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El trámite debe realizarse con al menos dos meses de anticipación al vencimiento del próximo pago. Por ejemplo, quienes necesiten reducir el pago que vence el 30 de setiembre deben presentar la solicitud a más tardar el 30 de julio.

Uno de los aspectos que más preocupa a los contribuyentes es el régimen sancionatorio. La omisión en la presentación de la D-270 puede generar multas calculadas sobre los ingresos del período fiscal anterior, sujetas a los límites establecidos en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

Raymundo Volio, de Actualidad Tributaria, señala que la medida está pensada para los contribuyentes formales y duda de su impacto en la recaudación. “Esta medida está pensada para contribuyentes formales que realizan actividades lucrativas y lo que se haría es incluir un dato para mejorar el control tributario. El problema del SINPE son las transacciones ocultas u omisas, y estas pueden originarse en personas que no están inscritas en Hacienda, en cuyo caso la medida no resolvería en nada ese conflicto”, indicó.

Los contribuyentes quedaron con una millonaria suma a su favor en impuestos, luego de que el Ministerio de Hacienda comenzara a operar el nuevo sistema tributario Tribu-CR. Así consta en el oficio DFOE-FIP-IAA-00001-2026, emitido por la Contraloría General de la República (CGR).

Durante un reciente AT Live, el especialista tributario Lic. Aldo Longhi explicó que la D-270 tiene como objetivo informar las compras y ventas de bienes y servicios que no están respaldadas por un comprobante electrónico, permitiendo a Tributación fortalecer sus mecanismos de control y cruces de información.

La declaración D-270 es una de las obligaciones tributarias que requiere especial atención por parte de los contribuyentes en este 2026.

Durante una nueva edición del AT Live, el Lic. Mauricio Berrocal explicó que la resolución emitida por Hacienda no modifica las normas contables internacionales, sino que establece la forma en que la Administración Tributaria interpretará determinados aspectos de dichas normas dentro de sus procesos de control y fiscalización.

El viceministro de Ingresos, Víctor Carvajal, confirmó que Hacienda también busca ampliar el marco sancionatorio para quienes se beneficien de exoneraciones tributarias sin cumplir los requisitos legales

Volio afirma que, pese a las reformas fiscales implementadas en los últimos años, la recaudación no ha crecido al nivel esperado y el principal problema sigue siendo la falta de control tributario efectivo. A su criterio, las modificaciones legales no son suficientes si no están acompañadas de una administración tributaria con mayor capacidad de fiscalización, ya que la percepción de impunidad puede incentivar mayores niveles de evasión

La aplicación de las NIIF y NIIF para PyME continúa evolucionando y podría representar cambios importantes para los contribuyentes de cara al 2027. Conocer los criterios que Hacienda estaría considerando aplicar es fundamental para anticipar impactos contables y tributarios, así como para garantizar un adecuado cumplimiento normativo.

La presentación extemporánea de la declaración informativa de precios de transferencia puede convertirse en una importante contingencia para las empresas obligadas a cumplir con esta obligación tributaria. Más allá de las sanciones económicas previstas por la normativa, el incumplimiento puede dar lugar a requerimientos de la Administración Tributaria y aumentar el riesgo durante un eventual proceso de fiscalización.

Para el Colegio, la medida contribuiría a reducir la competencia desleal entre pequeñas y medianas empresas (pymes). Además, considera que fortalecería la trazabilidad de las transacciones comerciales realizadas mediante Sinpe Móvil y otros medios de pago.

El Ministerio de Hacienda puso a disposición para consulta pública el proyecto de reforma reglamentaria “ADICIÓN AL ARTÍCULO 22 DEL REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO, DECRETO EJECUTIVO N. 38277-H DEL 07 DE MARZO DE 2014, mediante el cual, se establece la obligación a los contribuyentes de registrar el número o números de teléfono vinculado(s) a la actividad económica afecta al pago de impuestos, por los cuales se reciben pagos a través de la plataforma SINPE Móvil del Banco Central de Costa Rica u otras aplicaciones tecnológicas con características similares autorizadas por las entidades competentes.

