercado de automotores con características similares.

Tres nuevos proyectos de ley que forman parte de la Estrategia Nacional contra el Contrabando y la Evasión Fiscal que ejecuta el gobierno de la República, fueron entregados la tarde de este lunes al Congreso por los viceministros de la Presidencia, Alejandro Barrantes y de Ingresos de Hacienda, Víctor Julio Carvajal

Mientras en el mismo periodo de 2025 los ingresos tributarios crecieron 1,3%, este año registraron una contracción de 0,5%, de acuerdo con los datos del Ministerio de Hacienda.

Así lo informó después de que la Dirección General de Tributación de Hacienda puso en consulta pública dos proyectos que establecen la obligación de que los contadores y asesores fiscales consignen sus datos identificativos (nombre, número de identificación y carné de agremiado) en las declaraciones tributarias que elabore

La Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda puso a disposición para consulta pública, dos proyectos de resolución que establecen la obligación a contadores y asesores fiscales de consignar los datos identificativos (nombre, número de identificación y carné de agremiado) en las declaraciones de los impuestos al valor agregado y sobre las utilidades que elaboren.

La institución mantiene más de 200 plazas vacantes en el área de Ingresos, situación que afecta la capacidad de fiscalización, cobro y gestión tributaria.

El Ministerio de Hacienda, puso en consulta pública un proyecto de resolución que introduce cambios sustanciales en la Declaración Única Aduanera (DUA) para el Régimen de Tránsito, necesarios para fortalecer la capacidad de fiscalización preventiva y eliminar espacios de opacidad en la gestión aduanera.

El contrabando comprende el ingreso, distribución o comercialización de productos que evaden el pago de impuestos y controles aduaneros. Aunque suele asociarse principalmente con cigarrillos y licor, el fenómeno abarca una lista mucho más amplia de mercancías de consumo cotidiano y alto valor económico.

Las exoneraciones de las empresas en régimen de zona franca representan el mayor beneficio tributario del país. Aun así, el gobierno descarta revisarlas de cara a su próximo plan para aumentar los ingresos del Estado

Eliminar la exoneración del Impuesto al Valor Agado (IVA) a los productos de la canasta básica para los hogares de mayores ingresos es una de las alternativas que el Ministerio de Hacienda analiza como parte de una eventual reforma de largo plazo al sistema de beneficios tributarios.

El precio del dólar frente al colón mantiene una tendencia a la baja desde junio de 2022, cuando alcanzó niveles cercanos a los ¢700, un comportamiento que economistas identifican como uno de los factores que está afectando la recaudación tributaria del Gobierno Central.

El jerarca de Hacienda afirmó que la situación económica mundial y nacional requiere que el Gobierno adopte medidas para aumentar los ingresos. Estas serán entregadas en detalle a Fernández para que valore su eventual envío al Congreso.

Tres de las reformas fiscales planteadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe más reciente sobre Costa Rica coinciden con medidas impulsadas por el exmandatario Rodrigo Chaves Robles durante el segundo año de su mandato.

En sus declaraciones, el ministro deslizó de forma explícita una de las medidas más sensibles del eventual paquete: elevar el impuesto al valor agregado (IVA) que hoy pagan los bienes de consumo esencial. “Consideren ustedes subir el impuesto, el IVA a la canasta básica, consideren ustedes varias opciones”, expresó al describir el abanico de alternativas sobre la mesa.

Para este mes es importante tener encuenta dos obligaciones tributarias clave que son necesarias atender para evitar multas y cobro de intereses.

Según el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026-2031 de Hacienda, la carga tributaria -ingresos tributarios como porcentaje del producto interno bruto (PIB)- caería para el 2031 a su nivel más bajo en más de dos décadas.

Costa Rica cerró marzo de 2026 debiendo más dinero que al finalizar el año pasado. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda presentó los resultados fiscales del primer trimestre destacando una reducción en el peso de la deuda pública frente al tamaño de la economía.