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“El principal factor detrás de esta disminución es la menor recaudación del impuesto sobre los ingresos y utilidades (renta), cuya participación en el PIB pasó de 1,89% en mayo de 2025 a 1,81% en mayo de 2026. Este resultado responde al deterioro observado en la recaudación de este tributo durante los primeros meses del año, particularmente en marzo, cuando se liquida el impuesto sobre la renta correspondiente al período fiscal 2025. En ese mes, la recaudación fue un 7,5% inferior a la registrada en marzo de 2023, lo que representó aproximadamente ¢106.000 millones menos”, explicó Fernando Rodríguez, economista del Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional.

Las reformas fiscales impulsadas por el Poder Ejecutivo tendrían un efecto en el nivel de endeudamiento del Gobierno, pero no aliviarían por completo las presiones sobre la deuda, cuya relación con el producto interno bruto (PIB) se mantendría por encima del 60%.

La iniciativa está en construcción y está previsto que se publique a más tardar en setiembre próximo, confirmó en entrevista con Teletica.com el viceministro de Ingresos, Víctor Julio Carvajal.

Se trata de un grupo de 24 acciones que se irán presentando poco a poco y que tienen como objetivo frenar el crecimiento de la deuda pública y el déficit fiscal.

Este fue el tema analizado por el director de Actualidad Tributaria, MDT. Raymundo Volio, durante el más reciente AT Live, en el que explicó cuáles son las principales reformas que se discuten actualmente, qué medidas podrían implementarse en el corto, mediano y largo plazo, y cuál sería su impacto para empresas, profesionales independientes y contribuyentes en general.

El proyecto de ley que otorgaría al Ministerio de Hacienda la potestad de decretar y ejecutar embargos administrativos contra contribuyentes morosos, pone sobre la palestra la concentración de funciones de acreedor, ejecutor y autoridad del proceso en la entidad.

El Ministerio de Hacienda presentó un proyecto de ley que permitiría a la Administración Tributaria ordenar y ejecutar embargos de bienes a contribuyentes morosos sin necesidad de contar previamente con una autorización judicial. La iniciativa forma parte del plan fiscal impulsado por el gobierno para fortalecer la recaudación y mejorar las finanzas públicas.

Las reformas tributarias y el fortalecimiento de las sanciones continúan marcando la agenda fiscal en este 2026. Conocer los cambios que se están impulsando y las nuevas facultades de fiscalización es fundamental para que los contribuyentes puedan anticiparse, cumplir correctamente con sus obligaciones y reducir riesgos ante la Administración Tributaria.

El aumento del ISC al 7,5% ya estaba previsto en la Ley de Incentivos al Transporte Verde. Este porcentaje aumentará cada tres años hasta que alcance el 30% ordinario en el año 12 después de la entrada en vigor de la ley.

La agencia calificadora S&P Ratings confirmó este jueves la calificación soberana de Costa Rica en “BB”, con perspectiva estable.

El viceministro de Ingresos, Víctor Carvajal, confirmó que Hacienda también busca ampliar el marco sancionatorio para quienes se beneficien de exoneraciones tributarias sin cumplir los requisitos legales

Volio afirma que, pese a las reformas fiscales implementadas en los últimos años, la recaudación no ha crecido al nivel esperado y el principal problema sigue siendo la falta de control tributario efectivo. A su criterio, las modificaciones legales no son suficientes si no están acompañadas de una administración tributaria con mayor capacidad de fiscalización, ya que la percepción de impunidad puede incentivar mayores niveles de evasión

El Ministerio de Hacienda puso a disposición para consulta pública el proyecto de reforma reglamentaria “ADICIÓN AL ARTÍCULO 22 DEL REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO, DECRETO EJECUTIVO N. 38277-H DEL 07 DE MARZO DE 2014, mediante el cual, se establece la obligación a los contribuyentes de registrar el número o números de teléfono vinculado(s) a la actividad económica afecta al pago de impuestos, por los cuales se reciben pagos a través de la plataforma SINPE Móvil del Banco Central de Costa Rica u otras aplicaciones tecnológicas con características similares autorizadas por las entidades competentes.

