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Según el dictamen de la Contraloría General de la República (CGR) sobre los estados financieros consolidados de 2025, emitido el 28 de agosto de 2026, al corte del 6 de octubre del año pasado, la migración al nuevo sistema TRIBU-CR registró saldos a favor habilitados para su utilización por ¢1.117.898 millones.

El Ministerio de Hacienda detectó 36 casos de funcionarios quienes, estando en teletrabajo, instalaron un programa sin autorización en los equipos institucionales, para simular que cumplían con su jornada laboral, cuando la evidencia demuestra que podrían haber incurrido en abandono del trabajo.

Víctor Carvajal, viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda, descartó que se efectúe una investigación en la entidad a raíz del portillo administrativo, abierto vía decreto ejecutivo en setiembre de 2024, que permitió importar vehículos con menor valor.

El presupuesto nacional del próximo año, que asciende a ¢12,4 billones, se financiará mayoritariamente con ingresos provenientes de la recaudación de impuestos.

El Ministerio de Hacienda publicó este viernes, el decreto ejecutivo N° 45920, para evitar la subfacturación y la subvaloración de vehículos que generan distorsiones en el mercado y afectan la recaudación tributaria.

El Poder Ejecutivo presentó a la corriente legislativa un proyecto de ley (expediente 25.737) para permitir al Ministerio de Hacienda corregir el valor fiscal de vehículos cuando detecte diferencias significativas entre el monto utilizado como referencia tributaria y el valor promedio de mercado de automotores con características similares.

Mientras en el mismo periodo de 2025 los ingresos tributarios crecieron 1,3%, este año registraron una contracción de 0,5%, de acuerdo con los datos del Ministerio de Hacienda.

El Ministerio de Hacienda estima que durante 2026 recaudará ¢373.390,8 millones menos de lo presupuestado para este año. La información consta en un oficio enviado por el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, al director general de Presupuesto Nacional, José Luis Araya Alpízar.

La Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda puso a disposición para consulta pública, dos proyectos de resolución que establecen la obligación a contadores y asesores fiscales de consignar los datos identificativos (nombre, número de identificación y carné de agremiado) en las declaraciones de los impuestos al valor agregado y sobre las utilidades que elaboren.

Cada año, los países recaudan mediante impuestos una parte de la riqueza que generan para financiar los servicios públicos. Sin embargo, el peso de esa carga tributaria frente al producto interno bruto (PIB) puede variar ampliamente entre las economías que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y Costa Rica figura entre las naciones con menor recaudación del bloque frente a su productividad.

“El principal factor detrás de esta disminución es la menor recaudación del impuesto sobre los ingresos y utilidades (renta), cuya participación en el PIB pasó de 1,89% en mayo de 2025 a 1,81% en mayo de 2026. Este resultado responde al deterioro observado en la recaudación de este tributo durante los primeros meses del año, particularmente en marzo, cuando se liquida el impuesto sobre la renta correspondiente al período fiscal 2025. En ese mes, la recaudación fue un 7,5% inferior a la registrada en marzo de 2023, lo que representó aproximadamente ¢106.000 millones menos”, explicó Fernando Rodríguez, economista del Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional.

En entrevista con Víctor Julio Carvajal, viceministro de Ingresos, explicó que las herramientas utilizadas antes de Tribu-CR no eran confiables, debido a que los saldos debían revisarse manualmente.

Las reformas fiscales impulsadas por el Poder Ejecutivo tendrían un efecto en el nivel de endeudamiento del Gobierno, pero no aliviarían por completo las presiones sobre la deuda, cuya relación con el producto interno bruto (PIB) se mantendría por encima del 60%.

La iniciativa está en construcción y está previsto que se publique a más tardar en setiembre próximo, confirmó en entrevista con Teletica.com el viceministro de Ingresos, Víctor Julio Carvajal.

