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La agenda fiscal que propuso el Gobierno en 2022 fracasó en la Asamblea Legislativa debido a la torpeza del Poder Ejecutivo para negociar con las bancadas de oposición.

Diputados de oposición sepultarían un proyecto de ley impulsado por el Gobierno para otorgar amplias facultades de gestión, control, supervisión, sanción y cobro a la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda.

Hay un viejo dicho que reza que solo hay dos cosas seguras en la vida: la muerte y pagar impuestos. Se trata de una frase que se le atribuye al célebre político, científico e inventor estadounidense, Benjamin Franklin —el mismo que aparece en los billetes de $100—, y que luego ha sido repetida por ministros de Hacienda, encargados de tributación y contribuyentes dentro de todo tipo de conversaciones, muchas en tono de resignación

Los países de América Latina y el Caribe deben fortalecer la recaudación y el gasto tributario, mejorar la gestión de la deuda pública y movilizar más recursos privados para financiar sus ambiciosas agendas de desarrollo, según la última edición del informe “Perspectivas económicas de América Latina: Financiación del desarrollo sostenible”, publicada este lunes por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

El Fondo Monetario Internacional (FMI) abogó por la aprobación del esquema de renta global en Costa Rica. La misión que llegó este mes de noviembre recomendó a los diputados avanzar con el proyecto de ley que presentó el gobierno, pero que está empantanado desde agosto del 2023 en la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso

El cobro del impuesto mínimo global que pagarán las grandes empresas representa un reto para Costa Rica en su tarea de retener y atraer nueva inversión extranjera, de acuerdo con Juan Carlos Chavarría, presidente de la Cámara Costarricense - Norteamericana de Comercio (AmCham).

El Poder Ejecutivo sumó a la agenda legislativa los tres proyectos de ley planteados para sacar a Costa Rica de la lista de países no cooperantes en materia fiscal con la Unión Europea (UE).

Desde el pasado primero de mayo, cuando se inició el primer periodo de sesiones extraordinarias de la segunda legislatura de la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo no ha convocado ningún proyecto de ley para corregir el incumplimiento del país en reformar el sistema de imposición para gravar las rentas pasivas extraterritoriales, razón por la cuál el país está en la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea (UE) desde el pasado 14 de febrero

Uno de los cinco proyectos de la agenda fiscal que impulsa el Gobierno en la Asamblea Legislativa le daría un “superpoder” y “potestades confiscatorias” a la Administración Tributaria, que “no son propias de un régimen democrático”, advierten diputados.