La presentación tardía de la declaración de precios de transferencia puede convertirse en un riesgo importante para los contribuyentes en este 2026. El incumplimiento de los plazos establecidos puede generar sanciones, requerimientos por parte de la Administración Tributaria y otras responsabilidades fiscales que pueden afectar a las empresas.

Aunque el contenido del eventual proyecto aún no ha sido presentado ante la corriente legislativa, el panorama actual apunta a que el país enfrentará una discusión tributaria de gran relevancia durante los próximos meses, con posibles ajustes que podrían impactar tanto a empresas como a personas contribuyentes.

El próximo 30 de junio vence el plazo para realizar el primero de estos adelantos, que se completan con otros dos pagos en setiembre y diciembre. Cada desembolso equivale al 25% del impuesto total correspondiente al ciclo fiscal, mientras que el 25% restante se cancela en marzo del año siguiente, junto con la declaración definitiva del tributo.

La reforma fiscal de impuestos continúa siendo un tema de gran relevancia para contribuyentes y empresas en este 2026, debido a los cambios y efectos que puede generar en las obligaciones tributarias y la planificación financiera. Comprender su alcance es fundamental para anticipar riesgos y adaptarse oportunamente a las nuevas disposiciones.

El Ministerio de Hacienda descartó que el plan fiscal que presentará al Poder Ejecutivo contemple nuevos impuestos o aumentos en las cargas tributarias actuales, según el viceministro de Hacienda, Víctor Carvajal.

La presentación incorrecta de la Declaración Informativa de Precios de Transferencia puede exponer a las empresas a importantes sanciones económicas y contingencias tributarias, especialmente cuando se omite la elaboración previa del estudio técnico que respalda la información declarada.

Para este mes es importante tener encuenta dos obligaciones tributarias clave que son necesarias atender para evitar multas y cobro de intereses.

La experta recordó que no se trata de presentar nuevamente la información reportada en marzo, ya que cada declaración debe reflejar la realidad económica y financiera del período fiscal correspondiente. Por esta razón, replicar la información utilizada para el período 2024 podría generar inconsistencias y errores relevantes ante una eventual fiscalización.

La reforma fiscal aprobada por Panamá, más conocida como “de sustancia económica”, obligará a grupos empresariales costarricenses con holdings, inversionistas o estructuras regionales en ese país a revisar sus operaciones antes de 2027 o exponerse al pago de nuevos impuestos.

Según se analizó durante el programa, uno de los principales retos jurídicos radica en demostrar una afectación inmediata, ya que actualmente la obligación todavía no ha entrado en vigencia, lo que podría dificultar la admisión de una medida cautelar desde una perspectiva procesal.

La nueva declaración de precios de transferencia representa uno de los cambios más relevantes para los contribuyentes en este 2026. Comprender sus alcances, la información requerida y los nuevos criterios de presentación es fundamental para evitar inconsistencias, ajustes fiscales y posibles sanciones.

Las medidas cautelares en materia tributaria continúan siendo un tema de alta relevancia para los contribuyentes en este 2026, especialmente ante la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y sus efectos en los procesos de fiscalización y determinación de obligaciones.

Las empresas costarricenses deberán prestar especial atención a la forma en que llevan su contabilidad financiera y tributaria, especialmente tras las recientes actualizaciones relacionadas con la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Las medidas cautelares en materia tributaria continúan siendo un tema de alta relevancia para los contribuyentes en este 2026, especialmente ante la aplicación de las NIIF y sus efectos en los procesos de fiscalización y determinación de obligaciones.

La Administración Tributaria comenzará a fiscalizar la contabilidad de los contribuyentes con base en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) a partir de enero de 2027, según la nueva resolución comentada durante el AT Live de esta semana.

La aplicación de las NIIF continúa generando importantes efectos en materia tributaria para los contribuyentes en este 2026. Comprender cómo impactan estas normas en la determinación de impuestos, registros contables y cumplimiento fiscal es clave para evitar diferencias con la Administración Tributaria

Las empresas catalogadas como grandes contribuyentes deberán prestar especial atención a la correcta aplicación de las NIIF plenas ante el nuevo enfoque de fiscalización anunciado por la Administración Tributaria.