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El Ministerio de Hacienda recordó a las instituciones públicas y entes sujetos al artículo 1 de la Ley General de Contratación Pública (Ley No. 9986) su obligación de utilizar el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) para todos los procesos contractuales que involucren fondos públicos, ya sea de manera parcial o total.

El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este jueves en primer debate un proyecto de ley impulsado por la Contraloría General de la República (CGR) para que las instituciones públicas y privadas que administran fondos públicos, cierren las cuentas que poseen en el sistema bancario costarricense y trasladen sus recursos hacia la Tesorería Nacional.

Los fondos de pensiones deberán iniciar, a partir del 2024, un proceso de disminución de sus inversiones en títulos valores del sector público, en especial por la alta concentración de bonos de deuda del Gobierno Central.

Datos oficiales demuestran que el Instituto Nacional de Seguros (INS) patrocinó, con fondos públicos, equipos de fútbol, atletas, medios de comunicación y empresas que mantenían deudas con el Ministerio de Hacienda, lo cual va en contra de las leyes de contratación pública.

La Cámara de Empresas de Distribución de Energía y Telecomunicaciones (CEDET) se une al llamado del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para que se apruebe el proyecto de ley 23.330 impulsado por el Poder Ejecutivo, y que también excluiría a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) y a la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (JASEC) de la regla fiscal

Este miércoles trascendió que el Gobierno intenta rescindir este contrato con Cinde. El documento oficial a través del cual el ministro comunicó la decisión señala que la razón es financiera, por falta de recursos y por la imposibilidad de crecer debido a la regla fiscal.