Este fue el tema analizado por el director de Actualidad Tributaria, MDT. Raymundo Volio, durante el más reciente AT Live, en el que explicó cuáles son las principales reformas que se discuten actualmente, qué medidas podrían implementarse en el corto, mediano y largo plazo, y cuál sería su impacto para empresas, profesionales independientes y contribuyentes en general.

Santa Cruz ya recauda más dinero por el Impuesto sobre los Bienes Inmuebles que cantones como Curridabat, Montes de Oca o La Unión, a pesar de tener una población muy inferior. Carrillo, Nicoya y Liberia también figuran entre los municipios con mayores ingresos relacionados con ese tributo en todo Costa Rica.

El trámite debe realizarse con al menos dos meses de anticipación al vencimiento del próximo pago. Por ejemplo, quienes necesiten reducir el pago que vence el 30 de setiembre deben presentar la solicitud a más tardar el 30 de julio.

Promete ser una agenda legislativa “antievasión”, así catalogaron los diputados del Partido Frente Amplio (FA) a una propuesta que realizaron para combatir el fraude fiscal, la evasión y que se recauden impuestos garantizando justicia fiscal, en la cual integran 11 proyectos de ley, de los cuales seis ya se encuentran en la corriente legislativa y cinco son nuevos.

Los contribuyentes quedaron con una millonaria suma a su favor en impuestos, luego de que el Ministerio de Hacienda comenzara a operar el nuevo sistema tributario Tribu-CR. Así consta en el oficio DFOE-FIP-IAA-00001-2026, emitido por la Contraloría General de la República (CGR).

El viceministro de Ingresos, Víctor Carvajal, confirmó que Hacienda también busca ampliar el marco sancionatorio para quienes se beneficien de exoneraciones tributarias sin cumplir los requisitos legales

Los ingresos por el pago del impuesto al valor agregado (IVA) a nivel interno se redujeron en ¢13.975 millones en el primer trimestre del 2026 en comparación con el mismo periodo del año pasado.

El contrabando comprende el ingreso, distribución o comercialización de productos que evaden el pago de impuestos y controles aduaneros. Aunque suele asociarse principalmente con cigarrillos y licor, el fenómeno abarca una lista mucho más amplia de mercancías de consumo cotidiano y alto valor económico.

Aunque el contenido del eventual proyecto aún no ha sido presentado ante la corriente legislativa, el panorama actual apunta a que el país enfrentará una discusión tributaria de gran relevancia durante los próximos meses, con posibles ajustes que podrían impactar tanto a empresas como a personas contribuyentes.

Las exoneraciones de las empresas en régimen de zona franca representan el mayor beneficio tributario del país. Aun así, el gobierno descarta revisarlas de cara a su próximo plan para aumentar los ingresos del Estado

El precio del dólar frente al colón mantiene una tendencia a la baja desde junio de 2022, cuando alcanzó niveles cercanos a los ¢700, un comportamiento que economistas identifican como uno de los factores que está afectando la recaudación tributaria del Gobierno Central.

La posición de Acosta no es reciente, ya desde 2018, cuando era viceministro de Hacienda durante el gobierno de Carlos Alvarado, abogó por aplicar un IVA general de 13% a todos los bienes y servicios, y luego establecer un mecanismo que devolviera parte de los recursos recaudados a los estratos más pobres de la población.

El viceministro de Ingresos, Víctor Carvajal, aseveró que la evasión fiscal está creciendo en Costa Rica y apunta a una posible causa. Lo dijo en momentos en que el Ministerio de Hacienda pronosticó una severa caída en la recaudación de impuestos del 2026, mientras el Fondo Monetario Internacional (FMI) instó al país a aplicar reformas para incrementar los recursos públicos.

La creciente presión sobre las finanzas públicas vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre una eventual reforma tributaria en Costa Rica.

La carga tributaria de Costa Rica tendría una tendencia a la baja en el próximo quinquenio, de acuerdo con el Marco Fiscal a Mediano Plazo del Ministerio de Hacienda.