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El Ministerio de Hacienda puso a disposición para consulta pública el proyecto de reforma reglamentaria “ADICIÓN AL ARTÍCULO 22 DEL REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO, DECRETO EJECUTIVO N. 38277-H DEL 07 DE MARZO DE 2014, mediante el cual, se establece la obligación a los contribuyentes de registrar el número o números de teléfono vinculado(s) a la actividad económica afecta al pago de impuestos, por los cuales se reciben pagos a través de la plataforma SINPE Móvil del Banco Central de Costa Rica u otras aplicaciones tecnológicas con características similares autorizadas por las entidades competentes.

Aunque el contenido del eventual proyecto aún no ha sido presentado ante la corriente legislativa, el panorama actual apunta a que el país enfrentará una discusión tributaria de gran relevancia durante los próximos meses, con posibles ajustes que podrían impactar tanto a empresas como a personas contribuyentes.

La reforma fiscal de impuestos continúa siendo un tema de gran relevancia para contribuyentes y empresas en este 2026, debido a los cambios y efectos que puede generar en las obligaciones tributarias y la planificación financiera. Comprender su alcance es fundamental para anticipar riesgos y adaptarse oportunamente a las nuevas disposiciones.

Eliminar la exoneración del Impuesto al Valor Agado (IVA) a los productos de la canasta básica para los hogares de mayores ingresos es una de las alternativas que el Ministerio de Hacienda analiza como parte de una eventual reforma de largo plazo al sistema de beneficios tributarios.

La regla fiscal, uno de los principales mecanismos para contener el gasto público, opera sin una fiscalización integral. Así lo advirtió la Contraloría General de la República (CGR) a la Asamblea Legislativa al señalar que, desde el 2022, no puede auditar con certeza el cumplimiento de esta norma en las instituciones del sector público, incluyendo el Gobierno Central.

El jerarca de Hacienda afirmó que la situación económica mundial y nacional requiere que el Gobierno adopte medidas para aumentar los ingresos. Estas serán entregadas en detalle a Fernández para que valore su eventual envío al Congreso.

La posición de Acosta no es reciente, ya desde 2018, cuando era viceministro de Hacienda durante el gobierno de Carlos Alvarado, abogó por aplicar un IVA general de 13% a todos los bienes y servicios, y luego establecer un mecanismo que devolviera parte de los recursos recaudados a los estratos más pobres de la población.

Tres de las reformas fiscales planteadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe más reciente sobre Costa Rica coinciden con medidas impulsadas por el exmandatario Rodrigo Chaves Robles durante el segundo año de su mandato.

El viceministro de Ingresos, Víctor Carvajal, aseveró que la evasión fiscal está creciendo en Costa Rica y apunta a una posible causa. Lo dijo en momentos en que el Ministerio de Hacienda pronosticó una severa caída en la recaudación de impuestos del 2026, mientras el Fondo Monetario Internacional (FMI) instó al país a aplicar reformas para incrementar los recursos públicos.

La reforma fiscal aprobada por Panamá, más conocida como “de sustancia económica”, obligará a grupos empresariales costarricenses con holdings, inversionistas o estructuras regionales en ese país a revisar sus operaciones antes de 2027 o exponerse al pago de nuevos impuestos.

Con la entrada en vigencia de la nueva reforma en la legislación sobre lactancia materna, se registraron cambios significativos en los derechos de lactancia en el trabajo y obligó a las organizaciones a replantear espacios, tiempos y políticas internas para su debido cumplimiento.

La Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate un proyecto de ley para regular las criptomonedas y fortalecer los controles contra el lavado de dinero.

La creciente presión sobre las finanzas públicas vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre una eventual reforma tributaria en Costa Rica.

Bank of America Securities considera que el gobierno de Laura Fernández mantendría la regla fiscal y tendría margen político para impulsar reformas relacionadas con la emisión de deuda externa, bajo el liderazgo del expresidente Rodrigo Chaves al frente del Ministerio de Hacienda.