Aunque el contenido del eventual proyecto aún no ha sido presentado ante la corriente legislativa, el panorama actual apunta a que el país enfrentará una discusión tributaria de gran relevancia durante los próximos meses, con posibles ajustes que podrían impactar tanto a empresas como a personas contribuyentes.

La reforma fiscal de impuestos continúa siendo un tema de gran relevancia para contribuyentes y empresas en este 2026, debido a los cambios y efectos que puede generar en las obligaciones tributarias y la planificación financiera. Comprender su alcance es fundamental para anticipar riesgos y adaptarse oportunamente a las nuevas disposiciones.

Eliminar la exoneración del Impuesto al Valor Agado (IVA) a los productos de la canasta básica para los hogares de mayores ingresos es una de las alternativas que el Ministerio de Hacienda analiza como parte de una eventual reforma de largo plazo al sistema de beneficios tributarios.

La regla fiscal, uno de los principales mecanismos para contener el gasto público, opera sin una fiscalización integral. Así lo advirtió la Contraloría General de la República (CGR) a la Asamblea Legislativa al señalar que, desde el 2022, no puede auditar con certeza el cumplimiento de esta norma en las instituciones del sector público, incluyendo el Gobierno Central.

El jerarca de Hacienda afirmó que la situación económica mundial y nacional requiere que el Gobierno adopte medidas para aumentar los ingresos. Estas serán entregadas en detalle a Fernández para que valore su eventual envío al Congreso.

La posición de Acosta no es reciente, ya desde 2018, cuando era viceministro de Hacienda durante el gobierno de Carlos Alvarado, abogó por aplicar un IVA general de 13% a todos los bienes y servicios, y luego establecer un mecanismo que devolviera parte de los recursos recaudados a los estratos más pobres de la población.

Tres de las reformas fiscales planteadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe más reciente sobre Costa Rica coinciden con medidas impulsadas por el exmandatario Rodrigo Chaves Robles durante el segundo año de su mandato.

El viceministro de Ingresos, Víctor Carvajal, aseveró que la evasión fiscal está creciendo en Costa Rica y apunta a una posible causa. Lo dijo en momentos en que el Ministerio de Hacienda pronosticó una severa caída en la recaudación de impuestos del 2026, mientras el Fondo Monetario Internacional (FMI) instó al país a aplicar reformas para incrementar los recursos públicos.

La reforma fiscal aprobada por Panamá, más conocida como “de sustancia económica”, obligará a grupos empresariales costarricenses con holdings, inversionistas o estructuras regionales en ese país a revisar sus operaciones antes de 2027 o exponerse al pago de nuevos impuestos.

Con la entrada en vigencia de la nueva reforma en la legislación sobre lactancia materna, se registraron cambios significativos en los derechos de lactancia en el trabajo y obligó a las organizaciones a replantear espacios, tiempos y políticas internas para su debido cumplimiento.

La Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate un proyecto de ley para regular las criptomonedas y fortalecer los controles contra el lavado de dinero.

La creciente presión sobre las finanzas públicas vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre una eventual reforma tributaria en Costa Rica.

Bank of America Securities considera que el gobierno de Laura Fernández mantendría la regla fiscal y tendría margen político para impulsar reformas relacionadas con la emisión de deuda externa, bajo el liderazgo del expresidente Rodrigo Chaves al frente del Ministerio de Hacienda.

La desaceleración económica y la pérdida de impulso en la recaudación tributaria comienzan a perfilar un panorama fiscal más complejo para Costa Rica, justo cuando el nuevo escenario político abre la puerta a eventuales reformas tributarias con mayoría simple en la Asamblea Legislativa.

La carga tributaria de Costa Rica tendría una tendencia a la baja en el próximo quinquenio, de acuerdo con el Marco Fiscal a Mediano Plazo del Ministerio de Hacienda.

La representación patronal en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) respaldó una serie de reformas para flexibilizar el aseguramiento de trabajadores independientes, en un intento por reducir las barreras que hoy mantienen a cientos de miles de personas en la informalidad laboral.