La desaceleración económica y la pérdida de impulso en la recaudación tributaria comienzan a perfilar un panorama fiscal más complejo para Costa Rica, justo cuando el nuevo escenario político abre la puerta a eventuales reformas tributarias con mayoría simple en la Asamblea Legislativa.

La carga tributaria de Costa Rica tendría una tendencia a la baja en el próximo quinquenio, de acuerdo con el Marco Fiscal a Mediano Plazo del Ministerio de Hacienda.

La representación patronal en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) respaldó una serie de reformas para flexibilizar el aseguramiento de trabajadores independientes, en un intento por reducir las barreras que hoy mantienen a cientos de miles de personas en la informalidad laboral.

El Observatorio del Mercado y Derechos del Consumidor (OMERCON) entregó a diputadas y diputados de la Asamblea Legislativa —tanto de la Alianza Opositora como de la Fracción Oficialista una agenda de políticas públicas y reformas legislativas para el período 2026–2030, centrada en corregir distorsiones económicas que, según el organismo, afectan directamente el bienestar de la población.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) realizó una publicación, a mediados de abril, en la que destaca las mejoras sustantivas en la eficiencia operativa y financiera de las transferencias monetarias para asistencia social que realiza el Estado costarricense, gracias al uso del Sistema Único de Pago de Recursos Sociales (SUPRES), del Ministerio de Hacienda.

El Ministerio de Hacienda informó, mediante publicación oficial y redes sociales, que el sistema “Elaboración Digital de Declaración de Impuestos (EDDI-7)” continuará habilitado hasta el 31 de diciembre de 2026 para la presentación de determinados formularios tributarios (Anteriormente, su funcionamiento estaba previsto hasta el 31 de marzo de 2026, según reformas previas).

La Superintendencia General de Seguros (Sugese) cuestionó una iniciativa de ley que propone crear un nuevo impuesto a las primas lo cual encarecería los seguros y los créditos. El objetivo del tributo es financiar las redes de monitoreo sísmico y meteorológico del país.

Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó a Costa Rica impulsar reformas integrales en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social y reducir los riesgos fiscales que enfrenta el país.

El jerarca fue enfático en que, desde la perspectiva fiscal y macroeconómica, la liberación de esos fondos tendría efectos negativos sobre las tasas de interés, los hogares y el costo de financiamiento del Estado.

La presidenta electa, Laura Fernández, señaló que “los costarricenses no tienen que pagar un solo colón más de impuestos, yo no voy a empujar ni a impulsar nuevos impuestos en Costa Rica”.

El plenario de la Asamblea Legislativa rechazó este miércoles admitir a estudio de comisión la propuesta de reforma constitucional impulsada por el oficialismo para permitir que el Ministerio de Hacienda colocara bonos de deuda en el mercado internacional sin autorización previa del Congreso.

Costa Rica registró $3.533 millones en flujos de inversión extranjera directa (IED) al tercer trimestre de 2025, lo que representa un crecimiento del 4,5% en comparación con el mismo periodo de 2024, según datos publicados por el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

El gasto público se mantiene controlado y la razón deuda/PIB continúa por debajo del 60% (lo que permite un escenario más conveniente de la regla fiscal), pero los ingresos tributarios avanzan con menor fuerza, pues apenas crecieron un poco más del 2% acumulado a setiembre, en comparación con el mismo período del año pasado.

A partir del 1 de enero del 2026, los trabajadores independientes tendrán la posibilidad de deducir el 25% de los ingresos sin comprobantes para el pago del Impuesto de la Renta.

La Contraloría General de la República (CGR) cuestionó este miércoles dos de las tres reformas legales propuestas por el Poder Ejecutivo para ajustar el funcionamiento del nuevo Sistema Integrado de Administración Tributaria, Tribu-CR.

La estabilidad fiscal alcanzada tras la reforma aprobada por la Asamblea Legislativa en 2018 muestra señales de debilitamiento, con ingresos que se desaceleran y gastos crecientes que afectan el balance primario.